La UGR crea un producto para la detección de sustancias prohibidas en animales

– La UGR crea un producto para la detección de sustancias prohibidas en animales

Científicos del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada han obtenido un compuesto capaz de detectar, con gran precisión, en los alimentos, el uso fraudulento de Tapazol, sustancia prohibida utilizada para el engorde de los animales. El abuso de este medicamento antitiroideo conlleva la obtención de carne de menor calidad, además de entrañar un riesgo potencial para la salud del consumidor, según ha informado hoy la Universidad mediante un comunicado.

El engorde de animales de granja mediante el uso fraudulento o no autorizado de sustancias prohibidas está perseguido por los organismos competentes en inspección y control sanitario de las diferentes comunidades, pero a veces resulta difícil y casi imposible de detectar.
El grupo de investigadores formado por Enrique Oltra, José Justicia y Juan Manuel Cuerva de la UGR han desarrollado un procedimiento que permite obtener el derivado deuterado del Tapazol.

Actualmente, desde la Oficina de Trasferencia de resultados de Investigación de la Universidad de Granada se está promocionando esta intervención protegida mediante patente.

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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

– Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.

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Garzón da instrucciones para elaborar un censo de desaparecidos del franquismo

– Garzón da instrucciones para elaborar un censo de desaparecidos del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional pide información sobre las víctimas de la represión al Gobierno, la Iglesia, el Valle de los Caídos y cuatro ayuntamientos

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha puesto a recabar información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Para ello, el magistrado ha pedido información al Gobierno, la Iglesia, varios alcaldes e incluso un rector. Quiere saber el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.

El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si admite a trámite -es decir, si es competente para investigar- las solicitudes que le presentaron cuatro asociaciones para la recuperación de la memoria histórica (Cataluña, Valencia, Aragón, Ponteareas) el sindicato CNT y varios particulares para esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos por el bando franquista a partir del golpe de Estado franquista.

Lo que el juez quiere saber es número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, fecha del denominado por ganadores de la guerra «alzamiento nacional», sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración para que identifique al organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación «en la medida de lo posible» y si «han existido denuncias por las desapariciones».

También se dirige a uno de los símbolos franquistas de más relevancia, el Valle de los Caídos, para solicitar a la abadía en la que está enterrado Franco junto con decenas de combatientes republicanos para que informe sobre «las personas que en este lugar están enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho». A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada, les pide «el nombre de las personas enterradas en fosas comunes en los cementerios de esas ciudades, las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», «la fecha de los mismos» y si estas muertes constan en algún registro público».

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Garzón obliga a la Iglesia y a varios ayuntamientos a reabrir la memoria histórica

– Garzón obliga a la Iglesia y a varios ayuntamientos a reabrir la memoria histórica

Cuando parecía aplacada la polvareda de la ley de memoria histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) las entidades y asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano han hallado un ariete a la medida de sus reivindicaciones en el juez Baltasar Garzón. Éste, según trascendió ayer, ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo, con el fin de elaborar un censo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es competente o no para investigar estos crímenes que los familiares de las víctimas consideran de «lesa humanidad» y, por tanto, imprescriptibles.
El pasado mes de junio, el juez ya se había dirigido a los ministerios de Defensa e Interior para pedirles un informe sobre el número de desaparecidos durante ese periodo, como paso previo a su decisión, ahora, de llevar a cabo estas nuevas actuaciones.
A espaldas de la Fiscalía
Garzón ha optado por seguir adelante en la «brecha» de la memoria histórica a espaldas del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de febrero solicitó el archivo de las denuncias presentadas al considerar que se trataba de hechos que en su momento, según la legislación de la II República, estaban tipificados como delitos comunes y, en consecuencia, sus autores se habrían beneficiado de la «extinción de la responsabilidad» derivada de la amnistía general de 1977.
Además, en el caso de que se pudieran considerar delitos de lesa humanidad, la Fiscalía estimó que la Audiencia Nacional no era competente para juzgarlos, porque el criterio general es que este tipo de crímenes se han de tramitar en los juzgados de la jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos.
El auto de Garzón pretende ser, a priori, de largo alcance, pues implica a la Conferencia Episcopal, a los Ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, e incluso al rector de la Universidad de Granada.
Todas las parroquias
En concreto, Baltasar Garzón insta a la Conferencia Episcopal a que comunique a todas y cada una de las parroquias de España (que son casi veintitrés mil) «que deberán permitir el acceso de la policía judicial» para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. O sea, a partir del «alzamiento».
A los Ayuntamientos les pide toda la documentación que permita certificar la identidad de las personas enterradas en fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y en el camposanto sevillano de San Fernando. A ese requerimiento de los datos posibles de fechas de nacimiento, residencia y filiación, añade Garzón el de que los mencionados Consistorios aporten información sobre las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», en busca de responsables.
Especialmente significativa es la petición a la abadía benedictina del Valle de los Caídos de un listado de las personas enterradas en este recinto, así como datos sobre la procedencia geográfica de los restos y «las causas del enterramiento allí hecho».
Otras diligencias las dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al Archivo General de la Administración (para que identifique a la entidad u organismo que pueda concretar el número de desaparecidos e informe de si han existido denuncias por esas desapariciones), al Centro Documental de la Memoria Histórica (al que pide los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al Ministerio de Defensa en demanda de documentación archivada en los tribunales militares y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la constancia que pueda tener de casos de desaparición.
Ocho denuncias
Han sido en total ocho las denuncias referidas a este tipo de hechos, promovidas por asociaciones (salvo una de ellas, de un diputado socialista) que vienen cifrando en unas treinta mil las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Estas entidades, que han acogido con la lógica satisfacción la iniciativa del juez Garzón, estiman además que, queden en lo que queden las diligencias abiertas, servirán para impulsar la elaboración de un censo de desaparecidos en esa etapa histórica.
Precisamente, hace pocos días volvió a cobrar relieve el caso de la fosa común de la localidad granadina de Víznar en la que están los restos del poeta Federico García Lorca. Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en ese mismo lugar, explicó la semana pasada a Ep que acudir a la vía judicial es «la única salida que le queda» para promover la exhumación de su abuelo y ante la negativa de la familia Lorca a llevar a cabo esa actuación.
Estos «flecos» de insatisfacción y malestar persisten en numerosos descendientes de fusilados y desaparecidos después de que el pasado otoño quedara definitivamente aprobada en el Congreso la polémica «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura», barroquísimo nombre con el que quedó finalmente bautizada la ley de memoria histórica, un empeño personal de José Luis Rodríguez Zapatero en el que sus convicciones más íntimas tropezaron con el sentido común,
Españoles «buenos» y «malos»
Así, en la normativa (que, según el PP, cae en los mismos pecados del franquismo, al dividir a los españoles en «buenos» y «malos») no se recogieron algunas de las exigencias de los colectivos de reivindicación republicana, como la de la anulación de todos los juicios políticos. Pero ante el riesgo de que en la nueva legislatura se pasara página, Garzón ha tomado el testigo de Zapatero.
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Los universitarios llevarán a debate el feminismo, los videojuegos y la televisión en la Universidad Internacional de Andalucía

– Los universitarios llevarán a debate el feminismo, los videojuegos y la televisión en la Universidad Internacional de Andalucía

Arranca la tercera semana de cursos de la UNIA

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) abordará la tercera semana de cursos, del 1 al 5 de septiembre con cinco seminarios que abordarán temáticas sobre la enseñanza desde el feminismo, la rehabilitación de centros históricos, la televisión, la alimentación y la informática gráfica aplicada al mundo de los videojuegos. Todo ello tendrá lugar en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

El curso \’Informática gráfica: algo más que videojuegos\’ abrirá las jornadas, dirigido por Rafael Jesús Segura Sánchez. En dicho curso se explicará la diversidad de campos donde se maneja esta disciplina, con hincapié en el sector del ocio.

Luis Cuadros Rodríguez, profesor de Química Analítica de la Universidad de Granada, llevará el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’, donde analizará las consecuencias de las últimas crisis alimentarias y nuevas políticas de los países de la Unión Europea con respecto al control en calidad de alimentos.

Por su parte, Francisco Javier Terrados Cepeda, profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla y Premio Nacional de Calidad de la Vivienda 2005 en promoción pública, dirigirá el curso \’Secuencias de ciudad: rehabilitación integral de los centros históricos en Andalucía\’; también contará con la participación de la directora del Área de Rehabilitación Concertada de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía Elena Morón Serna. Con este curso se pretende difundir las áreas de rehabilitación a modo de instrumento de política de rehabilitación urbana integral.

Cerrarán la semana los cursos \’Cultura, ciudadanía e imperio: enseñanza desde el feminismo\’, impartidos la profesora de la Universidad de Granada Margarita Birriel Salcedo, y con la colaboración del Instituto de Estudios de la Mujer y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; y \’Una relación de amor y odio: cultura y televisión\’, coordinado por Alejandro Alvarado Jódar, responsable de Canal 2 Andalucía.

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Transgénicos en la cesta de la compra

– Transgénicos en la cesta de la compra

Causan tanta curiosidad como temor porque sus efectos son aún desconocidos. Los alimentos transgénicos son sometidos a controles especiales y debe especificarse su origen, pero según reconoció en Baeza el químico Luis Cuadros Rodríguez en España circulan más de los que se declaran.

Cuadros Rodríguez, profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, dirige esta semana el curso Autenticidad y trazabilidad de los alimentos en la sede jiennense de la Universidad Internacional de Andalucía. Aunque admitió que “hay países europeos con una mayor producción” de alimentos transgénicos, reconoció que “en España hay más en circulación de lo que se declara”.

En rueda de prensa, explicó que “hay mucha polémica” sobre los transgénicos pero “a nivel técnico no está claramente demostrado” que “sean ni mejores ni peores”. Añadió que “estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente”, y por tanto “en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante”.

El profesor de Química reconoció que aún “no se sabe cómo afectan al consumidor”, ya que sus efectos podrían ser a largo plazo, por lo que “se exige que se declaren” los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor pueda decidir y porque unos se pueden utilizar y otros no.

controles. En cuanto al control, apuntó que “es complicado hacer los análisis genéticos” y que “no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace”.

El procedimiento se basa en inspecciones sorpresa a las organizaciones relacionadas con la elaboración de alimentos y a las envasadoras, así como en análisis de muestras.

El director del curso señaló que “a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de trazabilidad alimentaria” que obliga a las empresas a llevar un seguimiento de las materias y productos que formen parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y documentado.

Este procedimiento exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté identificado. El objetivo final sería, “aunque en la práctica no es posible”, que el consumidor “supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento”, afirmó. Para ello se identifican documentalmente todos los componentes, así como su procedencia y canales de distribución, información que ayuda si hay que retirar lotes.

Fraudes. Por otra parte, Cuadros Rodríguez se refirió a los principales fraudes que se suelen cometer: adulteraciones en la composición de un alimento, información incorrecta sobre el producto que se oferta y alimentos contaminados por falta de preocupaciones, que es “el que suele generar alarmas alimentarias”.

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de habló de dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de antibióticos en animales, y a nivel microbiológico, por falta de higiene. Sobre el mal de las vacas locas, explicó que “a priori no se sabe si está contaminada la carne”, sino cuando se hacen los controles. Señaló que el agente que provoca la enfermedad es “un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno”.

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Garzón quiere poner en aprietos a Rouco con fusilados y desaparecidos

– Garzón quiere poner en aprietos a Rouco con fusilados y desaparecidos

El juez de la Audiencia Nacional solicitó a la Abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal información sobre los desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil.

El juez Baltasar Garzón, quien todavía no ha decidido si se declara competente para investigar la causa sobre fusilamientos y desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista, ha decidido, como paso previo, intentar acreditar la cifra global de desaparecidos que hubo durante la guerra civil y los primeros años de la posguerra.

A través de una diligencia hecha pública este lunes, el juez pide a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que «proporcione información sobre el nombre de las personas que en este lugar están enterrradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho».

Además, y con el objetivo de que el listado de los desaparecidos en toda España sea lo más completo posible, Garzón se dirige a la Conferencia Episcopal para que este organismo comunique «a todas y cada una de las parroquias de España» que deben informar, a través de los libros de difuntos, de los fusilados que hubo en su territorio a partir del inicio de la Guerra Civil. A tal efecto, advierte a la Conferencia Episcopal de que las parroquias, un total de 22.827 en toda España, deberán permitir el acceso a la Policía Judicial.

Fosas comunes

Garzón también se dirige a los alcaldes de Granada (donde está enterrado el poeta Federico García Lorca-) Córdoba, Sevilla y Madrid, así como al rector de la Universidad de Granada, para que le informen sobre los nombres de las personas enterradas en las fosas comunes que hay en estas localidades, así como la fecha y circunstancias en las que se produjeron estos enterramientos masivos. En concreto, el juez se interesó por las fosas comunes existentes en el Cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud, San Rafael,-ambas en Córdoba, y San Fernando (Sevilla).

Además, Garzón solicita al Archivo General de la Administración para que emita un informe en el que «identifique el organismo que pueda dictaminar sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional».

También solicita al Centro Documental de la Memoria Histórica -dependiente del ministerio de Cultura- que le remita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. De forma complementaria, pide información sobre los fusilados al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica.

Todas estas diligencias se producen en respuesta a las querellas por fusilamientos y desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista presentadas en su juzgado por varias organismos, entre ellos la Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Catalunya, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y la Confederación General del Trabajo.

Además, Garzón requiere a las partes personadas que aporten la mayor informacion de la que disponga «sobre las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desaparaciones forzadas» para que estas aperturas de fosas pueden ser «controladas» por su juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado».
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Denuncian la existencia en España de más alimentos transgénicos de los declarados

– Denuncian la existencia en España de más alimentos transgénicos de los declarados

El profesor Luis Cuadros Rodríguez de la Universidad de Granada dirige el curso sobre \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez, que dirige esta semana el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), afirmó ayer sobre el tema de los alimentos transgénicos que en España «hay más en circulación de lo que se declara», pero admitió que «hay países europeos con una mayor producción de éstos», según Informa Europa Press.

Durante una rueda de prensa, el experto reconoció que «hay mucha polémica» en esta materia, aclarando que a nivel técnico «no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». Además añadió que estos alimentos «se hacen porque su elaboración es más económica o resistente» y, por tanto, «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Por otro lado, el profesor aseguró que «todavía no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que sea el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

En esta línea, explicó la existencia de «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos».

Respecto al control al que se someten los alimentos, dejó claro que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

Sobre los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez dijo que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por un lado, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y por el otro, «en los controles analíticos, donde tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

Asimismo, explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\’», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección».

Aparte de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa» para comprobar los alimentos.

En líneas generales, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado».

La finalidad del proceso, aunque en la práctica no es posible, es que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.«Para ello se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información».

Sobre las inspecciones que la s Administraciones realizan, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido».
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Garzón investigará sobre los desaparecidos del franquismo

– Garzón investigará sobre los desaparecidos del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional reclama la colaboración decuatro alcaldes para identificar a los desaparecidos durante la Guerra Civil, a instancias de varias asociaciones de memoria histórica.

Baltasar Garzón durante una exhumación de cadáveres en Colombia. EFE
Madrid. El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

También a la Conferencia Episcopal

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

La fiscalía pidió el archivo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación. (Ep)

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La Universidad de Navarra concede su Medalla de Oro a 4 profesores

– La Universidad de Navarra concede su Medalla de Oro a 4 profesores

María Pilar Fernández, Natalia López, Lucas Mateo-Seco y Carlos Cavallé serán distinguidos el día 19

El Gran Canciller de la Universidad de Navarra, Javier Echevarría, ha concedido la Medalla de Oro a cuatro profesores del centro: María Pilar Fernández Otero, Natalia López Moratalla, Lucas Francisco Mateo-Seco y Carlos Cavallé. La entrega tendrá lugar el próximo día 19, en el acto de apertura del curso 2008-2009.
La catedrática María Pilar Fernández Otero (Bandeira, Pontevedra, 1947), licenciada y doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago, se incorporó en 1985 a la UN, donde ha ejercido la docencia como especialista en Fisiología. Además, fue decana de Farmacia entre 1986 y 1994, y durante más de doce años desempeñó el cargo de vicerrectora de la universidad.

La catedrática de Bioquímica Natalia López Moratalla (Granada) es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada y doctora en Ciencias por la UN. Profesora de la UN desde 1981, ha ocupado cargos de gobierno en las facultades de Ciencias y Medicina. También fue vicerrectora de la universidad nueve años.

El profesor Lucas Mateo-Seco, profesor honorario de la facultad de Teología, nació en La Campana (Sevilla) y fue ordenado sacerdote en 1959. Licenciado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de Salamanca y doctor por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma, llegó a la UN en 1967, donde fue profesor de Patrología y de Teología Dogmática. A su vez, ha sido director de Estudios, director de Investigación y vicedecano de Teología.

Carlos Cavallé (Barcelona) ha sido director general del IESE de la universidad entre 1984 y 2001. Hoy es profesor emérito del departamento de Dirección General y sus áreas de especialización incluyen educación ejecutiva, dirección estratégica y liderazgo.

Desde 1990, la Universidad de Navarra ha otorgado 18 Medallas de Oro. Las han recibido Eduardo Ortiz de Landázuri, Ismael Sánchez Bella, Juan Jiménez Vargas, Álvaro d»Ors, Francisco Ponz, Amadeo de Fuenmayor, Carmen López, Joaquín Casellas, Félix Álvarez de la Vega, José Cañadell, Jesús Vázquez, Antonio Valero, la Asociación de Amigos del centro académico y Alfonso Nieto.

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Garzón está preparando un listado con los desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo

– Garzón está preparando un listado con los desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo

(PD).- De nuevo Garzón se pone en medio de la actualidad y pide focos. El Juez ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etc, para que le identifiquen a las posibles víctimas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936.

Garzón anuncia en esta providencia que quiere controlar él las exhumaciones que se estén realizando o que se vayan a realizar pero de momento exige a estos organismos y sociedades los datos que tengan de desapariciones forzadas, tal y como informa la Cadena SER.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’\’sacas\’\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

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