Multiculturalismo sí, pero hasta aquí
Un juez saudí rechazó recientemente y en dos ocasiones anular la boda de una niña de ocho años con un hombre de 50. El padre la vendió a un amigo para saldar sus deudas en contra de la opinión de la madre. Sólo después de una larga negociación y con la mediación de un nuevo juez, el abogado de la niña consiguió llegar a un acuerdo con el marido. Mientras el juez saudí se lo pensaba, un tribunal español condenaba a 17 años de cárcel a la madre de una adolescente mauritana residente en Cádiz por obligarla a casarse y mantener relaciones con un hombre de 40, sobre el que recayó una pena de 13 años.
El problema surge cuando un delito es visto como una costumbre
Un 5% de la población española profesa una religión distinta a la católica
Los casos extremos perjudican a los musulmanes que desean integrarse
Hay empresas que ya permiten pausas para rezar o salir antes en el Ramadán
Algunos plantean la poligamia o la poliandria como opciones lícitas
El velo es para algunas un símbolo cultural, pero no les impide trabajar
Lo que la ley saudí ni se plantea (condenar al progenitor), no se discute entre los juristas españoles. Sin embargo, sí que hubo debate en el Tribunal Supremo al deliberar hace unas semanas sobre el caso de un ecuatoriano de 23 años que mantuvo relaciones consentidas durante un año con una niña de 11. El Supremo confirmó una condena de dos años de cárcel, pero con el voto particular de dos jueces que pidieron la absolución porque el procesado se había criado en la selva y, aunque llevaba siete años en España, no sabía que lo que estaba haciendo era delito.
Éstos y otros casos que han saltado a los medios en los últimos meses dejan una pregunta: ¿dónde hay que situar la frontera de la tolerancia del Estado ante determinadas tradiciones culturales o religiosas? Los expertos coinciden en la necesidad de impulsar el respeto por todas las tradiciones y creencias. «Pero existe un límite: los derechos fundamentales de las personas», afirma Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares y autor de varios estudios de los derechos de los extranjeros en España.
Casos como el de la familia mauritana de Cádiz o el de niñas inmigrantes que son llevadas a su país para someterlas a una ablación de clítoris sobrepasan por mucho esa barrera del multiculturalismo, según Santolaya. Los compatriotas de la menor mauritana consideran, sin embargo, que ni la sociedad ni los jueces españoles deben inmiscuirse en sus costumbres. «No se están respetando nuestras tradiciones. En nuestro país es muy normal casarse con ocho o nueve años», lamenta Brahim Sall Oulddick, un mauritano que lleva una década en España y es amigo de los padres condenados. En su opinión, hay un malentendido: «Aquí se le llama violación y nosotros le llamamos casamiento».
Para Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes esa presunta colisión entre las costumbres de unos y otros es «un falso debate». «Una cosa es hablar de interculturalidad, de buscar espacios de encuentro, que siempre son positivos, y otra es hablar de costumbres que en nuestro país son delito. Ahí hay que ser firmes». Lo mismo opina Kaman Rahmouni, presidente de la asociación de trabajadores marroquíes Atime: «Las fronteras están claras: los principios constitucionales de España y las leyes en vigor. Dentro de esto puede caber cualquier costumbre. Fuera no cabe nada».
Casos extremos como éste perjudican a la imagen de los musulmanes en general, también a los que desean la integración y rechazan la barbarie. El presidente de Atime asegura que su asociación «nunca» defendería un caso como el de la niña de Cádiz. «A veces podemos estar en desacuerdo con algunos aspectos de algunas leyes, pero hay que respetarlas. Y esto hay que hacérselo ver a los inmigrantes». Pero Rahmouni cree que, al margen de esta barrera infranqueable, la integración completa de las culturas que hoy conviven en España es «un tema pendiente de resolver». «Tanto los que vienen de fuera como la sociedad española tienen que hacer un esfuerzo».
Los musulmanes que viven en España, más que con «problemas» para seguir aquí sus costumbres, se encuentran a veces con «dificultades», apunta Rahmouni, que pone como ejemplo la celebración del Ramadán. «Ya hay muchas empresas que permiten que el trabajador pueda salir un poco antes ese mes y luego recuperar las horas, pero en otras todavía es difícil».
Este tipo de conflictos ha sido objeto recientemente de un proyecto piloto del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, mediante el que un centenar de empresas han hecho un autodiagnóstico sobre su forma de gestionar la diversidad cultural. La directora general de Integración reconoce que el índice ha salido «bajo», pero hay razones para el optimismo: estas empresas han dado muestras de querer mejorar en esta tarea.
El catedrático Santolaya alude también a la dificultad de la sociedad española para ir «adaptándose» a una realidad cada vez más plural. Tres leyes dictadas el 10 de noviembre de 1992 desarrollan los acuerdos firmados entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. El artículo 12 de esta última, por ejemplo, recoge que los musulmanes podrán solicitar la interrupción de su trabajo para el rezo obligatorio de los viernes desde las 13.30 hasta las 16.30, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta de sol durante el mes de ayuno. Estas leyes también permiten a los fieles de estas confesiones pedir que sus fiestas religiosas sustituyan a las establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.
Brahim Sall Oulddicklia, el mauritano amigo de la familia condenada por casar a su hija adolescente, admite que en este punto la sociedad española es «cada vez más respetuosa». Él trabaja como guarda en una obra y asegura no tener problemas para seguir el Ramadán ni rezar cuando debe. Otros han tenido menos suerte y han acabado llevando el asunto a los tribunales. El único pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por lo que se considera la doctrina vigente, fue contrario a los intereses del trabajador, en este caso, una mujer que se había convertido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre cuyas creencias está el cese de toda actividad desde la puesta del Sol del viernes a la del sábado. La mujer pidió en su empresa un cambio de régimen de su descanso semanal y al no conseguirlo, dejó de ir a trabajar y fue despedida. La afectada solicitó en los tribunales que el despido fuera declarado nulo por entender que estuvo basado en motivos religiosos, pero el Constitucional no le dio la razón.
Los expertos consultados coinciden en que en España aún queda mucho camino por recorrer. Santolaya pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, con mucha más tradición de diversidad religiosa. Allí se ha generado ya una amplia jurisprudencia que se conoce como Sabbation cases (en referencia al Sabbath judío) y que reconoce un derecho de los trabajadores y una obligación para los empresarios la búsqueda de un acomodo entre los intereses de ambos.
El problema radica, según Fernando Arias, jefe del área de proyectos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en que, durante mucho tiempo, la sociedad española se ha diferenciado entre católicos y agnósticos. «Ahora ha aumentado mucho la diversidad religiosa y hay un 5% de personas que pertenecen a otras confesiones». Además de las leyes españolas que recogen los derechos de musulmanes, judíos y evangélicos, el Estado reconoce el arraigo de otras tres confesiones: budistas, mormones y testigos de Jehová. Sus fieles tienen unos derechos que no colisionan con las leyes españolas pero que, según Arias, a veces les resulta complicado ejercer, como tener un lugar de culto o recibir educación religiosa.
«Es muy importante que las personas de otras confesiones puedan sentirse tan españoles como cualquiera», cuenta Arias, que pone como ejemplo un atropello con el que se encuentran a menudo las mujeres musulmanas que deciden llevar velo: la ley española les reconoce el derecho a figurar con él en la foto del DNI siempre que se les vea bien la cara. «Pero en algunas oficinas de DNI se lo impiden», afirma Arias.
El velo es una de las cuestiones que más debate suscita entre los expertos. «Ahí no hay que ser tajante. Para muchas mujeres tiene un sentido religioso y en España no les impide trabajar ni hacer nada», señala Caridad Ruiz de Almodóvar, profesora de la Universidad de Granada especialista en derecho de países árabes y miembro del consejo asesor de la Casa Árabe.
Menos apoyo genera la negativa de algunos padres musulmanes a que sus hijas adolescentes vistan pantalón corto o bañador en las clases de educación física. «Entiendo que este tipo de costumbres no deben permitirse. Ahí debe primar la educación del menor», advierte Ruiz de Almodóvar.
Éste es uno de los pocos asuntos en los que se muestra inflexible José Manuel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, una asociación de ayuda al inmigrante. Coincide con los demás en que la frontera la marcan los derechos fundamentales, pero se muestra partidario de «debatir cambios». Morales se atreve incluso a plantear el caso de los matrimonios múltiples (poligamia o poliandria). «En España hace mucho tiempo que la pareja dejó de ser estable para toda la vida. Siempre que no entre en colisión con los derechos fundamentales, éste es un tema en el que se podría ver hasta qué punto es posible evolucionar en el marco legal».
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