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La CRUE expone al Gobierno sus reivindicaciones en materia de investigación
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MADRID.- [Por su interés, reproducimos el comunicado difundido por el plenario de la Comisión de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que congregó en la isla de La Palma, los días 25 y 26 de noviembre, a los vicerrectores de Investigación y responsables de las oficinas de transferencias de investigación (OTRI) de cerca de 60 universidades españolas.
En el mismo se hace balance de la interlocución con el nuevo equipo del Ministerio de Educación y Ciencia y se enumeran las peticiones elevadas al Gobierno por este colectivo en materia de financiación, condiciones laborales, gestión de la investigación, calidad y transferencia de conocimiento al ámbito productivo].
Comunicado del plenario de la sectorial de I+D+i de la CRUE
Desde hace más de seis años, los vicerrectores de Investigación de las universidades españolas nos venimos reuniendo periódicamente para debatir los problemas de la I+D+i en nuestro país, aportar nuestras ideas, poner de manifiesto las demandas de los investigadores y mantener una interlocución permanente con los responsables políticos con competencias en estas materias.
Más recientemente, este movimiento inicialmente espontáneo se constituyó como Comisión Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas e incorporó a los representantes de las OTRI universitarias, manteniendo en gran medida su orientación y espíritu inicial.
En este plenario, se ha formalizado la interlocución con el nuevo equipo del Ministerio de Educación y Ciencia, con la ilusión de que, en esta ocasión, se abra un horizonte temporal estable para el desarrollo de la política científica y tecnológica, en el marco del reiteradamente demandado Pacto de Estado por la Ciencia, que mejore el escenario institucional y favorezca el aumento de los recursos a la I+D+i española.
En esta reunión, se han presentado tanto los aspectos y programas que tendrán continuidad, como los nuevos planes e instrumentos y los grandes temas pendientes de resolución, iniciándose el debate sobre ellos. Además, hemos tenido ocasión de conocer las líneas de actuación de otros organismos de investigación como el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC [Consejo Superior de Investigaciones Científicas].
Después de seis meses del nuevo equipo ministerial, ha llegado el momento de avanzar en la concreción de las medidas y soluciones, así como en su puesta en práctica. Por ello esperamos que, a partir de ahora, una vez identificados los problemas, se pongan en marcha las acciones concretas y se fijen los calendarios para llevarlas a cabo.
Entre las preocupaciones que mantiene esta sectorial, está, en primer lugar, la creación de un fondo de apoyo a la investigación en todos los planes de financiación de las universidades, que obedezca al cumplimiento de objetivos científico-tecnológicos.
Para la creación de este fondo, se hace necesaria una coordinación entre Ministerio, comunidades autónomas y universidades, en la que el Ministerio juegue el papel de catalizador, promotor y moderador de esta iniciativa.
Dicha forma de financiación permitiría a las universidades afrontar muchos de los problemas que, en la actualidad, se les plantean, como el establecimiento de una carrera investigadora, la creación y el mantenimiento de las estructuras básicas de investigación y establecer una política de estímulos e incentivos que permita desarrollar el potencial investigador de la comunidad científica.
Nos preocupa, especialmente, el diseño de una auténtica carrera investigadora, que, con la definición actual, adolece principalmente de tres problemas: la precariedad, la discontinuidad y la falta de horizonte. Estos problemas provocan que la profesión de investigador no sea atractiva y explican en parte la escasez de vocaciones científicas en Europa y también en España.
En este diseño, deben resolverse los problemas asociados a los becarios predoctorales, posdoctorales y a los investigadores contratados en los diversos programas de convocatoria pública.
Por otro lado, valoramos positivamente el incremento anunciado en los costes indirectos de los proyectos de investigación y esperamos que dicha actuación se enmarque en una política de aumento global de los fondos dedicados a proyectos.
De hecho, la constatación de que el número de proyectos de investigación financiados y el importe concedido han descendido en 2004, confirma la urgente necesidad de incrementar la financiación dedicada al Plan Nacional. Por ello esperamos que las promesas efectuadas por el nuevo gobierno hagan de esta situación un hecho coyuntural.
Pero, si la escasez de financiación es preocupante, mucho más preocupante resulta el marco que establece la ley de subvenciones. Este marco no se adecua al dinamismo que requiere la gestión de la investigación hoy en día, por lo que aplaudiríamos cualquier medida que subsane los problemas derivados de la aplicación de esta ley, elaborando urgentemente un reglamento específico para la gestión de la investigación.
Además de todo lo expuesto, la utilidad potencial del elevado incremento en concepto de préstamos en los presupuestos del Ministerio, si bien puede diferir temporalmente el esfuerzo inversor de las Universidades, también puede acarrear graves problemas a las universidades que no tienen posibilidad real de endeudamiento, lo cual conduce, en muchos casos, a no poder utilizar este instrumento.
La asignatura pendiente es el auténtico establecimiento de la transferencia de conocimiento al ámbito productivo. Una política decidida en este sentido nos proporcionará uno de los vectores que pueden hacer posible un verdadero aumento de la inversión privada en I+D+i en nuestro país.
Para ello sería necesario potenciar los programas que ya existen y abrir nuevas líneas de actuación que abarquen tanto la investigación colaborativa entre universidades y empresas, como líneas de actuación en las explotación y comercialización de resultados de investigación y creación de empresas de base tecnológica.
Igualmente, se requiere un apoyo decidido a la ANEP [Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva], para dotarla de mayores recursos humanos especializados e infraestructuras adecuadas a una agencia nacional de evaluación de la calidad en un sistema moderno de I+D+i.
Las universidades desarrollan, cuantitativa y cualitativamente, la mayor parte de la investigación de este país. Así ha sido, así es y así pretendemos que siga siendo, no como nosotros mismos sino como una gran pieza de un gran puzzle común, donde todos nos sintamos integrados y participes de un proyecto colectivo.
Agradecemos la participación de los representantes del Ministerio, Instituto Carlos III y CSIC y, una vez más, ofrecemos nuestra colaboración y disposición al dialogo para, entre todos, mejorar el sistema de I+D+i español, esperando que las expectativas de los investigadores de este país, a los que representamos, no se vean defraudadas.
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