Dos frases para la historia. Una: «Nosotros, con la ayuda de ese gran instrumento de la Constitución, conseguiremos consolidar la democracia, marchar adelante en el camino de la Justicia y estructurar definitivamente España». La otra: «La consideramos una Constitución válida para todos los españoles, una Constitución que viene a hacer punto y raya con el pasado […]. Una Constitución –y por eso vale para todos- con la cual sería posible realizar transformaciones socialistas en nuestro país».

Las dos quedaron grabadas en el Diario de Sesiones del 31 de octubre de 1978. El día en que Congreso y Senado sancionaron una Carta Magna cuya gestación había durado 15 meses. No enunció las frases la misma persona, ni siquiera dos diputados de la misma familia política. Uno, el primero, era Jordi Pujol. El otro, Santiago Carrillo. CiU y PCE. Dos de las siete formaciones que apoyaron aquel día la Constitución. Y dos de las nueve fuerzas que hoy, en 2011, se han negado a refrendar la primera gran reforma de aquel texto de 1978, acordada para imponer un corsé al déficit y la deuda.

Un primer vistazo a los números dice poco: hace casi 33 años, respaldaron la Ley Fundamental 325 diputados; el viernes, 316 avalaron el retoque de la Constitución. Apenas nueve votos menos.

Pero si se hurga más, emerge la evidencia: la Carta Magna ha perdido apoyo político y social. En la Cámara Baja, sólo se abstuvieron en 1978 PNV y ERC. Y sólo votó en contra el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE). En total, los tres partidos contaban con el respaldo de los 501.564 sufragios logrados en las urnas en las generales del 15 de junio de 1977. O sea, el 2,75% del total de votos válidos de aquellas generales. Claro que también podría sumarse el peso de los ocho de los 16 diputados de Alianza Popular (hoy, PP): tres se abstuvieron y cinco votaron en contra.

La reforma de 2011 ha dejado a más ciudadanos fuera. Las nueve formaciones que o rechazaron el texto o se plantaron en la votación -CiU, PNV, IU, ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, UPyD y Nafarroa Bai- representan a 3.109.287 españoles. Es decir, un 12,09% de los votos válidos en las legislativas del 9 de marzo de 2008. Todo ello a falta de que el nuevo texto, a su paso por el Senado esta semana, incorpore el aval convergente.

Mirando las cifras del revés, por el lado de los que apoyaron y apoyan la Constitución, también se palpa el bajón. En 1978, las siete fuerzas que impulsaron la Carta Magna recabaron un año antes 16,4 millones de papeletas, un 89,87%. En 2011, PSOE, PP y UPN agrupan a 21,5 millones, el 83,81%. Los datos, con todo, tienen matices, porque en la Transición la concentración del voto era menor: UCD, socialistas y AP pescaron el 71,97% de los sufragios.
La ‘gran coalición’

La ausencia de referéndum podría mermar el aval social a la Constitución

Pasado el examen cuantitativo, falta el cualitativo, el análisis de los resultados a medio y largo plazo. Y este aún deja menos dudas. Es, al menos, la apreciación de la mayoría de expertos consultados por Público. Por lo pronto, entienden que la ruptura del consenso constitucional, la exclusión de los nacionalistas -singularmente, CiU- y la izquierda minoritaria -entonces encarnada en el PCE y hoy en IU- es una «mala noticia» con consecuencias más que superficiales. Aunque peor pinta puede tener para el futuro que la reforma no se someta a referéndum, pues podría aumentar el «abismo» entre políticos y ciudadanos.

Para empezar, PSOE y PP han innovado. «Han editado una alternativa al modelo de consenso de 1978 e incluso al esquema de acuerdo del Estatut, que basculó sobre socialistas y nacionalistas. La alternativa es la gran coalición. Se arbitra un nuevo modelo para la toma de decisiones institucionales de largo recorrido», avanza Miguel Azpitarte, constitucionalista de la Universidad de Granada. La operación tiene sus riesgos, añade, porque «los partidos nacionalistas son claves para la integración territorial» y la gobernabilidad del Estado.

La gran coalición preludia, para algunos analistas, un cuestionamiento de la arquitectura autonómica. El propio Azpitarte halla los primeros síntomas en la sentencia del Estatut de Catalunya o en el fallo que anuló la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir. «Estamos ante una involución, un capítulo más del delirio centralizador», juzga Hèctor López Bofill, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.

«Será esa la intención, recentralizar, reformar el Estado de las autonomías por la puerta de atrás con la disculpa de la crisis», conviene el historiador de la Universidade de Santiago Lourenzo Fernández Prieto. Y avisa enseguida: «Si algo demuestra la historia es que es imposible», que matar el sentimiento nacional es inútil.

Dos de las siete fuerzas que la apoyaron en 1978 se han negado ahora a dar el sí

O «suicida», como señala Ignacio Sánchez-Cuenca, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): «El PSOE jamás se metería en el lío» de cambiar el mapa de reparto de competencias «sin los nacionalistas… aunque el PP sí pudiera tener la tentación». Y tal vez ni siquiera quepa este último extremo, ya que Mariano Rajoy necesitará del concurso de CiU y PNV, a menos que logre la mayoría absoluta el 20-N, recuerda el historiador de la Universidad de Zaragoza José Luis Ledesma.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, ni siquiera otorga un carácter duradero a la entente de los dos grandes, «porque más que un pacto PSOE-PP, ha habido adhesión del PSOE a lo que el PP pedía». Tampoco Juan María Bilbao, constitucionalista de la Universidad de Valladolid, prevé que se consolide la gran coalición, «por mucho que aprieten los mercados». Básicamente, porque las heridas entre los mayoritarios sangran, y mucho, y las relaciones son «muy hostiles».
¿Fractura subsanable?

Marginar a IU, para Bilbao, tampoco es un pecado menor, porque el PCE en 1978 fue un pilar clave de la Transición. Sí es cierto que su peso electoral y parlamentario ha decrecido, aunque ello no disipa la idea de que con su «empeño de pactar juntos», PP y PSOE buscan «reforzarse a sí mismos aislándose de los demás», opina Fernández Prieto.

Analistas ven, junto al fallo del Estatut, un riesgo para el actual modelo del Estado autonómico

De los expertos consultados, sólo dos relativizan la exclusión de nacionalistas e IU. Javier Fernández Sebastián, historiador de la Universidad del País Vasco, estima que «mucho peor habría sido» una ruptura entre los dos grandes. Y su colega de la Complutense Rafael Cruz cree «exagerado» comparar la reforma de un artículo de la Carta Magna -el 135- con el pacto constitucional, que no ve roto aún: «Es nacionalista y provinciano pensar que los españoles podemos hacer lo que queramos. Estamos en Europa».

Juristas, sociólogos e historiadores anticipan que la fractura de grandes y pequeños, en buena medida engordada por la proximidad del 20-N, tendrá «difícil» reparación. Pero no será irreversible, sobre todo si en el futuro, concede Bilbao, se procede a una reforma de la Carta Magna «en condiciones», en profundidad y contando con las minorías.

Y con referéndum por delante, claro. Porque si hay un aspecto que los docentes afean a PSOE y a PP es que hayan emprendido un cambio de tanto calado en tan poco tiempo y sin sondear a la ciudadanía. «No han cometido ninguna ilegalidad, pero muestran falta de cercanía y respeto a los españoles», indica Gómez. «En cuestiones claves hay que preguntar. Hacemos escaso uso de este instrumento», apuntala Bilbao.

Azpitarte entrevé que si los dos grandes se niegan se debe a que la consulta no es tan «superflua», a que hay miedo a que los españoles tumben la reforma, una respuesta difícil de digerir. López Bofill lo comparte. Fernández Prieto, sin embargo, aporta una razón que entronca con 1978: «Creen que la sociedad sigue inmadura, menor de edad para la democracia, como se pensaba en la Transición».

La factura electoral de la reforma recaerá en el PSOE, según los expertos

«Grave es hacer esta reforma sin parte del espectro parlamentario, pero más grave aún es que se ahonde el abismo entre ciudadanía y clase política, que no se convoque un referéndum justo ahora, con la amplísima contestación del 15-M, que reclama mayor participación democrática. Los políticos están jugando con fuego», sanciona Ledesma, quien opina que la Carta Magna podía haber ganado «apoyo social» si se hubiera procedido a una modificación a fondo, que «contemplara retoques urgentes, como la supresión de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona o la reforma del Senado». Sánchez-Cuenca también sitúa en el rechazo a la consulta «la consecuencia más preocupante»: «Las razones para no hacerlo son muy endebles. Es como dar en las narices al 15-M donde más les duele».
Abstención, IU o Equo

Como resultado, crecerá la abstención y la traslación de voto a IU o Equo, y en menor medida a los partidos nacionalistas, según calculan los expertos. Y convergen en que el PSOE se ha dejado demasiados pelos en la gatera, y será el más castigado el 20-N por sus bases. «El PP ha pasado a ser el centro, Rajoy aparece como el adalid del consenso, ha ganado puntos y puede aprovechar el tirón… aunque luego vaya a recortar y se avecinen conflictos», dice Cruz. Sánchez-Cuenca avisa de que las reformas institucionales «normalmente tienen poca traducción electoral», si bien ahora, con el 20-N tan cerca, cabe pensar que afectará a Alfredo Pérez Rubalcaba.

La bofetada vendrá porque, a fin de cuentas, la imposición de un techo de déficit tiñe de un cierto conservadurismo la Constitución. Ledesma, Fernández Prieto, López Bofill o Azpitarte no ponen paños calientes: sí, es así, el nuevo 135 puede mutilar el Estado del bienestar, justificar los ajustes sociales. Y no en un futuro a años vista. Ya se ve ahora. Y señalan con el dedo el ejemplo más reciente y notable: María Dolores de Cospedal, la baronesa del PP que desde Castilla-La Mancha comanda la «siembra» de recortes que Rajoy acaricia para España.
LAS VOTACIONES DE 1978 Y 2011

-En 1978, el pleno del Congreso del 31 de octubre aprobó el texto constitucional por 325 votos a favor, seis en contra y 14 abstenciones. Lo apoyaron UCD, PSOE, Partido Comunista de España (PCE), Partido Socialista Popular (PSP, el partido de Enrique Tierno Galván), ocho de los 16 diputados de Alianza Popular, la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) y los predecesores de CiU. En 1977, Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Jordi Pujol, había concurrido en la coalición Pacte Democràtic per Catalunya, que formaban CDC, Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament, Esquerra Democràtica de Catalunya, Front Nacional de Catalunya e independientes. Por su parte, Unió Democràtica de Catalunya se presentó en la alianza Unió del Centre i la Democràcia Cristiana.

En contra votaron el diputado de Euskadiko Ezkerra y cinco representantes de AP. Y se abstuvieron PNV, ERC, cinco parlamentarios de AP, dos diputados de UCD y uno del Pacte Democràtic per Catalunya.

-El pasado viernes, 2 de septiembre de 2011, respaldaron la reforma del artículo 135 de la Carta Magna 316 diputados (PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro).

Se emitieron cinco votos en contra: dos del PSOE (Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, para mostrar su rechazo al nuevo texto, y José Manuel Bar Cendón, por error), dos de Coalición Canaria y uno de UPyD.

El acta de la sesión refleja 29 ausencias. Primero, tres diputados del PSOE disconformes con la reforma (Juan Antonio Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias, de Izquierda Socialista, y Manuel de la Rocha), que no acudieron al pleno. Después, dos ausencias justificadas del PP (Pilar González Segura y Dolors Nadal). En tercer lugar, los 6 diputados del PNV y los 10 de CiU que se mantuvieron en sus escaños pero no apretaron botón alguno. Y en último término, los 5 parlamentarios de ERC, ICV, BNG y NaBai que se salieron del hemiciclo para repudiar plásticamente el retoque de la Carta Magna. Gaspar Llamazares (IU) se quedó en el salón de plenos para vetar las enmiendas transaccionales que PSOE y PP ofrecieron a CiU, pero tampoco votó.

En total, las nueve fuerzas que o se plantaron o votaron en contra de la reforma (CiU, PNV, IU, ICV, ERC, BNG, CC, UPyD y NaBai) sumaron 27 escaños. Y cinco diputados del PSOE, mientras, rompieron la disciplina de partido.

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De la niña de Rajoy al «Buenas noches y buena suerte», al estilo del periodista Edward Murrow, con el que José Luis Rodríguez Zapatero se despidió de los espectadores antes de las generales de 2008. Los debates electorales en televisión, además de anécdotas como estas, dejan una sucesión de artículos de opinión, análisis de expertos y reacciones políticas. Siempre que los haya, claro.

La legislación guarda silencio y no es un formato asentado en la cultura política española, por lo que los duelos televisivos entre candidatos a la Presidencia del Gobierno quedan supeditados a la voluntad de debatir que tengan los diferentes cabezas de lista y a los acuerdos a los que lleguen sus equipos de campaña.

Todas las cadenas generalistas han hecho ya una oferta a Rajoy y Rubalcaba

En los diez procesos electorales generales de la democracia, sólo ha habido debates en dos. En 1993, Felipe González y José María Aznar fueron los pioneros de una práctica que no volvió a repetirse hasta 2008, cuando Mariano Rajoy y Zapatero se vieron las caras en dos encuentros organizados por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, que cedió la señal a las cadenas de radio y TV que la solicitaron. En 2004, el presidente del PP se había negado a debatir con el secretario general de los socialistas.

Aunque todo apunta a que Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se verán las caras en televisión antes del 20-N, la certeza no es completa. Las televisiones y la Academia ya han hecho sus ofertas, pero los colaboradores de ambos candidatos aún no se han sentado para estudiar las fechas y el formato. Los socialistas dicen estar dispuestos a que su cabeza de lista asista «a todos los debates que se propongan desde cualquier cadena». Los conservadores prefieren reservarse hasta que no empiecen a dialogar con el PSOE.

Con la ley en la mano, nadie puede obligar a los candidatos a enfrentarse delante de las cámaras. El catedrático de la Universidad de Granada Victoriano Ramírez reprueba esta circunstancia. «Por supuesto que debería regularse. El libre albedrío conduce a injusticias. Los partidos más pequeños, que no suelen tener mucho poder económico ni político, son víctimas habituales de esa falta de legislación», afirma.

A estas alturas es impensable que no haya un careo entre candidatos

Alfredo Arceo, profesor de la Complutense experto en temas de comunicación electoral, refuerza con más argumentos la necesidad de legislar. Asegura que los debates televisados tienen una importancia «alta» y que contribuyen al aumento de los índices de participación en los comicios. «No podemos estar al capricho de los intereses de los partidos, porque normalmente estos cara a cara interesan más al candidato peor situado en las encuestas. Sería muy importante que la legislación los tuviese en cuenta», alega.
«Calidad de la democracia»

Aunque con matices, el profesor de Sociología de la Universidad Complutense y colaborador de la Fundación Alternativas Ignacio Urquizu defiende un criterio similar. Opina que una regulación de los debates electorales en televisión sería «positiva» para «mejorar la calidad de la democracia», si bien señala que una institucionalización excesiva podría acarrear pérdida de originalidad. «Lo mejor sería que no hiciera falta legislar», asegura.

Pero ¿cómo encontrar una fórmula que medie entre el reglamento y la espontaneidad de la que no debe adolecer un debate? «No es fácil. Es cierto que en otros países los debates son más frescos, los políticos leen menos. No sé si es consecuencia de la regulación de tiempos o de la falta de calidad de nuestros políticos», argumenta Urquizu.

En el otro lado está Alberto Penadés, profesor de la Universidad de Salamanca. Se muestra tajante: «No debería estar regulado». Y pasa la pelota a las empresas informativas. «Los medios de comunicación deberían convocar los debates, avisar a los candidatos y poner las sillas. Es tan sencillo como que los políticos que no asistan quedarán en evidencia», señala.
Pluralidad y eficacia

En un sistema que vira cada vez más hacia el bipartidismo, pero en el que existen 12 fuerzas parlamentarias, combinar pluralidad y eficacia en los debates es otro de los objetivos. «A la gente le interesa saber lo que va a hacer quien va a gobernar. Ante el riesgo de que los minoritarios utilicen el debate para llevarlo a los temas de su propia agenda, parece más interesante un cara a cara», afirma Urquizu.

A priori, tampoco parece fácil encontrar fórmulas intermedias que garanticen el equilibrio sin que se pierda interés para los ciudadanos y sin caer en el extremo de formatos como en el que participaron los candidatos a la Presidencia de la Generalitat Valenciana el pasado 6 de mayo y en el que los participantes no tenían siquiera posibilidad de réplica.

El catedrático Ramírez cree que debería garantizarse la diversidad. «En la situación actual hay dos grandes partidos y todas las demás formaciones medianas están muy distanciadas de ellos, por lo que está justificado que haya algún o algunos cara a cara entre los dos principales», explica. «Sin embargo agrega sería interesante diseñar alguna fórmula en la que participen los cinco o seis partidos con mayores expectativas de voto».

Precisamente, la participación en los debates electorales televisados ha sido uno de los caballos de batalla de IU, la tercera fuerza política en número de votos. Ni en 1993 ni en 2008 los candidatos de la formación tuvieron la oportunidad de batirse con socialistas y conservadores delante de las cámaras.
Un debate a tres

Tanto es así que el 25 de febrero de 2008, en plena campaña electoral, el día que Rajoy y Zapatero debatieron en televisión, el candidato de IU, Gaspar Llamazares, se pertrechó de dos clones de los duelistas elaborados en cartón con los que asistió a los actos que tenía previstos durante la jornada. Fue su manera de denunciar cómo PP y PSOE fomentan un debate que tildó de «exclusivo». Fuentes de IU aseguran que la federación recurrirá a la Junta Electoral Central si vuelven a ser excluidos de un hipotético debate. «No es compensatorio un debate a seis o siete. Estamos en nuestro derecho de defender nuestros intereses», señalan.

Las mayorías nacionalistas también apuestan por otras fórmulas. CiU reclama un «debate a tres, junto a PP y PSOE» porque considera que su presencia en la próxima legislatura será «dominante». Mientras, el PNV aboga por una fórmula «amplia» que acoja a todo el arco parlamentario.

En la misma línea se expresaron los portavoces de otras formaciones minoritarias. «No nos gusta la vida en blanco y negro, cuanto más plural sean los debates, mejor», apuntan desde ICV. En ERC opinan que es positivo que en los debates haya «una voz discrepante» para plantar cara a «esos dos partidos que muchas veces defienden lo mismo».

Desde el BNG, se manifiestan «a favor del pluralismo político, sin exclusiones», al igual que en Coalición Canaria, donde apuestan por un formato «abierto a todas las fuerzas parlamentarias». UPyD también solicita un debate «en el que se incluya a todos», al igual que Nafarroa Bai, que asegura preferir este formato frente al bipartidismo.

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