El 90% de los desaparecidos en la Guerra Civil nunca podrán ser identificados

La madeja de la memoria histórica que el Gobierno quiso desovillar en la pasada legislatura y que ahora está en manos del juez Garzón no se termina de desenredar ni en las instancias políticas ni en las judiciales porque, en opinión de historiadores, juristas, antropólogos y forenses, no se han medido ni el alcance ni las consecuencias de generar un exceso de expectativas de reparación entre los familiares de desaparecidos.
Diversas fuentes consultadas por ABC coinciden en que sólo será factible identificar, tras la correspondiente exhumación, a un 10 ó, a lo sumo, un 15 por ciento de quienes figuren en el listado que está elaborando Garzón. Recientemente,las asociaciones de memoria histórica han entregado al magistrado una relación de más de 143.000 nombres, un aluvión de información que ahora hay que ajustar y cribar por las duplicidades detectadas.
Lo que sí está comprobado a estas alturas es que una política indiscriminada de exhumaciones resulta inútil, porque sólo es posible identificar a una mínima parte de quienes yacen en fosas comunes. Además, cada estudio de ADN tiene un coste de unos 3.000 euros (en un cálculo que incluye no sólo los materiales utilizados, sino el trabajo que conlleva), lo que, multiplicado por miles de cadáveres, supondría una inversión estimable y (lo que es peor) sin garantía de éxito. A ello hay que añadir lo que hay que invertir en investigación y localización de las fosas y en la excavación sobre el terreno, que ha de ser profesional, especializada y cuidadosa.
El bluf de los juicios sumarios
Los pasos dados por Zapatero en materia de «memoria histórica» entran ahora en un nuevo e incierto capítulo después de que el PSOE, cuando estaba en la oposición, formulara irrealizables promesas referidas a la anulación de las sentencias franquistas. En septiembre de 2003, Jesús Caldera y Amparo Valcarce presentaron una proposición no de ley en la que solicitaban que se anulasen todos los juicios sumarios del franquismo, cuestión que se azuzó en aquel momento como reclamo electoral. Una vez en el Gobierno, sin embargo, cuando los socialistas pusieron en marcha la elaboración de la ley de memoria histórica, el empeño revisionista de Zapatero quedó necesariamente «descafeinado» porque en la letra de la nueva normativa no se pudo dar cabida a una justicia retroactiva incompatible con la seguridad jurídica.

La ley sí da cobertura, sin embargo, a la ingente tarea de numerosas asociaciones de recuperación de la memoria histórica que están trabajando para recabar nombres de represaliados y exhumar e identificar cadáveres. El hecho, sin embargo, es que resulta pertinente hacerlo en contadas ocasiones, según admiten representantes de entidades volcadas en ese trabajo «de campo». De modo que ya se están produciendo los primeros desajustes entre lo que es posible pedir y lo que es razonable llevar a cabo. Por ejemplo, la Asociación por la Memoria Histórica de Granada reconoce que ha recibido más de 60 peticiones de exhumación y que de ellas sólo ocho son realizables. Y el forense Francisco Etxeberria Gabilondo, que ha desarrollado un exhaustivo trabajo en varias fosas, ha calculado que únicamente será posible llevar a cabo exhumaciones en un 10 ó 15 por ciento de los casos.

El listado sí es posible
También Silvino Martín, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, ha expuesto lo que se está viviendo en su provincia: «Vamos recogiendo datos, pueblo por pueblo, sobre los desaparecidos y dónde están enterrados. Nuestra conclusión es que elaborar un listado de esas personas en toda España, tal y como se ha propuesto Garzón, es factible y además, necesario. Pero en la gran mayoría de los casos no será posible identificar el cadáver y entregarlo a la familia». Ilustra esta realidad con hechos: «Hasta ahora hemos investigado en el 40 por ciento de la provincia de Valladolid, y hemos logrado recoger un listado de 1.600 personas ejecutadas. Pero, sin embargo, sólo hemos logrado la identificación de 125 cuerpos». ¿Por qué? «Porque sólo es razonable exhumar restos de fosas pequeñas en las que se conoce fehacientemente las identidades de los allí enterrados. Hemos intervenido en fosas de 2, 5, 8 cuerpos… La mayor, de once».

«En la capital y en sus alrededores -explica- pueden hallarse en el mismo lugar quinientas, ochocientas o mil personas. Son fosas comunes impresionantes en las que es inútil cualquier pretensión de concretar quién es quién. De modo que somos consecuentes y, en esos casos, lo que demandamos es que se cree en esos emplazamientos un espacio histórico y de memoria. Un homenaje». De igual modo, la asociación granadina asegura que el 75 por ciento de los cadáveres de la povincia están en fosas con cientos de cuerpos.

La desmedida fe en las pruebas de ADN también ha sido oportunamente puntualizada por José Antonio Lorente, investigador de la Universidad de Granada especializado en pruebas genéticas. Advierte Lorente que «de entrada, al ADN sólo se puede recurrir en aquellos casos en los que sea posible obtener muestras de referencia. O sea, cuando haya familiares con los que comparar». La dificultad de primer orden es el tiempo transcurrido: «Después de setenta años -expone Lorente-, en un 30 por ciento de los casos, quizá un 20 recurriendo a las técnicas más punteras, ni siquiera es posible extraer el ADN de los huesos». Y en el 70 por ciento restante tendría que haber parientes vivos dispuestos a ese cotejo «siempre que existan indicios claros, después de indicios históricos y antropológicos previos, de cuál es el cuerpo con el que tenemos que trabajar. En una fosa no ya de cientos de personas, sino de varias decenas, por mucho que alguien reclame que su padre está ahí, ¿por dónde empezamos, cuando muchas familias tan sólo conservan una fotografía del finado?». «Además -añade-, normalmente nos encontraremos con individuos con características físicas similares . En su gran mayoría los restos serán de varones jóvenes de entre 1´60 y 1´70 centímetros».
Dificultades unidas al elevadísimo coste económico de los análisis genéticos: «Hay que establecer protocolos de actuación para que haya proporción entre la decisión de exhumar y las posibilidades de éxito en la identificación». Alerta, además, sobre el tiempo que conlleva un proceso tan complejo: «Pensemos en el accidente de Barajas. Ahí se trabajaba con una lista cerrada de personas, con muchos familiares dispuestos a colaborar, con fichas dentales previas, con enorme despliegue de medios… Y con todo y con eso, la identificación llevó una semana».
La ley de memoria, por la generosidad de sus enunciados en el terreno de las identificaciones, puede desembocar en malestar y frustración si se desencadena un alud de peticiones que no sea posible canalizar adecuadamente. Ahí está el ejemplo de la fosa de Víznar en la que supuestamente está enterrado García Lorca, caso que ha tenido que dirimir en última instancia Garzón por la diferencia de criterio de las familias afectadas. Según reza el artículo 11 de la discutida ley, «las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Y añade: «La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar los gastos derivados».

El planteamiento de la ley es demasiado genérico porque, como recuerda Lorente, «si se disparasen las solicitudes, los laboratorios no darían abasto, y quizá todo el proceso supondría demasiado tiempo y dinero para pocos resultados. Tendría que concretarse, por ejemplo, si es procedente actuar cuando en un lugar donde están enterrados 38 cadáveres sólo siete familias reclaman la exhumación». Por eso, cree que «hay que desarrollar protocolos objetivos de actuación», que aún no están definidos. Como relata Silvino Martín, de la asociación vallisoletana, «hasta ahora, para realizar exhumaciones, ha bastado con pedir permiso al juez de paz o a la Guardia Civil de cada pueblo. Y nos han dejado hacer».

Enterramientos de todo tipo
Hay otros datos elocuentes y reveladores en el laberinto de las identificaciones. En Valencia, algunos historiadores han llegado a estimar que entre veinte o treinta mil personas están enterradas en las fosas comunes de la capital. Una cifra para la confusión, alertan otros estudiosos, porque en la posguerra se inhumaba también en esos lugares a quienes, fallecidos por muerte natural o accidente, no tenían dinero para pagar un nicho o tumba.
Esa circunstancia ha ayudado a que habitualmente se «inflen» las cifras de desaparecidos en todas las ciudades.
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