Habilitaciones

Montserrat Ponsà Fontanals. Catedrática de Biología Celular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro de la 1ª Comisión de Habilitación Nacional de Catedráticos del Área de Biología Celular.
EL PAÍS/Opinión – 26-01-2004

Los responsables del ministerio que han redactado la nueva ley de universidades, la LOU, pretenden con su aplicación mejorar el nivel de calidad de los profesores seleccionados, facilitar la movilidad y evitar la endogamia. He formado parte como miembro de la primera Comisión de Habilitaciones para seleccionar los candidatos que pueden optar a las plazas de catedrático de Biología Celular. Un proceso largo que ha durado todo el primer cuatrimestre del curso, con un coste muy alto de dedicación por parte de los miembros de la comisión y de los candidatos, afectando las actividades habituales de investigación y docencia en las universidades.

El resultado del proceso de selección muestra, como ya era de suponer, que los mejores candidatos tienen sus grupos de investigación formados en las universidades donde actualmente ocupan la plaza, fruto de muchos esfuerzos y de años de dedicación. Sólo se trasladarían a otra universidad si se les ofrecieran mejores condiciones salariales, profesionales y/o de trabajo para ellos y para su equipo investigador. Como esto no está previsto en el actual sistema, se quedarán en su universidad de origen esperando la posible promoción dentro de la misma.

Las habilitaciones, como otros sistemas anteriores de selección de profesorado, pueden servir para elegir los mejores candidatos, pero de ninguna manera para promover la movilidad del profesorado; para ello hacen falta otro tipo de actuaciones.

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No olviden la universidad

JUAN A. VÁZQUEZ
EL PAÍS/Educación – 26-01-2004

No olviden la universidad, no olviden la educación, me permití invocar en unas recientes jornadas organizadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y esa llamada, que pretendía hacer oír la voz de la universidad, parece haber tenido un momentáneo eco. Que en esa necesidad de hacer presente a la universidad en el debate social, de apoyarla más decidida y activamente, de establecer un compromiso recíproco con la sociedad, hayan coincidido además representantes del mundo financiero, empresarial, sindical, de las administraciones autonómicas y, en cierto modo, hasta del Gobierno y de la oposición, ya es algo verdaderamente singular en este país, más proclive al desencuentro que a los grandes acuerdos, y se debe, seguramente, al reconocimiento del papel de liderazgo que corresponde a la universidad en esta era de la sociedad del conocimiento.

Esa coincidencia se debe quizá también a la constatación de que la educación se ha convertido en la más poderosa palanca de desarrollo, de igualdad de oportunidades y de movilidad social de nuestro país en las pasadas décadas, a la convicción de que el educativo constituye no sólo el gasto social más rentable, sino una verdadera inversión, y a la comprobación de que la universidad ha experimentado un profundo proceso de modernización y de renovación que la sitúa ahora en condiciones de dar el nuevo salto cualitativo que requiere la sociedad del conocimiento.

Son tantos y tan profundos, en efecto, los cambios registrados y los que todavía se han de registrar que estamos ante un nuevo escenario y casi ante un nuevo paradigma respecto de las funciones que ha de desarrollar la universidad y a cómo ha de hacerlo.

Sometidas a crecientes demandas sociales, en el contexto de nuevos marcos y funciones, bajo la presión de nuevas dinámicas de competencia, de garantías de calidad y de eficiencia en el uso de los recursos, las universidades están viviendo un momento crucial en el que se plantean simultáneamente exigentes objetivos de gestión y de reforma, en el que ya no basta que las universidades funcionen, sino que es imprescindible saber cómo lo hacen, porque la sociedad, los financiadores, los procesos de competencia, la dinámica de diferenciación, las metas de calidad, exigen el análisis de los rendimientos y de los resultados de sus actividades.

Es éste, además, un momento singularmente decisivo porque se plantea ahora el trascendental reto de la convergencia europea de la educación universitaria. Decía Jean Monnet, uno de los padres de la idea de la unidad europea, que si tuviera que empezar otra vez, empezaría por la educación y, aunque con décadas de retraso, por ahí se ha vuelto a empezar al abordar el reto de la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, que constituye una gran oportunidad de renovación y de reforma y que nos emplaza a una de las tareas académicas más apasionantes y complejas: la de conjugar igualdad y diversidad para aproximar nuestras estructuras, la de hacer equiparable nuestro sistema universitario con los europeos, la de favorecer la movilidad universitaria, la de desplazar la perspectiva de las enseñanzas al punto de vista del estudiante y del aprendizaje, la de fomentar la empleabilidad de nuestras titulaciones, la de garantizar la calidad y la competitividad de las universidades del Viejo Continente. En esas metas tenemos plenas seguridades y habrá que avanzar en ellas sin urgencias pero sin demoras, con la implicación activa e ilusionada de la comunidad universitaria y con la imprescindible referencia de la voz de los empleadores, con flexibilidad pero con rumbos bien definidos para que no venga al caso lo que diría Martín Fierro, llegar habrá que llegar, luego ya veremos a dónde.

En fin, que por estas y otras razones las universidades afrontan una etapa decisiva y, aunque entre el dicho y el hecho ya se sabe que hay siempre un buen trecho, es verdaderamente relevante que en un momento como éste se hayan expresado tantas coincidencias y sumado tantas voluntades al objetivo de plantearse conjuntamente una especie de nuevo contrato social sobre las bases de: un compromiso real y activo de la sociedad con la universidad como institución estratégica en la era del conocimiento; un nuevo clima de acuerdo en la definición de las grandes políticas universitarias y en el establecimiento de un marco adecuado de financiación de la educación superior y de la investigación; un acercamiento mayor entre la universidad, las administraciones y, especialmente, el sistema productivo, y un compromiso de las propias universidades por la optimización de sus recursos, la eficacia en sus rendimientos y la eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

Sobre esas bases se pueden desplegar los objetivos y establecer las cláusulas de los compromisos recíprocos del nuevo contrato con la universidad de la sociedad del conocimiento, en varios órdenes. En el de una mayor financiación, pero asociada a exigencias de eficacia en la gestión y los resultados del servicio universitario. En la ampliación de los fondos destinados a ciencia y tecnología, pero con una mayor y mejor vinculación de los mismos con la universidad. En el reforzamiento de la conexión de la universidad con el sistema productivo, a través de nuevos canales y estructuras y corrigiendo los déficit de relación que aún subsisten. En el fomento de la competencia, pero sobre el punto de partida de la igualdad de oportunidades. En propiciar la diversidad y la diferenciación, pero manteniendo eficaces mecanismos de coordinación que eviten la completa fragmentación del sistema universitario. En acometer con decisión las reformas, pero acertando a impulsar e implicar en su efectivo desarrollo porque reformar, como decía Ortega, es crear usos nuevos, más allá de un empacho normativo que hace pensar que quizá a la universidad lo que le sobra son normas y lo que le falta es vida.

Para ese paso definitivo que se pretende dar desde la universidad de la cantidad a la de la calidad, es evidente que se precisan adecuados recursos, porque la calidad sin recursos se queda en pura retórica, porque para la universidad de la sociedad del conocimiento, a la que se piden cada vez más, mejores y distintos servicios y funciones, ya no basta el voluntarismo con el que hasta ahora han logrado rentabilizar ejemplarmente sus escasos recursos. Insistir en ello nos ha valido a los rectores españoles una cierta fama de orden mendicante, aunque nadie se extraña de que los presidentes de las universidades americanas dediquen buena parte de sus esfuerzos a la captación de fondos y a acciones de mecenazgo que tan poco arraigo tienen en la cultura de nuestro país.

Comprometidos, pues, como estamos ahora en ambiciosos proyectos de reforma, en iniciativas múltiples de mejora de la calidad y de la competitividad de nuestro sistema universitario, resulta indispensable plantearse en este momento la relación entre medios y fines, entre recursos y objetivos, y retomar rigurosa y urgentemente la cuestión de la financiación universitaria. Porque habría también que converger con Europa en la participación del gasto educativo en el PIB, habría que promover más potentes programas de becas, movilidad, calidad, innovación y reforma de las enseñanzas, habría que avanzar hacia criterios de corresponsabilidad entre las diversas administraciones y habría que tratar de alcanzar un verdadero pacto de Estado para la financiación universitaria.

Ahora es el tiempo para ello. Ahora que es tiempo de propuestas, no olviden la universidad, con el compromiso recíproco de que tampoco la universidad ha de olvidar a la sociedad. No olviden, en general, la educación, no fuese a ser que algún día llegase a ocurrir lo que Gabriel García Márquez decía de sí mismo: Desde muy pequeño tuve que abandonar mi educación para empezar a ir a la escuela.

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Competitividad y universidad

Fernando Fernández Méndez de Andés (Rector de la Universidad Europea de Madrid)
CINCO DIAS/Opinión – 23-01-2004

Europa no va a recuperar crecimiento con grandes programas de inversión en obra pública, sino con reformas que liberen su potencial productivo

Para aumentar la competitividad de la economía española es necesario incrementar el nivel del gasto, tanto público como privado, en investigación y desarrollo. El autor sostiene que esta mejora está ligada a la universidad, su organización y su financiación

La economía ha ido razonablemente bien estos años, pero existen dudas sobre la continuidad de este bienestar. Dudas que giran en torno a la competitividad de la economía española en el marco de la globalización y la ampliación de la Unión Europea. A efectos de política económica, la globalización es una realidad incuestionable. Lo mismo sucede con la ampliación de la Unión o con la apreciación del euro. No se trata de preguntarnos sobre sus efectos, sino de aprender a convivir con ellas

La competitividad es un problema de oferta. Europa no va a recuperar tasas de crecimiento cercanas a su potencial con macroprogramas de inversiones en obra pública por valor de €220.000 millones de euros, sino con reformas estructurales que liberen su potencial productivo. Pero la economía política tiene sus exigencias y es mucho más fácil poner de acuerdo a 25 Gobiernos en aumentar el gasto que en realizar ajustes en los mercados de trabajo y bienes. Son esclavitudes ciertas de la construcción europea, pero nadie debería engañarse sobre sus consecuencias. Crecer es mucho más complicado que gastar sin límite. Hay impactos inflacionistas y de expectativas en los tipos de interés que no podemos ignorar. Por hacerlo ya tuvimos una década de estancamiento con inflación en Europa.

Aumentar la competitividad de la economía española exige aumentar el nivel del gasto, público y privado, en investigación y desarrollo. Sobre todo el privado, como reconoce hasta la OCDE. Y eso tiene mucho que ver con la universidad, con su organización y su financiación. El semanario británico The Economist recoge un estudio del Centro de Estudios de Política Educativa de Oxford (Oxceheps) que estima en 13.800 libras el coste de la enseñanza en una licenciatura en esa universidad, y la matrícula vale sólo 1.125 libras, que subirían hasta un máximo de 3.000 si el proyecto Blair llegara a ser aprobado. Esta diferencia explica por qué los catedráticos de Oxford cobran una tercera parte que sus equivalentes en Harvard, tienen el doble de alumnos y la cuarta parte de profesores ayudantes. Y obviamente por qué se van si tienen una oportunidad.

Las dificultades de financiamiento de la universidad europea hunden sus raíces en la demagogia del gratis total. Sin dudar de las importantes externalidades positivas que tiene el acceso a la educación superior, y del valor de la movilidad social, no parece un atrevimiento excesivo preguntarse si el reparto de los beneficios privados y sociales de la universidad es del orden de 1 a 10. Porque ese es el orden de magnitud de la financiación privada y pública. Tan razonable es esto que la política universitaria en Europa persigue aumentar significativamente las vías alternativas de financiación.

Dos son los más evidentes, los recursos propios y las tasas. Por los primeros entendemos la venta de servicios de consultoría e investigación, con una aportación marginal del merchandising. Abrir la universidad a la empresa requiere más que palabras. Puede implicar, por ejemplo, que las ayudas públicas a la investigación estén condicionadas a la existencia previa de empresas privadas interesadas en el proyecto. Y puestos a hacer demagogia, en vez de sospechar cuando un proyecto tiene financiación privada, quizás deberíamos sospechar de su utilidad cuando no la tiene. Si no hay nadie dispuesto a arriesgar su dinero, por qué va a hacerlo el Estado. Ya sé que no es aplicable a todas las disciplinas, pero quizá la política científica debería invertir la carga de la prueba y obligar a justificar la naturaleza básica, y por lo tanto inaprensible privadamente, de los proyectos que no cumplan esa condición.

Las tasas de matrícula son la otra fuente disponible de recursos. Hay un amplio espacio para subirlas. Y financiarlas con becas o con créditos. Pero como ningún partido que aspire a gobernar lo va a incluir en su programa, se me ocurre una propuesta radical. Podríamos publicar el coste real de la matrícula en las distintas titulaciones españolas de cada universidad, y contabilizar como becas la diferencia entre el coste real y la matrícula. Aunque sólo fuera para mejorar nuestra posición en los rankings de gasto en becas. Pero también nos serviría para descubrir que a lo mejor tenemos recursos dentro del propio Ministerio de Educación para poner un ordenador a cada dos alumnos y dar una enseñanza primaria bilingüe. Y de paso mejoraría la competitividad de nuestra economía, porque el rendimiento social de la inversión en educación es decreciente con los años de escolarización y no pondríamos en peligro el diferencial de inflación.

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