– La base de datos ´Todos los nombres´ documenta 30.000 víctimas mortales del franquismo en Andalucía
La base de datos del proyecto Todos los nombres, en la que se relacionan todas las personas represaliadas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía, cifra en 30.000 las víctimas mortales enterradas en fosas comunes, una cifra que pude incluso aumentar.
EFE Este proyecto es la base sobre la cual se ha elaborado el Mapa de Fosas Comunes de Andalucía, que se presentará mañana en el marco del Congreso Internacional Historia y Memoria, que desde hoy se celebra en Granada, y que convertirá a este documento en el primero de sus características en España.
En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del congreso, el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía, Fernando Soto, ha explicado que se trata de un trabajo no tanto de recuperación de la memoria histórica como de memoria democrática, en cuanto a que el déficit que existe en España es de memoria democrática, porque la otra memoria está no sólo completa sino saturada.
Junto al Mapa de Fosas Comunes, que será la estrella del congreso, Soto también ha destacado del encuentro la mesa redonda que seguirá a la presentación de este documento, titulada Después de las fosas, qué, en la que especialistas abordarán cómo llevar adelante las peticiones de exhumaciones o de dignificación de los restos de los enterrados en fosas comunes.
Según el comisario, la experiencia de Andalucía en cuanto a desaparición de simpatizantes republicanos es por desgracia, quizás la mayor de España.
En este sentido, ha desvelado que en Málaga se está llevando a cabo la primera exhumación masiva en una fosa común junto al abandonado cementerio de San Rafael, donde las personas que actualmente trabajan allí han catalogado hasta el momento más de 4.000 fusilados y han recuperado e introducido en pequeñas cajas los restos de 1.200.
Esto la convierte, posiblemente, en la mayor fosa común de toda España, en cuya localización han trabajado expertos en astrofísica de la Universidad de Granada, que han utilizado una técnica que permite detectar masas óseas a pesar de que haya capas de tierra o de cal en el subsuelo, y en la que no se descarta encontrar más cuerpos, según Soto.
Por su parte, la consejera andaluza de Justicia, María José López, quien ha resaltado que el Gobierno andaluz coordina el 80 por ciento de la actuaciones en materia de memoria histórica en la comunidad, se ha referido a los Tribunales de Responsabilidades Políticas como una de las iniciativas más interesantes desde el punto de vista de la investigación en materia de la recuperación de la memoria histórica.
Los Tribunales de Responsabilidades Políticas constituyeron una jurisdicción especial creada en el seno de aparato represivo del franquismo, encaminadas hacia la depuración y represión administrativa y económica sobre las personas no adeptas al nuevo régimen, que en Andalucía llevaron a cabo 60.000 expedientes.
El proyecto, donde colaboran las universidades públicas andaluzas, consiste en un estudio de las actuaciones que estos órganos instaurados por el régimen franquista realizaron como parte importante de su entramado de represión.
La Junta de Andalucía ha destinado 315.000 euros a la realización de este proyecto a través de subvenciones a cada una de las nueve universidades participantes, y su conclusión está prevista para mediados de 2008.
Alrededor de 250 personas están inscritas en el Congreso Internacional Historia y Memoria, un evento en el que también participa el fiscal Julio César Strassera, conocido por su intervención en el caso Pinochet.
En declaraciones a los periodistas, Strassera, se refirió a los desaparecidos en Argentina durante las dictaduras militares, para asegurar que los procesos judiciales abiertos han permitido llevar a cabo un gran trabajo de identificación, a pesar de lo cual no se han identificado a todos, porque hay algunos de los que ni siquiera se han encontrado los cuerpos.
Para Strassera, lo más importante de este proceso es que se ha logrado establecer qué pasó, y en estos momentos queda pendiente todavía la reaparición o saber el destino final de estas personas, que es un derecho que tienen todas las familias.
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