La UGR crea un producto para la detección de sustancias prohibidas en animales

Científicos del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada han obtenido un compuesto capaz de detectar, con gran precisión, en los alimentos, el uso fraudulento de Tapazol, sustancia prohibida utilizada para el engorde de los animales. El abuso de este medicamento antitiroideo conlleva la obtención de carne de menor calidad, además de entrañar un riesgo potencial para la salud del consumidor, según ha informado hoy la Universidad mediante un comunicado.

El engorde de animales de granja mediante el uso fraudulento o no autorizado de sustancias prohibidas está perseguido por los organismos competentes en inspección y control sanitario de las diferentes comunidades, pero a veces resulta difícil y casi imposible de detectar.

El grupo de investigadores formado por Enrique Oltra, José Justicia y Juan Manuel Cuerva de la UGR han desarrollado un procedimiento que permite obtener el derivado deuterado del Tapazol.

Actualmente, desde la Oficina de Trasferencia de resultados de Investigación de la Universidad de Granada se está promocionando esta intervención protegida mediante patente.
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Dieta mediterránea, la mejor manera de prevenir el 80% de las enfermedades cardiovasculares

Un equipo del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada (UGR) ha iniciado una investigación para estudiar la influencia de los ingredientes de la dieta mediterránea sobre la composición de la membrana celular y su fortalecimiento ante agresiones cancerígenas. El proyecto tiene la intención de confirmar la hipótesis de que una alimentación equilibrada es capaz de prevenir hasta el 80 por ciento de las enfermedades cardiovasculares y la aparición de hasta el 40 por ciento de distintos tipos de cáncer.

Entre los trabajos figura una nueva una línea de investigación sobre las células del cáncer de páncreas, según informó hoy la UGR. En este sentido, el director del instituto, Emilio Martínez, señaló que en el estudio \’Influencia de los ingredientes de la dieta mediterránea sobre una línea celular de células de un cáncer de páncreas\’ se manipula la composición de la membrana celular aportando aceite de oliva, aceite de pescado o un antioxidante propio del aceite de oliva, «analizando cómo esa célula se defiende frente a agresiones que son las que producen alteraciones en el páncreas».

La investigación consiste en exponer compuestos del aceite de oliva –como el ácido oleico– y de antioxidantes de algunas frutas y verduras «a membranas de una línea celular de cáncer de páncreas de manera que sean más o menos resistentes a estímulos nocivos que provocan enfermedades como el cáncer o la pancreatitis», explicó Martínez.

De este modo, el estudio pretende correlacionar la composición de las membranas celulares con la mayor o menor resistencia a padecer distintos tipos de enfermedad. Así, las conclusiones apuntan a que la alimentación, a través de cambios en la composición de las membranas, afectaría a la función celular y, por tanto, «podría influir en la prevención de la aparición de ciertas enfermedades», apuntó.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez, que dirige esta semana el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que en España \’hay más en circulación de lo que se declara\’, aunque admitió que \’hay países europeos con una mayor producción\’ de éstos.

En rueda de prensa, el experto reconoció que \’hay mucha polémica\’ en esta materia, si bien sostuvo que a nivel técnico \’no está claramente demostrado\’ que los productos transgénicos \’sean ni mejores ni peores\’. Al hilo de ello, añadió que estos alimentos \’se hacen porque su elaboración es más económica o resistente\’ y, por tanto, \’en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante\’.

Sin embargo, admitió que aún \’no se sabe cómo afectan al consumidor\’, ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que \’se exige que se declaren\’ los transgénicos que se ponen a la venta, para que sea el consumidor mismo \’quien decida\’ si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay \’unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no\’, por lo que actualmente \’la ley obliga a declarar estos alimentos\’. A nivel de control, en este sentido, apuntó que \’es complicado hacer los análisis genéticos\’ y que \’no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace\’.

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, \’en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados\’; y en otra vertiente, en \’los controles analíticos\’, en los que \’tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos\’.

En este sentido explicó también que \’a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\’\’, mediante el que se obliga a las empresas a llevar \’un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección\’. Además de este proceso, el experto aseguró que \’también se realizan controles por sorpresa\’.

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que \’la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado\’. El objetivo final de este proceso sería, \’aunque en la práctica no es posible\’, que el consumidor \’supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento\’, afirmó.

\’Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información\’. De hecho, admitió que \’ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia\’ de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que \’funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido\’, información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento \’lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución\’, algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello \’el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles\’.

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: \’adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento\’; \’información no correcta\’ sobre el producto que se oferta; y finalmente \’alimentos contaminados por falta de preocupaciones\’, que es el fraude más peligroso y \’el que suele generar alarmas alimentarias\’.

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que \’se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene\’.

DETECCIÓN DEL \’MAL DE LAS VACAS LOCAS\’ En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado \’mal de las vacas locas\’, explicó que \’a priori no se sabe si está contaminada la carne\’, sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que \’el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno\’, por lo que ésta \’no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus\’.

\’Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo\’. No obstante, señaló que el animal que viene infectado \’es porque está contagiado\’, por lo que a partir del sistema de trazabilidad \’se puede detectar el origen de la infección\’, que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.

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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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El juez Garzón solicita un censo de los desaparecidos durante la Guerra Civil

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.

Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

Se centra en las fosas comunes

En una providencia hecha pública este lunes, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia, dependiente del Ministerio de Cultura, que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936.
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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil

La Policía Judicial accederá además a todas la parroquias de España para consultar los libros de difuntos de que disponen

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

TAMBIÉN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».

Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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Garzón investigará sobre los desaparecidos del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional reclama la colaboración decuatro alcaldes para identificar a los desaparecidos durante la Guerra Civil, a instancias de varias asociaciones de memoria histórica.

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

También a la Conferencia Episcopal

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

La fiscalía pidió el archivo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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