Los turistas estaban junto a la catedral de Santiago cuando vieron pasar un coche oficial. «¡Fuera, fuera! ¡Qué cara le echas!», gritaron, sin saber si quien viajaba en el asiento de atrás era un ministro socialista o un consejero del PP. De forma aislada, pero con mayor frecuencia de lo habitual, estas escenas se reproducen, como síntoma del desprestigio de la política. Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), muestran los mayores niveles de desafección de los últimos quince años. La crisis económica es el factor coyuntural, y la baja calidad de la representación pública, el estructural. En este contexto, la bajada de los salarios hace más difícil todavía captar para los cargos institucionales a las personas más preparadas y menguar el dominio de los aparatos partidarios, mientras resurge el debate sobre las incompatibilidades.
«Tiene pocas ventajas ser político hoy en día. Estás mal visto, cobras como un funcionario y encima los aparatos de los partidos no te dejan hacer nada sin su supervisión», resume Fermín Bouza, catedrático de Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid.
El recorte de alrededor del 10% que se está aplicando a las retribuciones de los políticos no ayuda a mejorar la situación, aunque en un momento en el que se rebajan las nóminas a los funcionarios y se exigen sacrificios al conjunto de la ciudadanía, esa medida tenga un valor simbólico. «Como ejemplo es positivo, pero cuando se recupere la economía habría que subir los salarios, pues les deberíamos de pagar más a los políticos», considera Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.
Manuel Zafra, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada y ex director general de Administración Local del Gobierno central, critica la «subasta suicida a la baja a ver quién cobra menos. Es un error demagógico y populista, otro de los incentivos negativos para que acudan a la política personas que no tienen otros medios de ganarse la vida». Zafra asegura que en España «un alto cargo casi recibe más en especie que en metálico», en referencia a las prebendas y los privilegios que disfruta.
Es precisamente actuando por esta vía, mediante la reducción de privilegios y el establecimiento de retribuciones atractivas y transparentes, como cree Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, que se podría corregir el desprestigio de la política en España. «La solución pasa por profundizar en las políticas de transparencia y de rendición de cuentas, en la proximidad de los políticos, como sucede en los países escandinavos», sostiene Villoria, quien recuerda que a mediados de los 90, en la época en la que se conocieron los casos de corrupción socialistas y en la que se vivió la anterior crisis económica, se manifestaban en los barómetros del CIS niveles semejantes, o incluso mayores, de malestar ciudadano con la política y los políticos.
Como señala Fermín Bouza, «la relación entre la desafección política y los problemas económicos es muy fuerte». En este contexto, Fernando Vallespín sostiene que «se ha tocado fondo. Si no hay más casos de corrupción, la relación entre Gobierno y oposición pierde tensión y empezamos a salir del agujero económico, poco a poco irá cambiando la percepción de lo político».
Sin embargo, el problema de fondo, el de la dificultad de incorporar a la política a las personas más preparadas, permanecerá mientras cada vez es más frecuente escuchar lamentos nostálgicos sobre el mayor nivel de los políticos de la transición democrática.
Ya en 1992, Juan José Linz, el politólogo español de mayor prestigio internacional, advertía que «las leyes rígidas sobre la incompatibilidad de puestos en la sociedad y un cargo público suenan muy democráticas y dirigidas a garantizar el interés público, pero pueden llevar a otro peligro: la transformación de la política en una ocupación para toda la vida y de dedicación exclusiva». Linz señalaba que la consecuencia de este proceso es que la élite política sea «menos representativa de la sociedad en general y más aislada de sus preocupaciones, mucho más dependiente del liderazgo del partido y menos independiente en sus opiniones».
Según Linz, leyes como la española, que impide durante dos años al ex alto cargo prestar servicios en las áreas en las que gobernó, tendrían un balance negativo, ya que sería más lo que pierde la sociedad que lo que gana al protegerse del tráfico de influencias.
Se trata de tesis muy controvertidas, porque, como indica Manuel Villoria, esa legislación tiene como función evitar la colonización de la administración por las empresas y los grupos de presión, el peligro de lo que se conoce como las puertas giratorias. «Hay que diferenciar lo público de lo privado», afirma. En cambio, Fermín Bouza defiende establecer mecanismos de vigilancia, pero evitar que las incompatibilidades sean un freno para incorporar a personas más preparadas a las instituciones.
Otro de los debates abiertos es el de la posibilidad de exigir una preparación para ocupar cargos, lo que los expertos rechazan para puestos electivos aunque, como apunta Villoria, sí sería deseable una carrera de personal directivo para evitar que los altos cargos intermedios los ocupen personas de confianza sin los conocimientos adecuados.
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