El ex regidor de Gójar, el popular Francisco Javier Maldonado, defendió ayer la legalidad de su actuación tras conocer los resultados de una auditoría elaborada por la UGR, que desvela graves irregularidades.
La auditoría elaborada porla Fundación Empresa Universidad sobre la gestión del ex alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado, durante sus últimos cuatro años al frente del Ayuntamiento detecta graves irregularidades en hasta cinco procedimientos urbanísticos. Uno de ellos es el convenio firmado en agosto de 2005 con la promotora Cavifer S.L., de la que era socio el hermano del ex regidor.
El acuerdo, cuya existencia dio a conocer este diario en mayo de 2007, es “manifiestamente contrario a derecho”, a juicio de los autores de la auditoría, que aconsejan revisar de oficio todo el procedimiento. Según se relata en el informe, el suelo por el que se firmó el convenio no tenía la calificación ni la clasificación que aparece en el mismo, “por lo que de forma burda se produjo una modificación” que ‘convirtió´ el terreno en suelo urbano no consolidado.
Al darle esta categoría, el Ayuntamiento exoneró a la promotora del hermano de Maldonado de tener que ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico, como así obliga la ley a las empresas para beneficio del municipio. Pero éste no es el único caso en el que se han detectado irregularidades. La auditoría de la UGR tampoco cree que se ajuste a derecho el convenio firmado en julio de 2004 con la promotora Figueroa y Barrero S.A., así como la aprobación definitiva del plan parcial UE-18 del PGOU de Gójar.
En este último caso, el Ayuntamiento no incorporó al expediente el preceptivo informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas, “pese a que le constaba su recepción, por lo que la actuación fue claramente contraria a derecho”. Los otros dos procedimientos considerados irregulares se refieren a la construcción de 54 viviendas de promoción pública y la posterior selección de sus adquirientes. Respecto a ese tema, el ex alcalde de Gójar quiso ayer defender su gestión al asegurar que, al contrario de lo que reza en el informe, el proyecto sí contaba con cédula de calificación provisional.
Según Maldonado, se solicitó dicho permiso a la Delegación de Obras Públicas de la Junta, que no contestó en los tres meses siguientes, “por lo que la calificación provisional estaba concedida por silencio administrativo, como estipula la ley”. El ex regidor del PP también enseñó el informe del aparejador municipal que avala la legalidad del proyecto, aunque la auditoría mantiene que la licencia de obras “iba en contra del planeamiento urbanístico”.
Además de los casos citados, el documento de la UGR detecta irregularidades en varios contratos suscritos por el equipo de gobierno del PP, como el de construcción del pabellón deportivo, el asfaltado de varias calles o la contratación de obras y servicios por importe de 2,2 millones de euros “fuera del procedimiento administrativo y sin consignación presupuestaria”.
En su defensa, Maldonado recordó que, a su llegada a la alcaldía, también encontró “cientos” de facturas sin justificar, “pero lo que hice fue llamar a la oposición e intentar solucionar la situación, no acudir a los medios de comunicación, como ha hecho el actual alcalde”.