Vida tras la \’Malaya\’
El juez Miguel Ángel Torres tiene la concentración de un ajedrecista soviético metido a controlador aéreo. En un juicio de dos horas y media contra un promotor acusado de desobedecer una orden de paralización de obra, el juez Torres, de 38 años, sólo abre la boca para hacer preguntas concisas a los testigos y cortar las digresiones de los peritos. La vista es un peñazo infumable, como lo fue la anterior, un juicio por un delito contra la seguridad del tráfico, y como probablemente lo serán muchas del resto de los días: robos de poca monta, casos de malos tratos y demás miserias del Código Penal, pero Torres no muestra aburrimiento, cansancio o fastidio. Es una esfinge con toga.
El juez sufrió una gran presión de abogados y de policías que querían interferir en la instrucción marbellí
Hubo una manifestación de letrados cuando dijo que algunos formaban parte de la «industria auxiliar de la corrupción»
Cuesta creer que el hierático Miguel Ángel Torres, que ahora dirige juicios rutinarios y sin asomo de glamour en un juzgado penal de Granada, sea el mismo magistrado que en marzo de 2006 puso patas arriba a Marbella (Málaga) con el caso Malaya, la mayor trama de corrupción destapada hasta ahora en España, tanto por número de imputados -se acumulan 107- como por sus repercusiones políticas: supuso la primera disolución de un Consistorio por corrupción en la historia de España. O el que por primera vez se atrevió a investigar un despacho de abogados y ordenar la detención de tres notarios por un caso de blanqueo de capitales, la Operación Ballena Blanca. Visto desde fuera, da la impresión de que ahora es un juez desaprovechado.
Fue Malaya la causa que le lanzó, muy a su pesar, a la fama: las tres oleadas de detenciones de los gobernantes del extinto Grupo Independiente Liberal (GIL) abrieron todos los informativos. Sólo el arresto de la cantante Isabel Pantoja, pieza absolutamente menor en el caso, logró eclipsar al mismísimo cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que amasó ilegalmente una fortuna de 2.400 millones de euros, según los cálculos policiales, gracias a su control omnímodo del urbanismo marbellí durante 15 años.
En julio de 2007, tras agotar dos prórrogas de seis meses, Torres dejó voluntariamente el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde todavía colea el caso Malaya, un sumario con 110 tomos y más de 80.000 folios que su sucesor, Óscar Pérez, trata de gobernar. Torres se hizo cargo del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, una plaza que el Consejo General del Poder Judicial le había concedido desde septiembre de 2005, tres meses antes de que se iniciaran las investigaciones que condujeron a la Operación Malaya y cuyo estallido le llevó a aplazar su incorporación al más tranquilo juzgado granadino.
En su ciudad natal, el juez ha demostrado la misma capacidad de trabajo que le hizo legendario en la Costa del Sol. En 2008 redactó 550 sentencias, cuando la media de los seis juzgados penales de Granada es de 496 fallos, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sólo dos sentencias han merecido la atención informativa. En la primera, de diciembre de 2007, el magistrado multó con 3.750 euros al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por un delito de coacciones y una falta de injurias a un cura en torno a la publicación de un libro sobre la catedral de Granada. En abril de 2008, la Audiencia Provincial absolvió al prelado de las coacciones y consideró que las injurias fueron un delito, no una falta, y que habían prescrito. A Torres, siendo granadino, no le sorprendió la absolución del primer arzobispo que se sentó en el banquillo en la historia de España.
En su segunda sentencia destacada atacó a otra institución granadina, aunque esta vez progresista. En noviembre pasado condenó al poeta Luis García Montero a una multa de 1.800 euros y una indemnización de 3.000 por calificar, en un artículo publicado en EL PAÍS, a su compañero de departamento en la Universidad de Granada José Antonio Fortes de «tonto indecente» y «perturbado, con un vocabulario marxista de cuarta fila, muy cercano al delirium tremens». En sus clases, Fortes había calificado de «fascistas» a los escritores Federico García Lorca y Francisco Ayala. García Montero abandonó la Universidad y recibió muestras de solidaridad de intelectuales de toda España, pero no recurrió la sentencia.
El resto del trabajo de Torres queda fuera de los focos. Tres días a la semana dirige juicios en sala y dedica el resto del tiempo a redactar las sentencias. El trato con otros jueces y fiscales es más impersonal que el que mantenía con los de Marbella o en su primer destino en Santa Fe (Granada). A pesar de la fama de duro que se labró en Marbella, Torres no es como aquellos magistrados franquistas que empezaban los juicios diciendo «que pase el condenado». Con una sentencia absolutoria por cada 2,7 condenatorias, se muestra como el segundo más benévolo de los seis jueces penales de la capital granadina, de acuerdo con las estadísticas del TSJA. Las infracciones que más quebraderos de cabeza le dan ahora son los delitos contra la Hacienda Pública, según fuentes próximas al magistrado.
Sobre las aficiones de Torres, casado y con un hijo, poco se sabe, excepto que es hincha del Athletic de Bilbao desde que los leones ganaron las dos ligas consecutivas entre 1982 y 1984, y que le gustan las novelas policiacas y de misterio -no ha sido capaz de terminar todavía Los pilares de la tierra, de Ken Follett- y la música pop española. Durante sus primeros años en el juzgado de Santa Fe, pasó varias noches enganchado a un videojuego llamado Imperium, sobre las grandes batallas de Roma.
Aunque su oficina ya no es un fortín inexpugnable para los periodistas como lo era la de Marbella, Torres rechaza de plano las entrevistas y sólo atiende a los reporteros por imperativo protocolario, en los momentos previos a las conferencias que imparte por toda Andalucía. Sobre él han circulado numerosas leyendas. Una de ellas dice que en el caso Ballena Blanca imputó a los tres notarios como venganza por haber suspendido las oposiciones a ese cuerpo. Las únicas oposiciones a las que ha concurrido fueron las de judicatura, que aprobó en 2000 a la primera, tras dos años de estudio. Otro mito, también desmentido, cuenta que tras su paso por Marbella ha sido tentado discretamente por varios partidos para sumarse a sus filas. El juez, infiel en política, según sus amigos, mantiene su independencia hasta el punto de no estar afiliado a ninguna asociación profesional. Eso sí, el pasado 18 de febrero secundó la huelga de magistrados.
Aunque le llena su nueva faceta de juzgador, Torres no oculta a los suyos cierta nostalgia de su etapa en Marbella y de las emociones fuertes de la instrucción. Unos de esos momentos estimulantes eran las tomas de declaración a Juan Antonio Roca. Interrogar al ex asesor urbanístico marbellí tenía bastante de reto intelectual. El juez era consciente de estar frente a una persona de inteligencia privilegiada, un gran estratega que maneja mucha más información sensible de la que se ha podido obtener en tres años y medio de instrucción. Además, Roca mantenía una entereza tremenda.
Desde un punto de vista personal, el juez Torres no le recomendaría a un amigo suyo embarcarse en una instrucción como el caso Malaya, que, además de una inmensa carga de trabajo tanto judicial como de oficina, le obligó a vivir durante muchos meses con escolta. El macrosumario marbellí le hizo vivir momentos muy duros. Una noche de agosto de 2006 regresaba a su domicilio, un piso de alquiler en la avenida principal de la ciudad, cuando vio desde la calle que las luces estaban encendidas. Sus escoltas avisaron a la policía. Cuando los agentes entraron, en la casa no había nadie, pero algunos objetos cambiados de sitio evidenciaban que alguien había querido darle un aviso. Otras fuentes aseguran que la advertencia mafiosa fue «algo peor» que encontrarse unas cuantas cosas desordenadas.
Otro pasaje crudo sucedió en junio de 2007, poco antes de incorporarse al juzgado de Granada. Entre los papeles de la oficina desde la que Roca controlaba Marbella se encontró la escritura de propiedad de la casa de su compañero y amigo Francisco de Urquía, titular entonces del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. El hallazgo del documento, cruzado con unos apuntes de la contabilidad de Roca y con varias escuchas telefónicas, permitió demostrar que Urquía recibió 73.800 euros a cambio de paralizar la emisión de un programa de televisión sobre la inmensa fortuna del ex asesor urbanístico. El magistrado fue condenado por el TSJA a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800 euros por prevaricación y cohecho. El Tribunal Supremo le absolvió el pasado abril del delito de prevaricación y rebajó la condena a 21 meses de suspensión del cargo de magistrado y multa.
Sólo su sentido del deber ciudadano, el mismo que le hizo bajar al barro del caso Malaya, hizo llevadero el trago de tener que informar al TSJA sobre el cohecho de su amigo. La relación entre ambos era tan cercana que compartieron piso en 2003, cuando Torres fue destinado durante tres meses a un juzgado de Vélez-Málaga antes de incorporarse a su plaza de Marbella. No era extraño verlos juntos, o acompañados del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, tomando una copa en un pub de Marbella. Según sus amigos, Torres considera que la confesión de Roca de que sobornó a Urquía forma parte de una estrategia, como una especie de aviso a navegantes de que si es capaz de lograr la condena de un juez, puede llevarse por delante a gente muy poderosa que ahora vive tranquila.
El juez, que sólo ha vuelto una vez a Marbella tras su marcha a Granada, ha llegado a olvidar la enorme presión a la que fue sometido, especialmente por un grupo de abogados y por altos mandos policiales de Madrid deseosos de interferir en una investigación cuyo contenido completo conocían no más de seis personas. En contra de lo que se piensa, Torres mantenía una buena relación con el 90% de los letrados personados en el caso Malaya. Algunos llegaron incluso a darle ánimos en su despacho por una instrucción que, entre otras virtudes, devolvió la dignidad a la ciudad de Marbella, aunque después, en la calle, se quejaran de cada coma de sus resoluciones.
También se ha sacudido la presión mediática. Torres tiene una fuerte alergia a la prensa, aunque leía cuanto se publicaba del caso Malaya como forma de adelantarse a las posibles estrategias de los letrados defensores. El magistrado sigue interesándose en la distancia por las investigaciones y conserva una buena amistad con el fiscal López Caballero y con el inspector del Cuerpo Nacional de Policía especializado en blanqueo José Manuel Rando, que llevaron el peso de las pesquisas. En una conferencia de los tres en el Ateneo de Málaga el pasado noviembre, Torres afirmó compartir «una filosofía de vida» con sus compañeros de investigación.
Quizá para aliviar el síndrome de abstinencia del instructor, Torres acude a cuanto foro jurídico o académico le invita a dar conferencias sobre urbanismo y corrupción. Estas charlas -tan contundentes como los autos que redactaba, muchas veces de madrugada, sobre Juan Antonio Roca y sus 106 compinches- son un caladero de titulares: «El caso Malaya me ha cambiado absolutamente la vida, las actividades rutinarias y e incluso las relaciones personales» (Ronda, agosto de 2007). «Es más interesante la incautación de los bienes de los narcotraficantes que las penas que se impongan» (Marbella, agosto de 2008). «El miedo social hace que algunos jueces prefieran dedicarse a perseguir sólo delitos de perfil más bajo. Eso genera una forma de corrupción» (Málaga, noviembre de 2008). «Existe una industria auxiliar de la corrupción formada por abogados, gestores y asesores fiscales» (Granada, abril de 2009). Estas últimas manifestaciones retumbaron en Marbella hasta el punto de provocar una manifestación de letrados.
La última conferencia fue el 13 de mayo. Tras celebrar los dos aburridos juicios en Granada y despachar otros asuntos del juzgado, Miguel Ángel Torres se monta en su coche y se marcha a Almería. Pese a conducir 161 kilómetros y almorzar un bocadillo -«bastante malo, por cierto»- en un área de servicio, el juez mantiene la guardia alta y demuestra que no sólo sabe hacer frases redondas para la prensa. Ante un centenar de personas y con el mismo gesto concentrado de la mañana, desmenuza los artículos 319 y 320 del Código Penal -sobre construcciones en suelo rústico y prevaricación urbanística- con precisión quirúrgica. La charla es puramente técnica, tal vez para evitar un motín del colegio de abogados, pero el juez-esfinge no puede evitar lanzar al aire sus reflexiones: «¿Para qué sirve la pena del 319 si no se derriba la vivienda ilegal?» o «El artículo 320 no me gusta si impide ir más allá y descubrir el motivo, generalmente económico o de interés personal, que está detrás de la concesión de la licencia ilegal».
En el turno de preguntas, Torres responde al público con la misma concisión que exigía a los testigos en los juicios de la mañana. Con los aplausos finales, se le relaja el gesto y le vuelve la sonrisa. Todavía llega a tiempo de ver en Granada la segunda parte del Athletic-Barça de la Copa del Rey.
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