El catedrático más antiguo de la Universidad de Granada, José Luis González Montes, experto en Derecho Procesal, fue el encargado de poner el broche de oro a los actos académicos que organiza la institución superior con motivo de la apertura de curso. Dio, literalmente, una lección magistral sobre sus experiencias con la justicia, unas reflexiones de su devenir en el siglo XXI que ha tenido ocasión de vivir como abogado, investigador, magistrado y miembro del Ministerio de Justicia.
Partidario de «un nuevo pacto de Estado por y para la justicia de todas las fuerzas políticas que suponga dejarla fuera de los avatares políticos que tanto han perjudicado en los últimos años», González Montes no dudó en recordar todos los organismos jurídicos que están paralizados por culpa de la politización. Desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pero también se refirió a la judicialización de la política: «debe existir una responsabilidad política con independencia de la responsabilidad penal».
Con la politización de la justicia el profesor no apuntaba al conjunto de jueces y magistrados, sino al órgano al que constitucionalmente se le atribuye el gobierno del poder judicial, al Consejo General del Poder Judicial.
«Los sucesivos cambios que se han producido en la normativa, autonómicas y estatales, la última en 2001 con el nuevo sistema de elección de los vocales del Consejo, parecen poner en peligro la intangibilidad del poder judicial», dijo el catedrático, sobre todo hoy, cuando la sociedad tiene un mayor acceso y, por tanto, una mayor preocupación del funcionamiento de la Justicia.
En su particular radiografía de la justicia española, el catedrático de la UGR recordó que España se encuentra en el media de países europeos en porcentajes del PIB dedicado a la justicia, con el 0,3%, muy similar al resto «si se tiene en cuenta Alemania (punto de referencia en este campo) donde es del 0,38%.
Sin embargo, González Montes, dijo que «el número de jueces profesionales en España es más bajo que el de los países de su entorno». Según la última memoria del Consejo, España tiene 10.1 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que Italia tiene 11, Francia 11,9 y Alemania 24,5. En cambio, el sistema español cuenta con uno de los índices más altos de funcionarios, 93 por cada 100.000 habitantes, cuando Alemania tiene 70, Italia 46 y Francia 24. Y las ratios españolas de dispersión organizativas son las más altas de Europa.
El profesor lanza unas claves para mejorar el panorama: «una mayor concentración de los órganos judiciales; una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la que impera data de 1882; más jueces que se dediquen a instruir y más fiscales a investigar».
No quiso pasar por alto el macrojuicio que se inició ayer en Málaga con el caso Malaya: «pregúntenle a los fiscales que llevan este juicio cómo están investigando. Hay que aumentar las plantillas de los fiscales», reclamó.
