La Conferencia Episcopal Española (CEE) respondió ayer al requerimiento del juez Baltasar Garzón que no tiene competencias para atender su petición de que la policía judicial acceda a los libros parroquiales de difuntos. Garzón había pedido el acceso a los archivos de las cerca de 23.000 parroquias españolas para elaborar una lista de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
La respuesta al juez fue emitida por la Junta de Asuntos Jurídicos de la CEE -que preside el obispo de Salamanca, monseñor Carlos López- a la que Garzón dirigió su petición. Fuentes episcopales indicaron a ABC que en la contestación se dice que la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia es un órgano de asesoría interna que «no tiene jurisdicción ni capacidad de decisión» y, por tanto, el presidente de la misma no tiene competencias para responder al requerimiento del juez. En definitiva, se le contesta al juez Baltasar Garzón que no se ha dirigido al lugar adecuado. Ahora, Garzón deberá tomar una nueva decisión que bien podría ser suspender el trámite, cambiar el destinatario de su petición o preguntar a quién debe dirigirla.
Listados de desaparecidos
El juez Baltasar Garzón requirió en un auto conocido el pasado lunes, día 1 de septiembre, a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo, con el fin de elaborar un censo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es competente o no para investigar estos crímenes que los familiares de las víctimas consideran de «lesa humanidad» y, por tanto, imprescriptibles.
El auto de Garzón implica, además de a la Conferencia Episcopal, a los Ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, al Centro de Documentación de la Memoria Histórica y al rector de la Universidad de Granada.
En concreto, el requerimiento de Garzón insta a la Conferencia Episcopal a que comunique a todas y cada una de las parroquias de España «que deberán permitir el acceso de la policía judicial» para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936, es decir, desde el comienzo de la guerra civil española. A los Ayuntamientos les pide toda la documentación que permita certificar la identidad de las personas enterradas en fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y en el camposanto sevillano de San Fernando. A ese requerimiento de los datos posibles de fechas de nacimiento, residencia y filiación, añade Garzón el de que los mencionados consistorios aporten información sobre las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», en busca de responsables.
Abadía del Valle de los Caídos
Llama especialmente la atención la petición a la abadía benedictina del Valle de los Caídos de un listado de las personas enterradas en este recinto, así como datos sobre la procedencia geográfica de los restos y «las causas del enterramiento allí hecho».
Otras diligencias tienen como destinatario al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y además, al Archivo General de la Administración (para que identifique a la entidad u organismo que pueda concretar el número de desaparecidos e informe de si han existido denuncias por esas desapariciones), al Centro Documental de la Memoria Histórica (al que pide los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al Ministerio de Defensa en demanda de documentación archivada en los tribunales militares y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la constancia que pueda tener de casos de desaparición.
Han sido en total ocho las denuncias referidas a este tipo de hechos, promovidas por asociaciones que vienen cifrando en unas treinta mil las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo. Estas entidades han acogido con satisfacción la iniciativa del juez Garzón, ya que estiman que servirán para impulsar la elaboración de un censo de desaparecidos en esa etapa.
Sorpresa en medios jurídicos
El requerimiento de Baltasar Garzón causó sorpresa entre los distintos agentes jurídicos consultados por ABC. No sólo la Fiscalía, sino también jueces y juristas coinciden en la inviabilidad de la vía penal para perseguir las muertes causadas en el enfrentamiento entre los dos bandos. Además de poner en duda la tipificación de aquellos hechos como delitos de genocidio y de lesa humanidad, cuestionan la forma en la que el magistrado de la Audiencia Nacional ha llevado a cabo la práctica de las diligencias».
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