– Denuncian que mientras el ruido callejero invade el 43% de los hogares granadinos, el Ayuntamiento ni publica ni aplica el estudio que encargó al respecto.
Las asociaciones “Granada contra el ruido” y “Ciudadanos por Granada” han exigido hoy al alcalde de la capital, José Torres Hurtado que haga público el mapa de ruidos de la ciudad de Granada que, aseguran, tiene en su poder desde junio de 2007, y que active en consecuencia un Plan de Acción contra la contaminación acústica.
Según datos del Instituto nacional de Estadística citados por ambos colectivos, el 43 por ciento de los vecinos de Granada capital padece en sus hogares ruidos procedentes del exterior, por encima de la media nacional (30%) y de la andaluza (32,7%).
Se trata de un problema medio ambiental “que incide tanto en la salud pública como en el bienestar y la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos que conviven a diario con este problema”.
Francisco Morales Delgado, Presidente de “Granada contra el ruido”, explicó que en junio de 2007 se entregó al Ayuntamiento de Granada un mapa de ruidos, realizado por la Universidad de Granada, que “costó cerca de 300.000 euros” y en el que se detallaba los niveles sonoros, las fuentes de ruido, su distribución geográfica y sus pautas de variación temporal. “Pues bien, aún hoy el consistorio granadino no ha hecho público dicho mapa, por lo que tampoco se ha llevado a cabo ningún plan de acción”.
Este mapa mide la cantidad de ruido sufrida en distintos rincones de la ciudad y, asegura Morales, “en todos los puntos medidos se supera el nivel máximo de ruido admisible” algo que no sólo perjudica a los vecinos de la ciudad si no a nuestros visitantes “y no son pocas las quejas de los huéspedes en los hoteles más céntricos”.
Ambas plataformas han recurrido a la Oficina del Defensor del ciudadano, donde esta mañana han comparecido antes los medios, tras “varias reuniones con la concejal de Medio Ambiente sin resultados”.
Morales Delgado aludió irónicamente a la Agenda 21 del consistorio granadino donde “se presume de que Granada es una ciudad pionera en la lucha contra el ruido” y enumeró algunas de las medidas contra la contaminación acústica escritas en dicha agenda “que deberían empezar por el propio Ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de la recogida de basuras”.
Morales Delgado insistió en que el alcalde debe hacer público el mapa “y someter a debate público sus conclusiones y las medidas a concretar en un plan de acción”, como (ejemplificó) han hecho sus homólogos de Madrid y Valencia. Ambas asociaciones han pedido que el plan de acción contra la contaminación acústica (que por ley debe acompañar al mapa de ruidos como muy tarde un año después de su publicación) esté listo “como máximo en junio de 2008, 12 meses después de que la UGR presentase el mapa a las autoridades municipales” o (advirtió Morales) los datos podrían quedar obsoletos.
Francisco Morales, ha considerado que las reticencias del Ayuntamiento a hacer público el estudio elaborado por la Universidad en virtud de un convenio suscrito en septiembre de 2004 y que detalla los niveles sonoros de las distintas zonas de la ciudad y las fuentes de ruido, puede obedecer a que los datos resultantes le hayan alarmado.
Ya un informe preliminar emitido en octubre de 2005 y presentado al Consejo Municipal del Ruido, del que forma parte la plataforma, advertía de que los niveles sonoros recogidos excedían los objetivos fijados por la normativa andaluza, en algunos casos hasta en más de 15 decibelios en periodo nocturno, lo que equivale a multiplicar por 32 el nivel máximo exigido, según Morales.
Por su parte, la portavoz de la Coordinadora de Ciudadanos por Granada, Remedios Murillo, se ha preguntado si al no hacer público el estudio, que estiman ha costado unos 300.000 euros, el Ayuntamiento pretende retocarlo para no alarmar a los vecinos.
Según la versión dada por el Ayuntamiento al Defensor del Ciudadano, Melchor Saiz-Pardo, que mediará en el asunto, el mapa se concluyó pero para hacerlo público es necesaria la elaboración, a punto de ultimarse, de un anexo con la interpretación de los datos, lo que para la plataforma cívica es innecesario.
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