La Audiencia Provincial no tiene dudas, aunque no encuentra a los culpables. Según un auto difundido el 15 de octubre, las oposiciones de la Policía Local celebradas el 10 de abril de 2007 fueron fraudulentas pues cinco de los 14 opositores (a los que cita con nombre y apellidos) que optaban a una de las ocho plazas de subinspectores fueron informados sobre el contenido del examen por parte de uno o varios miembros del tribunal. Lo que no se sabe es quién o quiénes fueron los confidentes, y por eso archiva provisionalmente el caso.
La Audiencia tiene en cuenta tres argumentos. Primero: los cinco opositores beneficiados siguieron el mismo esquema que el tribunal en las respuestas. Segundo: una de las respuestas solo fue acertada por cuatro de los cinco opositores sospechosos de fraude. Y tercero: un análisis estadístico revela un comportamiento sui generis de los opositores beneficiados.
Las oposiciones se celebraron en marzo de 2007, en el último año del primer mandato de Torres Hurtado. Justo al mes siguiente tendrían lugar las elecciones municipales que, de nuevo, ganaría el alcalde.
En aquellos momentos era concejal de Seguridad Ciudadana el controvertido José Antonio Balderas, denunciado en aquella época -junto al alcalde, el que fuera secretario provincial del Sindicato Independiente de la Policía Local, Miguel García; y la cúpula de la Policía Local- por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral (acoso laboral) de anteriores mandos del cuerpo, entre ellos el entonces Jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental, Luis De Haro-Rossi. La Fiscalía del TSJA finalmente no encontró indicios delictivos, pero el Cuerpo quedó dividido.
El denunciante fue uno de los opositores que no ganó la plaza. La demanda fue archivada en primera instancia porque, según resolvió el Juzgado de Instrucción 6 en un auto con fecha de 8 de marzo de este año, las irregularidades denunciadas no podían atribuirse a una persona concreta o a un grupo.
En la denuncia, el agente expresaba sus sospechas de que algunos de los ganadores del concurso conocían de antemano el examen práctico y las respuestas de las 80 últimas preguntas del test teórico. Por lo tanto, la denuncia inducía a pensar que los hechos podían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos.
Sin embargo, el juez decretó el archivo de la causa en base a que el Ministerio Fiscal, a la vista del resultado de las diligencias, había considerado que no existían indicios suficientes y había pedido que se decretase el sobreseimiento provisional, hasta tanto nuevos hechos no impusieran su reapertura.
Tras una alegación del denunciante, la sentencia fue remitida a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha fallado ahora que «los hechos revelan indiciariamente que uno o varios miembros del tribunal forzosamente tuvieron que explicar el contenido del examen o parte del mismo a uno o varios de los opositores aprobados o a persona que lo hiciera llegar a estos».
La percepción de la Audiencia Provincial se ve avalada por un informe pericial de un catedrático de Estadística de la Universidad de Granada, que confirma que cinco de los 14 opositores -de iniciales J. A. R. A., M. M. P., J. I. U. C., M. J. B. y M. A. J. T.- siguen el mismo esquema que el tribunal en la resolución del examen práctico, por lo que «conocían con anterioridad a la realización de esta prueba la respuesta del supuesto práctico». Sin embargo, el resto de aspirantes siguieron un «esquema diferente», por lo que desconocían la resolución del examen.
Además, el experto indica que la respuesta correcta a la pregunta 56 según el tribunal era la C. Esta respuesta, según precisa, fue dada solo por cuatro de los cinco aprobados, mientras que seis de los restantes dieron como correcta la A, uno la C, y el resto no la contestó. «La bajísima probabilidad de ese resultado, menor que 0,00000205% nos permite concluir que al menos cuatro de estos cinco opositores aprobados tenían la información de que la respuesta correcta a la pregunta 56 era la C», asegura. Por si esto fuera poco, el perito considera que el análisis estadístico de los opositores del bloque 1 (los citados anteriormente) tuvieron «un comportamiento tan distinto en las respuestas a los dos bloques del teórico» -de la 1 a la 20 y de la 21 a la 100- que «resulta prácticamente imposible que desconociesen las respuestas del bloque 2 antes de la prueba». Así, concluye que «los opositores del grupo uno efectivamente conocían previamente las respuestas de ambas pruebas».
Por todo ello, la Sección Segunda de la Audiencia ha rectificado la sentencia inicial, que ordenaba sobreseimiento definitivo, y ha acordado el archivo provisional a la espera de que aparezcan nuevos datos que permitan identificar a los autores de la filtración.
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