GRANADA
La UGR no tiene motivos, por ahora, para expulsar a un alumno condenado en el Supremo por terrorismo
A. G. P./GRANADA
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Obtuvo una plaza en la Universidad de Granada (UGR) a través del programa de movilidad nacional, Sicue, para estudiar Sociología. El pasado enero fue condenado a seis años de cárcel por el Tribunal Supremo junto a otros 22 miembros de Jarrai, Haika y Segi, declaradas bandas terroristas. Se trata de Asier Ochoa de Retana Simón. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha 3 de agosto de 2006 aparece en un listado en el que se conceden ayudas (Séneca) a través de una resolución del 12 de julio de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
En ese listado aparece su nombre, DNI, la Universidad de origen, que es la Universidad del País Vasco; y la de destino, la Universidad granadina. Se concede plaza en la carrera Sociología en la UGR para nueve meses, desde el día 1 de octubre de 2006 al 30 de junio de 2007. Si bien, su estancia en la Universidad granadina ha terminado antes. El joven está en paradero desconocido al igual que otros jóvenes que desaparecieron tras la sentencia del Supremo. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad granadina, Manuel Díaz Carrillo, explicó ayer a este periódico que la institución universitaria «no tiene funciones policiales» y que no saben lo que hacen sus alumnos fuera. Su única competencia es la académica. También indicó que no habían recibido ninguna notificación oficial de este caso.
Sobre la posibilidad de expulsar a este joven de la UGR, indicó que en el reglamento de expediente disciplinario que puede determinar esa expulsión se contempla diferentes medidas en casos muy diversos. Se pueden iniciar un expediente disciplinario a un alumno a través de mecanismos internos y también a petición de una autoridad externa.
Normalmente el expediente se inicia a petición de una parte afectada que lo solicita al rector. Entonces se abre un riguroso proceso que puede acabar en una expulsión. Se procede con trámites internos en temas relacionados con casos como la falsedad de documentos públicos, acciones muy violentas en recinto universitario, copiarse en exámenes… Pero este no es el caso.
Requerimiento
En el asunto que atañe al joven condenado por el Supremo -perteneciente a organizaciones juveniles vinculadas a ETA-, el procedimiento sería diferente. Quizás se podría abrir el expediente si lo requiriera alguna estancia externa. Si hay algún amparo legal que lo contemple así y tienen -la UGR- que actuar «se actuará».
De todos modos, desde la institución universitaria esperan a tener más datos para saber qué debe hacer. Si bien, recuerdan que hay presos que están estudiando y sacándose sus carreras. Muchos de ellos lo hacen a través de la UNED -Universidad a distancia-. Asimismo, insisten en que a la Universidad no le competen funciones policiales con sus alumnos. El vicerrector de Relaciones Institucionales indicó que la UGR colabora de manera permanente con las fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que se le requiere. Lo hacen en la medida que permite la ley y de una manera institucional. Aclaró que es habitual que se solicite información a efectos de visado y de estancias en España de alumnos que llegan de otros países. Lo que hace entonces la institución es confirmar que están matriculados en la UGR. Siempre respetando la ley de protección de datos.
Un caso anterior
A la pregunta de si se ha dado la circunstancia en otras ocasiones de que en las listas de la UGR haya habido algún preso de ETA, fuentes del centro recuerdan que en la década de los ochenta un preso de la banda terrorista estuvo haciendo cursos en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía -aún dependía de la UGR-. Ese preso después se reinsertó y en la actualidad ejerce de profesor, dicen.