El Gobierno andaluz abrirá por su cuenta la fosa de Lorca si no se opone la familia
Los descendientes de Federico García Lorca (1898-1936) no presentarán alegaciones contra la apertura de la fosa en la que se sospecha que puede estar el poeta, según indicó ayer Laura García Lorca, sobrina nieta del escritor granadino y portavoz de la familia. La Consejería de Justicia publicó ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución sobre la exhumación de la fosa donde se cree que yacen el poeta, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Argollas, fusilados durante la Guerra Civil.
La Junta da 15 días para presentar alegaciones contra la excavación
Los trabajos para recuperar los restos comenzarían este otoño
Con la publicación de esta resolución se abre el plazo de alegaciones para «ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos puedan verse afectados por dicha intervención». Los interesados tienen 15 días hábiles desde ayer para presentar los argumentos por los que se opondrían a la excavación.
Los descendientes del poeta siempre se han mostrado reacios a que se removiera la zona. Pero Laura García Lorca sostuvo ayer que ahora no realizarán «movimientos que impidan o dificulten» este proceso abierto por el comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia.
Con la apertura de la fosa de Alfacar (Granada) no se pretende localizar los restos de Federico García Lorca. Lo que se persigue es identificar al maestro Galindo y al banderillero Galadí, tal y como desean sus nietos. En el caso de Lorca, la familia no ha pedido que se identifique a su antepasado, por lo que la Junta no lo hará. Tampoco se hará en el caso de Joaquín Arcollas, ya que no se conocen descendientes directos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada ha sido la que ha presentado ante la Consejería de Justicia la petición para abrir esta fosa en representación de los familiares de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí. Maribel Brenes, presidenta de esta asociación, indicó ayer que en junio formularon su demanda a la Diputación Provincial de Granada, propietaria de los terrenos en los que se encuentra este enterramiento clandestino. Luego hicieron lo mismo en el departamento de Justicia. La consejera andaluza de Justicia, Begoña Álvarez, anunció el pasado mes de julio que la Junta iba a autorizar la excavación sin necesidad de esperar a la resolución judicial.
La apertura de la fosa de Lorca ha estado dando tumbos de un lado a otro en los últimos años. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó hace un año la exhumación, aunque luego se inhibió a favor de los juzgados territoriales. El caso fue a parar entonces al Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, pero su titular, Aurora Fernández, le devolvió la causa a Garzón, pese a que la fiscalía entendía que sí era competente, por entender que podría tratarse de un caso de «crímenes contra la humanidad». Finalmente, la Consejería de Justicia del Gobierno andaluz resolvió que la apertura de la fosa se haría por la vía administrativa sin esperar a la justicia.
Será la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada la que se haga cargo de las labores de exhumación con la subvención que le ofrece la Administración autonómica.
Maribel Brenes estimó que los trabajos podrían comenzar en otoño de este año. Los encargados de dirigir la operación serán expertos de la Universidad de Granada.
Brenes se mostró ayer cauta ante la posibilidad de que algún familiar pueda presentar alegaciones en los próximos 15 días. «No queremos sorpresas… Hasta que no nos digan que definitivamente podemos comenzar no nos lo creemos».
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