– Los inmigrantes encaran la borrasca económica
España está aprendiendo en la actualidad a valorar los efectos que la inmigración ha tenido sobre su economía. En un país tradicionalmente de emigrantes, ha costado comprender la necesidad de nueva mano de obra. A diez años vista de que comenzara el fenómeno a un ritmo más intenso, ya hay datos suficientes para radiografiar los beneficios para el crecimiento.
La dificultad estriba actualmente en conocer qué efectos tendrá el cambio de ciclo sobre el mercado laboral, y en concreto, cómo afectará a la población inmigrante, que ya supone cinco millones de ciudadanos (según el Instituto Nacional de Estadística).
En este contexto, la Fundación Caja Rural de Granada presentó la semana pasada el estudio La inmigración y sus efectos económicos en las regiones españolas.
Viene bien recordar algunos de sus conclusiones para comprender el fenómeno. Los extranjeros aportaron 1,2 puntos al crecimiento del PIB en el periodo 2001-2006 (de un total de 3,3%). Para casi la mitad de la población española (Madrid, archipiélagos, valle del Ebro y arco mediterráneo) el crecimiento del PIB es responsabilidad clara de la población inmigrante, recoge el informe.
La Oficina Económica del Gobierno situaba para el mismo periodo que la aportación media de los inmigrantes a la economía española suponía la mitad de la tasa de crecimiento. Caixa Catalunya incluso señalaba que sin extranjeros la economía habría entrado en recesión entre 1995 y 2005.
Los extranjeros aportaron 1,2 puntos al crecimiento del PIB entre 2001 y 2006
Otro de los efectos beneficiosos ha sido el impacto positivo, a corto plazo, en las cuentas públicas. La Oficina Económica estimó para el periodo 1996-2006 una aportación del 48,2% de todo el superávit de las Administraciones públicas. A largo plazo, la tendencia puede darse la vuelta. El informe de la Caja Rural de Granada sitúa este horizonte en el año 2030.
Pero la desaceleración económica plantea nuevos interrogantes. ¿Cómo afectará el paro a este colectivo? ¿Qué ocurrirá con los extranjeros desempleados?
Los datos de mayo de la Seguridad Social indican que la evolución de los afiliados extranjeros sigue siendo positiva, en concreto, de un 7,6% respecto al mismo mes de 2007. Aunque el Servicio Público de Empleo también reconoce que las prestaciones por desempleo se han disparado en los últimos meses. Sólo en abril el gasto se duplicó, en el caso de los inmigrantes, hasta los 143,5 millones de euros.
Los sindicatos recuerdan que los extranjeros están empleados, en gran parte, en sectores intensivos en mano de obra, con baja cualificación y en actividades vulnerables a las situaciones de crisis. Por eso son los primeros en ser expulsados del mercado laboral.
Antes, en clase, se explicaba que las mujeres y los jóvenes eran los primeros en salir del mercado en periodos de crisis. Ahora hay que sumar a los inmigrantes, explica Elías Melchor, profesor de la Universidad de Granada y coautor del estudio de la Fundación Caja Rural de Granada.
La preocupación sobre un colectivo amplio de inmigrantes en paro ha llegado también al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Su titular, Celestino Corbacho, ha anunciado un plan de retorno voluntario para aquellos que quieran volver a sus países de origen, una vez que pierdan el empleo. Una de las herramientas novedosas del ministro para fomentar el regreso, es que los inmigrantes puedan capitalizar el total de las prestaciones por desempleo si deciden irse. La idea consiste en crear la ilusión de un maletín repleto de dinero, por el conjunto de los derechos de paro, que sirva, por ejemplo, para instalar negocios en sus países.
La ecuación, sin embargo, parece más compleja. Sólo si se tiene en cuenta el coste de las ayudas para el retorno (entre 3.500 y 4.500 euros, según la Organización Internacional de las Migraciones) el plan puede resultar especialmente caro.
Además, abandonar el nuevo país de residencia no sólo depende de la situación en España, sino de la comparativa en los países de origen en temas como las oportunidades educativas, seguridad, sanidad o renta. Y otro factor a no olvidar es que el 37,4% de los extranjeros (datos del INE) tienen su casa en propiedad o están hipotecados.
Discurso duro
La desaceleración también está provocando que el discurso duro frente a la inmigración -de cara a los votantes nativos- se imponga a respuestas más comprensivas. Corbacho recuerda, cada vez que se lo preguntan, que la prioridad es garantizar el trabajo para los que ya están en España. Algo contradictorio con un estudio de la Fundación Empresa y Sociedad, que sitúa una necesidad media de 157.000 nuevos inmigrantes hasta 2020. Lo cierto es que España, hasta ahora, ha necesitado a estos inmigrantes, contratados en origen gracias al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, en esos trabajos que el mercado demanda y que no se cubren.
Pero para mostrar aun más la complejidad del diagnóstico, no se debe olvidar a los que normalmente no aparecen en las estadísticas y que no disponen de prestaciones de paro: los inmigrantes irregulares. Entre 300.000 (según el anterior ministro Jesús Caldera) y 800.000 (si descontamos los permisos de residencia al censo) habitan en España.
El discurso frente a los sin papeles es el que más se endurece. La UE, como ejemplo, ha aprobado una directiva que permite internarles hasta 18 meses. España ya ha expresado que endurecerá las sanciones contra los empresarios que contraten irregulares, pero eso no garantiza evitar el flujo de llegada sin una combinación de más requisitos en los visados de entrada.
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