Una Iglesia extraviada.
(José Antonio Pérez Tapias. Profesor de la Universidad de Granada)

SI la barca de Pedro zozobra en las aguas de la sociedad española no es por los vientos laicistas, sino por el empeño de su tripulación en conducirla por los intransitables mares del dogmatismo y la intolerancia. Tanto la ciudadaní­a en general como los sectores más abiertos de la comunidad eclesial no dejan de asombrarse ante un episcopado que se sobrepuja a sí­ mismo en dar muestras de que anda con la brújula enloquecida. Todo indica que la empecinada defensa de trasnochados privilegios impide leer adecuadamente los ‘signos de los tiempos’ y plantear con acierto ‘la misión de la Iglesia en el mundo’. Lejos del espí­ritu del Concilio Vaticano II, la nostalgia de la época de ‘cristiandad’ incapacita para interpretar bien la propia tradición y expresar el sentir compartido de la comunidad. Por afán muy poco evangélico de imponer su autoridad, determinados eclesiásticos hacen alarde de un autoritarismo que les descalifica dentro y fuera de la Iglesia. Por modos nada dialogantes de exponer lo que la Iglesia tenga que decir en el debate público de una sociedad pluralista y democrática, desde el ‘lugar cí­vico’ en el que ha de reubicarse, esos representantes suyos no pasan de ser defensores de injustificables intereses alineados con polí­ticas conservadoras. Así­ se manifiesta en posicionamientos que evidencian el denominador común del integrismo católico. La falta de respeto con que determinados miembros del episcopado, empezando por el arzobispo de Granada, han tratado a la enferma que dí­as atrás murió, tras solicitar que se le retirase la respiración asistida que prolongaba su agoní­a en situación que, de no zanjarse, bien podí­a entenderse como de ‘encarnizamiento terapéutico’, es muestra de una intransigencia nada caritativa. Despreciando el ordenamiento legal que regula estas situaciones y los pronunciamientos tanto de la Comisión de í‰tica como del Consejo Consultivo de Andalucí­a acerca de los derechos de la paciente, quienes desde la Iglesia se han pronunciado contra su decisión lo han hecho induciendo confusiones y desconociendo las elaboraciones al respecto de la mejor teologí­a moral. No cabe sino recordar las palabras de Jesús contra los fariseos denunciado que imponí­an a los hombres cargas intolerables respecto a las cuales no hací­an nada por aliviarlas. No sólo en una situación como ésa están mostrando ciertas autoridades eclesiásticas escaso sentido democrático y poco respeto a derechos de los ciudadanos, sino que pasan, con una coherencia digna de mejor causa, a ataques tan desconsiderados como infundados a decisiones tomadas por los representantes de la ciudadaní­a y plasmadas en leyes. Es el caso de la descalificación que se hace de la educación para la ciudadaní­a por parte de dichos sectores, que tienen a su más elocuente portavoz en el arzobispo de Toledo. í‰ste se despacha contra las previsiones de la LOE sobre esa materia tildándola de terriblemente mala por desfigurar la verdad del hombre. Cuestionando la legitimidad del Estado para legislar sobre educación, llama a la insumisión propugnando que los colegios se nieguen a impartir esa asignatura, a la vez que invita a los padres a hacer objeción de conciencia negándose a que sus hijos la cursen –clara distorsión del derecho a la objeción de conciencia que la Constitución consagra–. Parece olvidarse que hasta el mismo Vaticano II insistí­a en que hay que prestar gran atención a la educación cí­vica y polí­tica (GS, 75). ¿Es que también se propugna que la Iglesia detente el monopolio de dicha educación?Una tercera perla es la aportada por el obispo de Huesca, sumándose a la teorí­a conspiratoria en lo que se refiere a los atentados del 11–M, cuyos presuntos implicados están siendo juzgados en estos momentos. Al decir en un documento pastoral, incluso contra lo que en el mencionado juicio va saliendo a la luz, que se mantiene oculta la trama de esos atentados para no revelar la participación en los mismos del terrorismo de ETA junto al islámico, tan ilustre prelado se suma a las tesis recalcitrantes que desde el PP se siguen difundiendo para erosionar al Gobierno socialista salido de las urnas con plena legitimidad. Es patente el respaldo a las insidias con que a diario, desde la cadena de radio sostenida por el episcopado, se siembra odio en la sociedad española. Si la verdad nos hace libres, tal alimento de la mentira contribuye a que la Iglesia española quede uncida al carro de la servidumbre. Con extraví­os de esta naturaleza, los que pilotan la barca de Pedro la ponen al borde del naufragio. No parece que desde el Vaticano le echen un cable; más bien lo contrario.
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La Junta cree que la sociedad no comparte el rechazo de la Iglesia al caso de Inmaculada.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirmó ayer que se toma con tranquilidad y serenidad las crí­ticas de la Iglesia católica acerca de la muerte de Inmaculada Echevarrí­a. Chaves insistió en que desde el punto ético y legal se ha actuado como se debí­a, a pesar de las crí­ticas vertidas por personalidades eclesiásticas como el arzobispo de Toledo y cardenal primado de España, Antonio Cañizares.

El que fuera arzobispo de Granada ha rechazado con contundencia la retirada del respirador, que ha calificado como una acción de eutanasia o suicidio asistido. En opinión de Cañizares, hay que manifestar el rechazo a tales prácticas, a tanta propaganda que dispone favorablemente a la eutanasia. A este respecto, el presidente del Gobierno andaluz afirmó ayer que las posiciones de algún sector de la Iglesia, del episcopado, creo que no son compartidas por la mayorí­a de la sociedad ni por la mayorí­a de los católicos.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mostró su respeto al planteamiento de la Iglesia en el caso de Inmaculada, aunque consideró que su postura no se corresponde con la realidad. Zarrías justificó que el caso no es ni eutanasia activa ni pasiva, una afirmación que no sólo sostiene él, sino que también lo han dicho aquellos organismos que en Andalucí­a la Ley determina que deben opinar al respecto, que no son otros que el Comité de í‰tica y el Consejo Consultivo.

El consejero sentenció que no se ha producido lo que la Iglesia entiende, respeto el planteamiento, pero creo que no se corresponde con la realidad, zanjó.

Una de las sugerencias lanzadas el dí­a después de la muerte de Inmaculada fue la posibilidad de emprender acciones penales contra los responsables de la decisión o los que la ejecutaron. Ayer, el catedrático de Derecho Penal, Lorenzo Morillas, sostuvo que la actuación de la Junta de Andalucí­a en este caso no confronta con la realidad penal y se ajusta a las normas estatales y autonómicas.

Morillas, catedrático de la Universidad de Granada, impartió ayer la conferencia Eutanasia desde la perspectiva de un penalista, moderada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón.

En declaraciones a Efe, Morillas dijo compartir el dictamen del Consultivo. Otra cosa distinta son los criterios éticos, morales, administrativos o sanitarios que confluyan en esta circunstancia. La única punición que recoge el Código Penal en relación con la eutanasia es la llamada activa directa, que, aún así, está sancionada con una pena muy disminuida respecto al homicidio, la cooperación al suicidio o el homicidio por petición, precisó.

En su opinión, la actuación de la Junta entra dentro de lo que recogen las normas elaboradas por el Estado y la comunidad autónoma y no confronta ni choca con la realidad penal, porque se basó en la premisa de que no era delito.

Para el catedrático, la cuestión de fondo de este asunto ha sido hasta dónde llega la disponibilidad del bien jurídico vida. En su opinión, la valoración social sobre la eutanasia está más sustentada en motivaciones personales y de conciencia que ideológicas, aunque también influyen.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, José Antonio Montilla, explicó ayer que la desconexión de Inmaculada se hizo con todas las garantías y en aplicación de la legislación que ampara este tipo de medidas.

Recordó que este acto fue avalado por el Consejo Consultivo y que encaja en la legislación estatal, por lo que subrayó que todo se ha hecho de forma muy garantista.

Polémica. Tras las críticas de la jerarquía católica por la desconexión de Inmaculada Echevarrí­a del respirador que la mantenía con vida, la Administración autonómica defendió que esa postura no se corresponde con la realidad
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