Cuando parecía aplacada la polvareda de la ley de memoria histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) las entidades y asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano han hallado un ariete a la medida de sus reivindicaciones en el juez Baltasar Garzón. Éste, según trascendió ayer, ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo, con el fin de elaborar un censo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es competente o no para investigar estos crímenes que los familiares de las víctimas consideran de «lesa humanidad» y, por tanto, imprescriptibles.
El pasado mes de junio, el juez ya se había dirigido a los ministerios de Defensa e Interior para pedirles un informe sobre el número de desaparecidos durante ese periodo, como paso previo a su decisión, ahora, de llevar a cabo estas nuevas actuaciones.
A espaldas de la Fiscalía
Garzón ha optado por seguir adelante en la «brecha» de la memoria histórica a espaldas del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de febrero solicitó el archivo de las denuncias presentadas al considerar que se trataba de hechos que en su momento, según la legislación de la II República, estaban tipificados como delitos comunes y, en consecuencia, sus autores se habrían beneficiado de la «extinción de la responsabilidad» derivada de la amnistía general de 1977.
Además, en el caso de que se pudieran considerar delitos de lesa humanidad, la Fiscalía estimó que la Audiencia Nacional no era competente para juzgarlos, porque el criterio general es que este tipo de crímenes se han de tramitar en los juzgados de la jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos.
El auto de Garzón pretende ser, a priori, de largo alcance, pues implica a la Conferencia Episcopal, a los Ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, e incluso al rector de la Universidad de Granada.
Todas las parroquias
En concreto, Baltasar Garzón insta a la Conferencia Episcopal a que comunique a todas y cada una de las parroquias de España (que son casi veintitrés mil) «que deberán permitir el acceso de la policía judicial» para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. O sea, a partir del «alzamiento».
A los Ayuntamientos les pide toda la documentación que permita certificar la identidad de las personas enterradas en fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y en el camposanto sevillano de San Fernando. A ese requerimiento de los datos posibles de fechas de nacimiento, residencia y filiación, añade Garzón el de que los mencionados Consistorios aporten información sobre las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», en busca de responsables.
Especialmente significativa es la petición a la abadía benedictina del Valle de los Caídos de un listado de las personas enterradas en este recinto, así como datos sobre la procedencia geográfica de los restos y «las causas del enterramiento allí hecho».
Otras diligencias las dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al Archivo General de la Administración (para que identifique a la entidad u organismo que pueda concretar el número de desaparecidos e informe de si han existido denuncias por esas desapariciones), al Centro Documental de la Memoria Histórica (al que pide los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al Ministerio de Defensa en demanda de documentación archivada en los tribunales militares y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la constancia que pueda tener de casos de desaparición.
Ocho denuncias
Han sido en total ocho las denuncias referidas a este tipo de hechos, promovidas por asociaciones (salvo una de ellas, de un diputado socialista) que vienen cifrando en unas treinta mil las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Estas entidades, que han acogido con la lógica satisfacción la iniciativa del juez Garzón, estiman además que, queden en lo que queden las diligencias abiertas, servirán para impulsar la elaboración de un censo de desaparecidos en esa etapa histórica.
Precisamente, hace pocos días volvió a cobrar relieve el caso de la fosa común de la localidad granadina de Víznar en la que están los restos del poeta Federico García Lorca. Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en ese mismo lugar, explicó la semana pasada a Ep que acudir a la vía judicial es «la única salida que le queda» para promover la exhumación de su abuelo y ante la negativa de la familia Lorca a llevar a cabo esa actuación.
Estos «flecos» de insatisfacción y malestar persisten en numerosos descendientes de fusilados y desaparecidos después de que el pasado otoño quedara definitivamente aprobada en el Congreso la polémica «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura», barroquísimo nombre con el que quedó finalmente bautizada la ley de memoria histórica, un empeño personal de José Luis Rodríguez Zapatero en el que sus convicciones más íntimas tropezaron con el sentido común,
Españoles «buenos» y «malos»
Así, en la normativa (que, según el PP, cae en los mismos pecados del franquismo, al dividir a los españoles en «buenos» y «malos») no se recogieron algunas de las exigencias de los colectivos de reivindicación republicana, como la de la anulación de todos los juicios políticos. Pero ante el riesgo de que en la nueva legislatura se pasara página, Garzón ha tomado el testigo de Zapatero.
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