GRANADA
Expertos piden que las administraciones ofrezcan similares prestaciones sociales
Empleados públicos tienen mejores o peores servicios en relación de para quienes trabajan Concluye en Granada el Congreso Nacional de Acción Social
MIGUEL ALLENDE/GRANADA
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CONVIENE SABER
F Certamen: I Congreso Nacional de Acción Social y Condiciones de Trabajo para Empleados de las Administraciones Públicas.
F Celebración: En Granada, entre los pasados días 8 y 11 del presente mes de noviembre.
F Asistentes: 1.300 empleados públicos, expertos y ponentes de casi todo el territorio nacional.
F Actividades complementarias: Distintos stands de administraciones y empresas públicas.
F Organización: Universidad de Granada en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía.
F Conclusiones: Serán recogidas en un amplio documento a elaborar.
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El I Congreso de Acción Social y Condiciones de Trabajo para Empleados de las Administraciones Públicas finalizó ayer sus trabajos con una jornada dedicada a la exposición de comunicaciones y conclusiones. Un denso documento recogerá cuantas recomendaciones hacen los expertos participantes en el cónclave granadino a las administraciones y agentes sociales, que son quienes tienen capacidad de negociar la mejora de las condiciones en las que prestan sus servicios los más de dos millones de empleados públicos que existen en España.
Del citado dossier, que ayer aún estaba por concretar por la abultada información que contendrá y que será remitida a cada uno de los 1.300 participantes en el congreso, destaca un denominador común: las distintas administraciones han de esforzarse por consensuar unas prestaciones de acción social homogéneas para todos sus trabajadores. Algo que los propios ponentes en el congreso consideran complicado, ante el hecho cierto de que cada administración dispone de unos recursos diferentes.
Planes de pensiones
Otro tema complicado que tienen planteado los empleados públicos son los planes de pensiones que les sirvan como complemento a partir de su jubilación. El congreso ha abordado el asunto desde la óptica de que no habrá más prórrogas a la implantación de estos sistemas a partir del próximo 31 de diciembre. «En función de los presupuestos de cada administración, de lo que se trata es de homogeneizar estos planes y establecer unas bases para que todo conduzca a una cierta nivelación», afirma Manuel Roca, director del Gabinete de Acción Social de la Universidad de Granada y coordinador del congreso. En su opinión, la clave de esta cuestión es la aportación adicional que cada empleado público puede hacer a su plan de pensiones para definir finalmente las características que éste tendrá.
Precisamente, la gran variedad de las prestaciones sociales en el seno de las administraciones públicas ha llevado a los ponentes en el congreso a diferenciar ayudas directas de las indirectas, en asuntos tan variados como los complementos a la incapacidad laboral transitoria, los premios de jubilación, las ayudas por minusvalías y muchas otras.
Conciliación laboral
La conciliación laboral y familiar ha sido otro de los referentes tratados en el congreso y que formará parte, también, de las conclusiones que se extraigan del mismo. Como línea argumental, los expertos han coincidido en que todas las ayudas que se han aprobado con el paso del tiempo por las distintas administraciones para con sus trabajadores no se han aplicado. De ahí que antes de proponer nuevas alternativas, los distintos ponentes se han preocupado en resaltar que las medidas ahora en vigor -jornada reducida, horas de lactancia, etc.- se lleven efectivamente a cabo.
«El reto que se les ha transmitido a los representantes de los trabajadores es que hagan cumplir en cada ámbito las medidas de conciliación que están ya aprobadas, antes de plantear otras nuevas», agrega a respecto Roca. Y no sólo ésto. Sino que tales medidas sociales se generalicen en el ámbito de la función pública, dadas las diferencias existentes entre unas administraciones y otras.
miguelallende@ideal.es