Pág. 14: Los ingenieros de Caminos emigran porque ‘aquí no hay trabajo en obras’
De la Universidad granadina a investigar en la NASA
Pág. 50 y 51 – Deportes: Giro de tuerca en la batalla de los sexos
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La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido un total de 201 ofertas a la nueva línea de incentivos para financiar proyectos de investigación aplicados a infraestructuras de obras públicas y transportes y a vivienda en Andalucía para el periodo 2012-2013, ayudas dotadas con un presupuesto de 11,9 millones de euros.
Esta nueva convocatoria, que se suma a la que se lanzó y adjudicó esta primavera por valor de 8,4 millones de euros, constituye la mayor actuación de Fomento en materia de innovación aplicada a sus actuaciones y competencias, según señala la Administración en una nota.
El periodo de recepción de ofertas, que expiró el 26 de diciembre, ha arrojado una amplia concurrencia, muy superior a la primera convocatoria resuelta esta primavera. En la relación de propuestas técnicas y económicas para el desarrollo de proyectos de I+D+I figuran la Universidad Hispalense; la Universidad de Málaga; la Universidad de Granada: la Universidad de Córdoba; la Universidad, de Cádiz; la Universidad de Jaén; la Universidad de Huelva; Universidad Pablo de Olavide; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como el Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), entre otros organismos públicos dedicados a la investigación y con sede o implantación en la comunidad andaluza.
Al margen de los grupos de investigación de carácter público, que eran las entidades que podían concurrir a esta convocatoria licitada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, también figura un importante número de pymes y corporaciones privadas, que acompañan como socios o colaboradores a estos organismos públicos en muchas de las ofertas.
De hecho, los pliegos de condiciones incentivaban a las universidades y centros tecnológicos a presentarse en colaboración con empresas privadas que tengan una participación activa en el proyecto, al objeto de fomentar la transferencia del conocimiento entre el ámbito de la investigación y el tejido productivo en I+D+I.
El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), es impulsar los proyectos de I+D+I que puedan tener una aplicación directa tanto en las actuaciones de la Consejería como en las actividades del tejido social y empresarial andaluz.
Con este nuevo concurso, la Junta pretende desarrollar soluciones innovadoras que mejoren y optimicen la ejecución de sus infraestructuras en el ámbito de los transportes y vivienda, así como materializar aplicaciones que incidan en una gestión de excelencia de los servicios públicos que presta la Consejería en sus diferentes áreas. Esta investigación redundará además en potenciar el conocimiento y adecuar las infraestructuras y servicios a los criterios de sostenibilidad ambiental, económica, energética y de equidad social.
DOTACIÓN POR PROYECTOS
Las bases de la convocatoria establecen una cuantía máxima de 400.000 euros para cada iniciativa, criterio que permitiría formalizar hasta 30 contratos para desarrollar igual número de proyectos, aunque la adjudicación del presupuesto dependerá del número de trabajos presentados y de la relevancia de cada uno de ellos. En ese sentido, la Agencia de Obra Pública valorará la calidad técnica, objetivos, metodología y planificación del proyecto; su relevancia, las características del equipo de investigación, la valoración del impacto internacional y su futura orientación al mercado, así como el impacto socioeconómico.
La nueva convocatoria, a diferencia de la primera, amplía el ámbito de la investigación al urbanismo y la vivienda, con el fin de dotar a la administración pública competente de herramientas innovadoras y necesarias para adaptar las políticas de vivienda a la realidad social y económica andaluza.
Gracias al apoyo a I+D+I en materia de vivienda se pretende poner en práctica trabajos de investigación que permitan hacer un diagnóstico real de las necesidades de vivienda en la comunidad autónoma, con el fin de diseñar medidas eficientes e innovadoras en la política de viviendas y el mercado inmobiliario andaluz. Además, se valorarán las investigaciones relacionadas con la construcción sostenible y la eficiencia energética y ambiental de las actuaciones residenciales. Asimismo, también podrán concurrir a esta convocatoria proyectos de investigación relacionados con la actividad portuaria comercial, deportiva y pesquera de la red de puertos de titularidad autonómica.
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La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido un total de 201 ofertas a la nueva línea de incentivos para financiar proyectos de investigación aplicados a infraestructuras de obras públicas y transportes y a vivienda en Andalucía para el periodo 2012-2013, ayudas dotadas con un presupuesto de 11,9 millones de euros.
Esta nueva convocatoria, que se suma a la que se lanzó y adjudicó esta primavera por valor de 8,4 millones de euros, constituye la mayor actuación de Fomento en materia de innovación aplicada a sus actuaciones y competencias, según señala la Administración en una nota.
El periodo de recepción de ofertas, que expiró el 26 de diciembre, ha arrojado una amplia concurrencia, muy superior a la primera convocatoria resuelta esta primavera. En la relación de propuestas técnicas y económicas para el desarrollo de proyectos de I+D+I figuran la Universidad Hispalense; la Universidad de Málaga; la Universidad de Granada: la Universidad de Córdoba; la Universidad, de Cádiz; la Universidad de Jaén; la Universidad de Huelva; Universidad Pablo de Olavide; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como el Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), entre otros organismos públicos dedicados a la investigación y con sede o implantación en la comunidad andaluza.
Al margen de los grupos de investigación de carácter público, que eran las entidades que podían concurrir a esta convocatoria licitada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, también figura un importante número de pymes y corporaciones privadas, que acompañan como socios o colaboradores a estos organismos públicos en muchas de las ofertas.
De hecho, los pliegos de condiciones incentivaban a las universidades y centros tecnológicos a presentarse en colaboración con empresas privadas que tengan una participación activa en el proyecto, al objeto de fomentar la transferencia del conocimiento entre el ámbito de la investigación y el tejido productivo en I+D+I.
El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), es impulsar los proyectos de I+D+I que puedan tener una aplicación directa tanto en las actuaciones de la Consejería como en las actividades del tejido social y empresarial andaluz.
Con este nuevo concurso, la Junta pretende desarrollar soluciones innovadoras que mejoren y optimicen la ejecución de sus infraestructuras en el ámbito de los transportes y vivienda, así como materializar aplicaciones que incidan en una gestión de excelencia de los servicios públicos que presta la Consejería en sus diferentes áreas. Esta investigación redundará además en potenciar el conocimiento y adecuar las infraestructuras y servicios a los criterios de sostenibilidad ambiental, económica, energética y de equidad social.
DOTACIÓN POR PROYECTOS
Las bases de la convocatoria establecen una cuantía máxima de 400.000 euros para cada iniciativa, criterio que permitiría formalizar hasta 30 contratos para desarrollar igual número de proyectos, aunque la adjudicación del presupuesto dependerá del número de trabajos presentados y de la relevancia de cada uno de ellos. En ese sentido, la Agencia de Obra Pública valorará la calidad técnica, objetivos, metodología y planificación del proyecto; su relevancia, las características del equipo de investigación, la valoración del impacto internacional y su futura orientación al mercado, así como el impacto socioeconómico.
La nueva convocatoria, a diferencia de la primera, amplía el ámbito de la investigación al urbanismo y la vivienda, con el fin de dotar a la administración pública competente de herramientas innovadoras y necesarias para adaptar las políticas de vivienda a la realidad social y económica andaluza.
Gracias al apoyo a I+D+I en materia de vivienda se pretende poner en práctica trabajos de investigación que permitan hacer un diagnóstico real de las necesidades de vivienda en la comunidad autónoma, con el fin de diseñar medidas eficientes e innovadoras en la política de viviendas y el mercado inmobiliario andaluz. Además, se valorarán las investigaciones relacionadas con la construcción sostenible y la eficiencia energética y ambiental de las actuaciones residenciales. Asimismo, también podrán concurrir a esta convocatoria proyectos de investigación relacionados con la actividad portuaria comercial, deportiva y pesquera de la red de puertos de titularidad autonómica.
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La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Universidad Nacional de Avellaneda firmaron un Convenio de Cooperación Técnica con la Universidad de Granada, España, para trabajar con esa casa de estudios en la investigación de patologías vinculadas al desarrollo infantil y su asociación con contaminantes ambientales.
El vicepresidente ejecutivo de la ACUMAR, Lic. Antolín Magallanes, el Director General de la Salud Ambiental, Dr. Fernando Nunes y el Rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Fabián Calzoni, viajaron a España para formalizar un acuerdo interinstitucional con la Universidad de Granada. Además, participaron de varias reuniones de trabajo con grupos de investigación para evaluar la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos sobre contaminantes ambientales y su influencia en el neurodesarrollo: grupo de Investigación de Neuropsicología y Psiconeuroinmunología Clínicas y grupo de Investigación de Aspectos Psicosociales y Transculturales de la Salud y Enfermedad.
Las autoridades argentinas visitaron el Parque Tecnológico de la Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud y dieron una charla de la que participó el equipo de gobierno de la Universidad de Granada, en la que expusieron la experiencia alcanzada por la Dirección General de Salud Ambiental de la ACUMAR en el desarrollo de los diversos trabajos de investigación y asistencia clínica de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo.
La Universidad de Avellaneda propuso el intercambio de saberes entre ambas casas de estudio para pre y postgrados.
«Estamos muy conformes con este paso que hemos dado. Creemos que va a ser un intercambio muy rico de experiencias. La Universidad de Granada es muy prestigiosa en el campo de la Salud, han desarrollado un Parque Tecnológico especializado en Salud que cuenta con un Centro Coordinador de emergencias. Hemos tomado conocimiento del concepto que aplicaron para la conformación de Equipos de Respuesta ante Emergencias y de los respectivos protocolos de intervención», informó Nunes.
«La salud es un aspecto que nos preocupa, especialmente entre la población mas vulnerable de la Cuenca. Acciones como esta junto a las Unidades Móviles que estamos por inaugurar, los estudios para diagnosticas y desarrollar estrategias que nos permitan hacer más efectivas nuestras intervenciones, laboratorios toxicológicos en distintos hospitales, un nuevo hospital que estamos construyendo y que equiparemos con toda la tecnología en Cañuelas dan cuenta del interés de un Estado presente, que de a poco empieza a revertir una situación histórica de olvido y abandono», concluyó Magallanes.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Universidad Nacional de Avellaneda firmaron un Convenio de Cooperación Técnica con la Universidad de Granada, España, para trabajar con esa casa de estudios en la investigación de patologías vinculadas al desarrollo infantil y su asociación con contaminantes ambientales.
El vicepresidente ejecutivo de la ACUMAR, Lic. Antolín Magallanes, el Director General de la Salud Ambiental, Dr. Fernando Nunes y el Rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Fabián Calzoni, viajaron a España para formalizar un acuerdo interinstitucional con la Universidad de Granada. Además, participaron de varias reuniones de trabajo con grupos de investigación para evaluar la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos sobre contaminantes ambientales y su influencia en el neurodesarrollo: grupo de Investigación de Neuropsicología y Psiconeuroinmunología Clínicas y grupo de Investigación de Aspectos Psicosociales y Transculturales de la Salud y Enfermedad.
Las autoridades argentinas visitaron el Parque Tecnológico de la Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud y dieron una charla de la que participó el equipo de gobierno de la Universidad de Granada, en la que expusieron la experiencia alcanzada por la Dirección General de Salud Ambiental de la ACUMAR en el desarrollo de los diversos trabajos de investigación y asistencia clínica de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo.
La Universidad de Avellaneda propuso el intercambio de saberes entre ambas casas de estudio para pre y postgrados.
«Estamos muy conformes con este paso que hemos dado. Creemos que va a ser un intercambio muy rico de experiencias. La Universidad de Granada es muy prestigiosa en el campo de la Salud, han desarrollado un Parque Tecnológico especializado en Salud que cuenta con un Centro Coordinador de emergencias. Hemos tomado conocimiento del concepto que aplicaron para la conformación de Equipos de Respuesta ante Emergencias y de los respectivos protocolos de intervención», informó Nunes.
«La salud es un aspecto que nos preocupa, especialmente entre la población mas vulnerable de la Cuenca. Acciones como esta junto a las Unidades Móviles que estamos por inaugurar, los estudios para diagnosticas y desarrollar estrategias que nos permitan hacer más efectivas nuestras intervenciones, laboratorios toxicológicos en distintos hospitales, un nuevo hospital que estamos construyendo y que equiparemos con toda la tecnología en Cañuelas dan cuenta del interés de un Estado presente, que de a poco empieza a revertir una situación histórica de olvido y abandono», concluyó Magallanes.
Portada: Los recortes dejan a un millar de investigadores con cien euros de nómina
Pág. 2 y 3: Investigadores ‘cieneuristas’
‘La única salida ahora es irnos al extranjero’
Pág. 30 – Opinión: La UGR ‘inventa’ la generación cieneurista
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Portada: Los recortes dejan a un millar de investigadores con cien euros de nómina
Pág. 2 y 3: Investigadores ‘cieneuristas’
‘La única salida ahora es irnos al extranjero’
Pág. 30 – Opinión: La UGR ‘inventa’ la generación cieneurista
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El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla hará la prueba de paternidad a todos los menores que tiene acogidos, que son un centenar, y a los que lleguen a partir de ahora para comprobar la veracidad de la versión de quienes dicen ser sus padres.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado a Efe de que esta medida será posible gracias al protocolo que se va a firmar en breve, en el que participarán el propio CETI -dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social-, la Consejería de Bienestar Social, la Fiscalía de Menores y la Universidad de Granada (UGR).
La institución universitaria será la encargada de realizar las pruebas de paternidad en uno de sus laboratorios, lo que permitirá que las pruebas no tengan ningún coste para el Estado o, en el caso de que lo tuviera, sería mínimo.
Las mismas fuentes han informado de que este acuerdo, fruto de una reunión mantenida entre las partes hace pocos días, empezará a ejecutarse a principios de enero para comprobar si los menores son hijos de quienes dicen ser sus padres o, en cambio, no forman parte de una misma familia y simulan serlo para obtener una especial atención.
El CETI da cobijo actualmente a 88 familias de muy diversas nacionalidades, que agrupan a un total de 205 personas -101 menores de edad- de las casi 900 que viven bajo su techo.
Debido a sus especiales circunstancias y vulnerabilidad, las familias siguen un trámite burocrático diferente a los inmigrantes que llegan solos, lo que les puede facilitar en algunos casos el objetivo de quedarse en España gracias a la colaboración de ONG que se ofrecen a acogerlos en sus centros, buscarles trabajo o ayudarles con los papeles.
Este mismo mes, el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, anunció que había dado instrucciones para agilizar la salida de unidades familiares de inmigrantes irregulares a centros de acogida de la Península, ya que algunas de ellas llevan varios años en Melilla y el CETI sufre una saturación importante.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla hará la prueba de paternidad a todos los menores que tiene acogidos, que son un centenar, y a los que lleguen a partir de ahora para comprobar la veracidad de la versión de quienes dicen ser sus padres.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado a Efe de que esta medida será posible gracias al protocolo que se va a firmar en breve, en el que participarán el propio CETI -dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social-, la Consejería de Bienestar Social, la Fiscalía de Menores y la Universidad de Granada (UGR).
La institución universitaria será la encargada de realizar las pruebas de paternidad en uno de sus laboratorios, lo que permitirá que las pruebas no tengan ningún coste para el Estado o, en el caso de que lo tuviera, sería mínimo.
Las mismas fuentes han informado de que este acuerdo, fruto de una reunión mantenida entre las partes hace pocos días, empezará a ejecutarse a principios de enero para comprobar si los menores son hijos de quienes dicen ser sus padres o, en cambio, no forman parte de una misma familia y simulan serlo para obtener una especial atención.
El CETI da cobijo actualmente a 88 familias de muy diversas nacionalidades, que agrupan a un total de 205 personas -101 menores de edad- de las casi 900 que viven bajo su techo.
Debido a sus especiales circunstancias y vulnerabilidad, las familias siguen un trámite burocrático diferente a los inmigrantes que llegan solos, lo que les puede facilitar en algunos casos el objetivo de quedarse en España gracias a la colaboración de ONG que se ofrecen a acogerlos en sus centros, buscarles trabajo o ayudarles con los papeles.
Este mismo mes, el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, anunció que había dado instrucciones para agilizar la salida de unidades familiares de inmigrantes irregulares a centros de acogida de la Península, ya que algunas de ellas llevan varios años en Melilla y el CETI sufre una saturación importante.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla hará la prueba de paternidad a todos los menores que tiene acogidos, que son un centenar, y a los que lleguen a partir de ahora para comprobar la veracidad de la versión de quienes dicen ser sus padres.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado a Efe de que esta medida será posible gracias al protocolo que se va a firmar en breve, en el que participarán el propio CETI -dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social-, la Consejería de Bienestar Social, la Fiscalía de Menores y la Universidad de Granada (UGR).
La institución universitaria será la encargada de realizar las pruebas de paternidad en uno de sus laboratorios, lo que permitirá que las pruebas no tengan ningún coste para el Estado o, en el caso de que lo tuviera, sería mínimo.
Las mismas fuentes han informado de que este acuerdo, fruto de una reunión mantenida entre las partes hace pocos días, empezará a ejecutarse a principios de enero para comprobar si los menores son hijos de quienes dicen ser sus padres o, en cambio, no forman parte de una misma familia y simulan serlo para obtener una especial atención.
El CETI da cobijo actualmente a 88 familias de muy diversas nacionalidades, que agrupan a un total de 205 personas -101 menores de edad- de las casi 900 que viven bajo su techo.
Debido a sus especiales circunstancias y vulnerabilidad, las familias siguen un trámite burocrático diferente a los inmigrantes que llegan solos, lo que les puede facilitar en algunos casos el objetivo de quedarse en España gracias a la colaboración de ONG que se ofrecen a acogerlos en sus centros, buscarles trabajo o ayudarles con los papeles.
Este mismo mes, el delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, anunció que había dado instrucciones para agilizar la salida de unidades familiares de inmigrantes irregulares a centros de acogida de la Península, ya que algunas de ellas llevan varios años en Melilla y el CETI sufre una saturación importante.