Ecologistas en Acción ha celebrado la emisión íntegra en RTVE de la serie documental ‘Las riberas del mar océano’, en la que se muestra «la presión y la destrucción a la que está sometida» la costa española, a pesar del «intento de censura» en marzo de este año por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino «censuró» en marzo de 2010.

   Así, la asociación aseguró en marzo que el departamento que dirige Elena Espinosa, vetó una parte de los contenidos de la serie respecto a la corrupción urbanística del litoral con el objetivo de «enmascarar la cruda realidad de la destrucción de la costa que no deja exento al Ministerio, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos».

   Ecologistas en Acción denunció, en aquella ocasión, lo que califica de «atentado contra la libertad de expresión». Por este motivo ahora considera que la difusión de la serie es un «paso adelante en la transparencia informativa, un derecho de la sociedad que está cansada de recibir información sesgada y maquillada».

   En ese sentido, destaca que la serie, dirigida por el catedrático de costas de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada, consta de 13 capítulos que recorren el literal español así como la «infinidad de desastres ecológicos producidos por la acción o la omisión de diferentes administraciones y que han generado un paisaje costero artificializado y devastado».

   Asimismo, subraya que la producción exhibe la belleza de la costa, la importancia de mantener su equilibrio por su alta fragilidad y que la acción humana ha ido modificando y rompiendo la franja costera «de una manera desorbitada».

MINISTERIO SEÑALA ERRORES

   Por su parte, fuentes del MARM han asegurado a Europa Press que «no se oponen a la difusión», sino que el departamento se limitó a advertir a la cadena sobre «algunos errores o inexactitudes» del documental y, ha defendido que, en ningún caso se ha interferido en la libertad de expresión por lo que considera que no ha existido censura.

   A este respecto, el MARM emitió un comunicado el 15 de marzo en el que negaba «haber vetado o censurado» la citada serie y recordaba que había sido encargada por el propio ministerio sobre la situación del litoral española.

   Según estas fuentes, no se cuestiona su emisión pero incluía varios errores que se pidió que fuesen rectificados, algo que ya se ha efectuado.

   «No cuestiona su emisión, aunque lamenta que en aras a la libertad de creación la misma incluya datos no fiables, que pidió fueran rectificados», señaló entonces el MARM.

   Concretamente, de los 13 capítulos, se solicitaron seis correcciones «puramente técnicas» debido a errores e inexactitudes en «algunos de ellos» y, por considerar que se trata de una serie divulgativa y didáctica «no puede contener ningún tipo de incorrección o inexactitud, ni dar pie a interpretaciones tendenciosas».

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Los sindicatos convocantes de la huelga general del próximo 29 de septiembre, CCOO y UGT, han mostrado su preocupación ante la «actitud» de algunas empresas granadinas, especialmente en el sector servicios, en las que sus trabajadores están alertando de amenazas de despidos a las plantillas, por lo que han solicitado la presencia de piquetes informativos en los centros de trabajo que garanticen su derecho a secundar los paros.

   Así lo ha señalado en rueda de prensa la secretaria general de UGT de Granada, Manuela Martínez, que ha recordado que el ejercicio de la huelga es un «derecho constitucional», por lo que el empresario que «lo coarte» podrá ser «denunciado».

   Por su parte, el responsable provincial de CCOO, Ricardo Flores, ha lamentado la actitud de la patronal, que ha asegurado públicamente «que no permanecerá pasiva ante la convocatoria de huelga». «Desde CCOO esperamos que esto no suponga una coacción para que los trabajadores y trabajadoras ejerzan libremente su derecho a la huelga», ha apuntado.

   Tanto Flores como Martínez esperan que la huelga general sea «una gran movilización social» y han mostrado su seguridad en que el Gobierno va a rectificar después del 29-S. «Sería la primera vez que un Ejecutivo no escucha la voz de los trabajadores expresada en una huelga general. Después del próximo miércoles, los sindicatos de clase recuperarán su lugar como agentes sociales en el Estado Social y de Derecho, retomando la Negociación Colectiva y el Diálogo Social», ha señalado Martínez.

   Según han informado, en la provincia se van a celebrar dos manifestaciones para el próximo miércoles: una en Granada que comenzará a las 12,00 horas desde calle Arabial hasta la Subdelegación del Gobierno, y otra en Motril, con salida a las 11,00 horas desde el edificio sindical.

   Ambos responsables sindicales han celebrado por otra parte que los servicios mínimos se hayan establecido mediante un acuerdo, «lo que es bueno para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la huelga».

SERVICIOS MÍNIMOS EN LOS PRINCIPALES SERVICIOS

   En Granada, en el servicio de autobuses urbanos, se han fijado como servicios mínimos el 25 por ciento de la flota en horas punta y el resto del día sólo un vehículo por línea, aunque puede que la empresa concesionaria, Transportes Rober S.A., haga una reestructuración de las líneas en función de las necesidades de los usuarios, según ha señalado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Juan Francisco Muñoz (CCOO).

   No se han fijado aún para el servicio de taxis, ya que los trabajadores no han mostrado su respaldo a la convocatoria, si bien la Gremial ha previsto fijar un número de vehículos necesario para atender las urgencias y otros problemas, según ha confirmado su presidente, Manuel Cebrián.

   Los trabajadores de las obras del Metro está previsto que trabajen con normalidad, aunque alguno de los obreros decida secundar la huelga. En principio, sólo será obligatorio que abran las oficinas y el registro, según ha señalado Francisco Ruiz Dávila, director del Metro.

   No habrá tampoco servicios mínimos en la Alhambra, ni en los comercios, ni en los mercados, ni en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, e incluso se prevé un reforzamiento de Policía Nacional para evitar disturbios en sus zonas de influencia, es decir en Granada, Baza y Motril, han apuntado fuentes de la Policía Nacional.

   Por lo que se refiere al sector de la justicia granadina, se han fijado servicios mínimos similares a otras huelgas, esto es, en los juzgados de guardia y un funcionario de cada cuerpo (tramitación, gestión y auxilio) en los órganos jurisdiccionales.

   De todos modos, según han señalado fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que no se ha sumado a las reivindicaciones de CCOO y UGT en lo que a la huelga general concierne, no se espera un seguimiento «masivo», ya que en la pasada convocatoria de huelga, que afectaba al funcionariado público, sólo secundaron la protesta el 15 por ciento de los empleados de justicia.

   Por lo que respecta a la Universidad de Granada, los sindicatos y el Rectorado han acordado para el 29 de septiembre que en cada centro académico trabaje el decano y una persona de Conserjería por turno; en el resto de edificios, un responsable administrativo, una persona de Conserjería y un controlador de edificios por centro en turno de noche en aquellos centros atendidos por personal propio; en los Servicios Centrales, un funcionario de registro, un conductor, y una persona de Conserjería por turno en sus cinco edificios, además de una personas del servicio de informática en otros dos edificios.

   En los Colegios Mayores y Residencias se ha garantizado la apertura durante las 24 horas con turnos en los que participarán directores y administradores auxiliados por el personal imprescindible. En Mantenimiento también se ha fijado un encargado, y en el animalario también trabajará una persona del área de experimentación y protección animal.

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