La Policía Judicial accederá además a todas la parroquias de España para consultar los libros de difuntos de que disponen
El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, «sacas», asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».
Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».
Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica
TAMBIÉN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL
En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.
LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.
«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.
De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».
A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).
Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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