En primer lugar, lamentamos la ausencia de diálogo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) con las universidades respecto al nuevo enfoque del RD de becas, a pesar de las peticiones formales realizadas. Asimismo, lamentamos la falta de comunicación al respecto, al haber sido informados del RD por una noticia filtrada en la prensa, sin tener conocimiento previo ni siquiera de la orientación que el RD iba a tener.

Sin entrar en un análisis pormenorizado ni en detalles meramente técnicos y de gestión, que son también enormemente importantes, queremos señalar las principales consideraciones que para la CRUE genera este borrador del RD. La aplicación de los nuevos requisitos académicos junto con el cambio de modelo en la asignación económica pueden conducir a un efecto excluyente y disuasorio tanto para el acceso como para la continuación en los estudios superiores. Ello contradice lo establecido en el preámbulo del RD, que invoca el deber constitucional de garantizar la igualdad en el acceso a los estudios superiores. Va en contra de los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión, a los que se les exige un esfuerzo mucho mayor que a los demás estudiantes. En definitiva, se exige más rendimiento a quien tiene menos recursos y posibilidades.

Aun compartiendo la filosofía de reforzar positivamente a los estudiantes con mejores rendimientos, creemos que no deben mezclarse ni confundirse las becas de carácter asistencial como instrumento de integración y promoción social, con las de excelencia académica. Unas no deberían excluir a las otras, y el sistema puede, y debe, reconocer ambas.  La reducción general de cuantías y de componentes, la reducción de umbrales económicos y el endurecimiento de requisitos académicos impiden el acceso a la beca de muchos estudiantes. Estos factores también producirán un número importante de abandonos de estudiantes próximos a finalizar sus estudios, generando una indeseada ineficiencia en el sistema universitario (especialmente, en el público).

Asimismo, el RD generará un enorme problema con aquellos estudiantes que disfrutan actualmente de beca de movilidad, sustituyendo la anterior componente específica por una denominada “residencia del estudiante durante el curso escolar”, cuya cuantía fija es notablemente inferior. Del mismo modo, consideramos que esta reducción de las cuantías provocará un efecto de localismo, que es esencialmente contrario al impulso de la movilidad estudiantil que fundamenta el Espacio Europeo de Educación Superior. Por otro lado, los estudiantes de zonas rurales o zonas urbanas que no dispongan de universidad se verán enormemente perjudicados al tener mucho más difícil su acceso a la universidad.

La fórmula utilizada para el cálculo de la cuantía variable (más allá de errores formales) vulnera claramente el principio de seguridad jurídica, puesto que el estudiante no conocerá el importe total de la beca hasta que esté prácticamente finalizando el curso académico, produciendo sin duda una retracción importantísima entre los estudiantes con rentas más bajas o que deban desplazarse de sus domicilios. Los importes fijos no garantizan la continuidad en los estudios universitarios de estudiantes con rentas bajas, y la limitación del importe variable a la disponibilidad presupuestaria no garantiza el acceso a las becas de estas personas más vulnerables.

La política de becas debe considerarse como una inversión en el futuro de la sociedad española y una garantía de equidad y progreso social de las personas más desfavorecidas. La senda que España inició en los años 80 y que ha mantenido de modo continuado hasta ahora, independientemente del color político del gobierno, ha sido un ejemplo en el sistema universitario europeo, que es mencionado con frecuencia como ejemplo de país equitativo e igualitario que concede oportunidades a las personas más desfavorecidas.

Estamos profundamente preocupados porque la aplicación de este RD, si se aprobase, debilitaría seriamente la función social de la educación superior en España, más teniendo en cuenta que estamos aún lejos de la media de la OCDE de inversión en becas respecto al PIB.

En consecuencia, rechazamos el modelo presentado en el proyecto de RD.

En todo caso, una vez más, reiteramos nuestro ofrecimiento y disposición a colaborar en todas las iniciativas del MECD que puedan redundar en un beneficio del sistema universitario español y, especialmente, de los estudiantes. Mantenemos nuestro compromiso de diálogo para el estudio del sistema de becas, para que cumpla con el mandato constitucional de eliminar las desigualdades en el acceso a la educación superior.

En primer lugar, lamentamos la ausencia de diálogo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) con las universidades respecto al nuevo enfoque del RD de becas, a pesar de las peticiones formales realizadas. Asimismo, lamentamos la falta de comunicación al respecto, al haber sido informados del RD por una noticia filtrada en la prensa, sin tener conocimiento previo ni siquiera de la orientación que el RD iba a tener.

Sin entrar en un análisis pormenorizado ni en detalles meramente técnicos y de gestión, que son también enormemente importantes, queremos señalar las principales consideraciones que para la CRUE genera este borrador del RD. La aplicación de los nuevos requisitos académicos junto con el cambio de modelo en la asignación económica pueden conducir a un efecto excluyente y disuasorio tanto para el acceso como para la continuación en los estudios superiores. Ello contradice lo establecido en el preámbulo del RD, que invoca el deber constitucional de garantizar la igualdad en el acceso a los estudios superiores. Va en contra de los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión, a los que se les exige un esfuerzo mucho mayor que a los demás estudiantes. En definitiva, se exige más rendimiento a quien tiene menos recursos y posibilidades.

Aun compartiendo la filosofía de reforzar positivamente a los estudiantes con mejores rendimientos, creemos que no deben mezclarse ni confundirse las becas de carácter asistencial como instrumento de integración y promoción social, con las de excelencia académica. Unas no deberían excluir a las otras, y el sistema puede, y debe, reconocer ambas.  La reducción general de cuantías y de componentes, la reducción de umbrales económicos y el endurecimiento de requisitos académicos impiden el acceso a la beca de muchos estudiantes. Estos factores también producirán un número importante de abandonos de estudiantes próximos a finalizar sus estudios, generando una indeseada ineficiencia en el sistema universitario (especialmente, en el público).

Asimismo, el RD generará un enorme problema con aquellos estudiantes que disfrutan actualmente de beca de movilidad, sustituyendo la anterior componente específica por una denominada “residencia del estudiante durante el curso escolar”, cuya cuantía fija es notablemente inferior. Del mismo modo, consideramos que esta reducción de las cuantías provocará un efecto de localismo, que es esencialmente contrario al impulso de la movilidad estudiantil que fundamenta el Espacio Europeo de Educación Superior. Por otro lado, los estudiantes de zonas rurales o zonas urbanas que no dispongan de universidad se verán enormemente perjudicados al tener mucho más difícil su acceso a la universidad.

La fórmula utilizada para el cálculo de la cuantía variable (más allá de errores formales) vulnera claramente el principio de seguridad jurídica, puesto que el estudiante no conocerá el importe total de la beca hasta que esté prácticamente finalizando el curso académico, produciendo sin duda una retracción importantísima entre los estudiantes con rentas más bajas o que deban desplazarse de sus domicilios. Los importes fijos no garantizan la continuidad en los estudios universitarios de estudiantes con rentas bajas, y la limitación del importe variable a la disponibilidad presupuestaria no garantiza el acceso a las becas de estas personas más vulnerables.

La política de becas debe considerarse como una inversión en el futuro de la sociedad española y una garantía de equidad y progreso social de las personas más desfavorecidas. La senda que España inició en los años 80 y que ha mantenido de modo continuado hasta ahora, independientemente del color político del gobierno, ha sido un ejemplo en el sistema universitario europeo, que es mencionado con frecuencia como ejemplo de país equitativo e igualitario que concede oportunidades a las personas más desfavorecidas.

Estamos profundamente preocupados porque la aplicación de este RD, si se aprobase, debilitaría seriamente la función social de la educación superior en España, más teniendo en cuenta que estamos aún lejos de la media de la OCDE de inversión en becas respecto al PIB.

En consecuencia, rechazamos el modelo presentado en el proyecto de RD.

En todo caso, una vez más, reiteramos nuestro ofrecimiento y disposición a colaborar en todas las iniciativas del MECD que puedan redundar en un beneficio del sistema universitario español y, especialmente, de los estudiantes. Mantenemos nuestro compromiso de diálogo para el estudio del sistema de becas, para que cumpla con el mandato constitucional de eliminar las desigualdades en el acceso a la educación superior.