La situación financiera de las universidades andaluzas es preocupante: la Junta les debe el 60% de lo previsto.
El nuevo curso universitario empezó ayer con la subida de las tasas de matriculación, la falta de liquidez de las universidades y los avisos de encierros y protestas como los temas más recurridos en las conversaciones de pasillo. La Universidad de Granada pocas veces había vivido un inicio de curso tan tenso y lleno de incertidumbre, con los estudiantes en pie de guerra, los profesores indignados, el personal de administración llamando a la huelga y, sobre todo, una situación financiera que coloca a las universidades andaluzas en general en una coyuntura especialmente delicada.

El aviso dado el viernes por los diez rectores de las universidades públicas de la comunidad autónoma no puede ser más claro: la situación actual de la tesorería de las universidades es «insostenible». Este retraso en los pagos desemboca en que las universidades, a su vez, mantienen una deuda importante con sus proveedores, hay problemas en el abono de becas, se paraliza la actividad investigadora, se deterioran las infraestructuras y el equipamiento, que por las medidas de austeridad no puede ser renovado con la frecuencia que exige, y otros aspectos que los rectores consideran «esenciales para el funcionamiento de las facultades».

El principal problema financiero que sufren las universidades andaluzas es que la Junta de Andalucía no les estás transfiriendo el dinero comprometido. En total, la administración autonómica le debe a sus centros públicos de educación superior unos 800 millones de euros y, según los datos facilitados por los rectores andaluces, la Junta sólo les transfirió el 60% del dinero previsto.

Este es el angustioso marco en el que se desarrolló la reunión celebrada el pasado 21 de septiembre entre los rectores de las diez universidades públicas y los consejeros de Hacienda y Economía, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, respectivamente. En este encuentro se reclamó con urgencia «un plan de tesorería estable para garantizar el servicio público formativo y de investigación» que prestan las instituciones educativas.

La falta de liquidez no se debe solo a los números rojos de las cuentas de las administraciones. Las universidades andaluzas aseguran que han gestionado correctamente las dotaciones incluidas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía y que se han ajustado a las directrices de ahorro que el Gobierno central había previsto para el sistema, unos 130 millones de euros para este curso.

Por su parte, desde la Junta se culpa a Madrid de una situación por ellos no deseada, en concreto se señala el recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa realizado por el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert. También desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se trasladó a los rectores la imposibilidad de proponer un plan de tesorería para las universidades mientras no estén resueltos los problemas de liquidez de la propia administración autonómica.
La prioridad para el responsable del área, Antonio Ávila, de quién depende en Andalucía la gestión de las universidades, es mantener el empleo, algo con lo que coincidieron los rectores. Así que, hasta el momento el empleo en las universidades sigue estable. En un futuro, no se puede asegurar.

Para garantizar también, al menos a corto plazo, el funcionamiento ordinario de las instituciones universitarias, los miembro del Gobierno autonómico convocaron con carácter urgente una próxima reunión con técnicos de alto nivel de distintas áreas para que se determinen las obligaciones más apremiantes y se atiendan.

El nuevo curso incluye un calendario de movilizaciones y encierros

Además del programa de las asignaturas, alumnos, profesores y personal administrativo consultan desde septiembre el calendario de movilizaciones, huelgas y encierros que vienen adjuntos este año al inicio del curso. El pasado viernes 21 de septiembre, en paralelo a la reunión mantenida entre los rectores de las universidades andaluzas y varios consejeros de la Junta, los representantes del ámbito docente y alumnos celebraron una asamblea para poner encima de la mesa medidas de protesta contra los recortes, sobre todo en el ámbito educativo, y la subida de las tasas universitarias. En la asamblea se fijó la realización de un encierro al final de esta semana en el Hospital Real, que se prolongará hasta el acto oficial de inauguración del curso académico, el próximo lunes 1 de octubre, fecha para la que también se prepará algún acto de protesta, posiblemente una concentración.

Profesores y alumnos presionan al rector con un claustro extraordinario

El polémico claustro extraordinario, el de los recortes, ya tiene fecha. Se celebrará el próximo 8 de octubre tras las insistentes peticiones de la Plataforma UGR, que integran numerosos alumnos, profesores y personal administrativo y una demanda formal el pasado junio de un grupo de 55 claustrales. El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, la denegó entonces por entender que había terminado el periodo lectivo para su convocatoria y ahora ha tenido que ceder. En la orden del día, entre los asuntos que se tratarán, el objeto principal de discusión en esta sesión extraordinaria de claustro son las medidas de ahorro y los efectos de estos recortes, por ejemplo la reducción de las nóminas, el aumento de la carga docente o la subida de las tasas de matriculación son algunos de los problemas que plantearán.

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La situación financiera de las universidades andaluzas es preocupante: la Junta les debe el 60% de lo previsto.
El nuevo curso universitario empezó ayer con la subida de las tasas de matriculación, la falta de liquidez de las universidades y los avisos de encierros y protestas como los temas más recurridos en las conversaciones de pasillo. La Universidad de Granada pocas veces había vivido un inicio de curso tan tenso y lleno de incertidumbre, con los estudiantes en pie de guerra, los profesores indignados, el personal de administración llamando a la huelga y, sobre todo, una situación financiera que coloca a las universidades andaluzas en general en una coyuntura especialmente delicada.

El aviso dado el viernes por los diez rectores de las universidades públicas de la comunidad autónoma no puede ser más claro: la situación actual de la tesorería de las universidades es «insostenible». Este retraso en los pagos desemboca en que las universidades, a su vez, mantienen una deuda importante con sus proveedores, hay problemas en el abono de becas, se paraliza la actividad investigadora, se deterioran las infraestructuras y el equipamiento, que por las medidas de austeridad no puede ser renovado con la frecuencia que exige, y otros aspectos que los rectores consideran «esenciales para el funcionamiento de las facultades».

El principal problema financiero que sufren las universidades andaluzas es que la Junta de Andalucía no les estás transfiriendo el dinero comprometido. En total, la administración autonómica le debe a sus centros públicos de educación superior unos 800 millones de euros y, según los datos facilitados por los rectores andaluces, la Junta sólo les transfirió el 60% del dinero previsto.

Este es el angustioso marco en el que se desarrolló la reunión celebrada el pasado 21 de septiembre entre los rectores de las diez universidades públicas y los consejeros de Hacienda y Economía, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, respectivamente. En este encuentro se reclamó con urgencia «un plan de tesorería estable para garantizar el servicio público formativo y de investigación» que prestan las instituciones educativas.

La falta de liquidez no se debe solo a los números rojos de las cuentas de las administraciones. Las universidades andaluzas aseguran que han gestionado correctamente las dotaciones incluidas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía y que se han ajustado a las directrices de ahorro que el Gobierno central había previsto para el sistema, unos 130 millones de euros para este curso.

Por su parte, desde la Junta se culpa a Madrid de una situación por ellos no deseada, en concreto se señala el recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa realizado por el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert. También desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se trasladó a los rectores la imposibilidad de proponer un plan de tesorería para las universidades mientras no estén resueltos los problemas de liquidez de la propia administración autonómica.
La prioridad para el responsable del área, Antonio Ávila, de quién depende en Andalucía la gestión de las universidades, es mantener el empleo, algo con lo que coincidieron los rectores. Así que, hasta el momento el empleo en las universidades sigue estable. En un futuro, no se puede asegurar.

Para garantizar también, al menos a corto plazo, el funcionamiento ordinario de las instituciones universitarias, los miembro del Gobierno autonómico convocaron con carácter urgente una próxima reunión con técnicos de alto nivel de distintas áreas para que se determinen las obligaciones más apremiantes y se atiendan.

El nuevo curso incluye un calendario de movilizaciones y encierros

Además del programa de las asignaturas, alumnos, profesores y personal administrativo consultan desde septiembre el calendario de movilizaciones, huelgas y encierros que vienen adjuntos este año al inicio del curso. El pasado viernes 21 de septiembre, en paralelo a la reunión mantenida entre los rectores de las universidades andaluzas y varios consejeros de la Junta, los representantes del ámbito docente y alumnos celebraron una asamblea para poner encima de la mesa medidas de protesta contra los recortes, sobre todo en el ámbito educativo, y la subida de las tasas universitarias. En la asamblea se fijó la realización de un encierro al final de esta semana en el Hospital Real, que se prolongará hasta el acto oficial de inauguración del curso académico, el próximo lunes 1 de octubre, fecha para la que también se prepará algún acto de protesta, posiblemente una concentración.

Profesores y alumnos presionan al rector con un claustro extraordinario

El polémico claustro extraordinario, el de los recortes, ya tiene fecha. Se celebrará el próximo 8 de octubre tras las insistentes peticiones de la Plataforma UGR, que integran numerosos alumnos, profesores y personal administrativo y una demanda formal el pasado junio de un grupo de 55 claustrales. El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, la denegó entonces por entender que había terminado el periodo lectivo para su convocatoria y ahora ha tenido que ceder. En la orden del día, entre los asuntos que se tratarán, el objeto principal de discusión en esta sesión extraordinaria de claustro son las medidas de ahorro y los efectos de estos recortes, por ejemplo la reducción de las nóminas, el aumento de la carga docente o la subida de las tasas de matriculación son algunos de los problemas que plantearán.

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La situación financiera de las universidades andaluzas es preocupante: la Junta les debe el 60% de lo previsto.
El nuevo curso universitario empezó ayer con la subida de las tasas de matriculación, la falta de liquidez de las universidades y los avisos de encierros y protestas como los temas más recurridos en las conversaciones de pasillo. La Universidad de Granada pocas veces había vivido un inicio de curso tan tenso y lleno de incertidumbre, con los estudiantes en pie de guerra, los profesores indignados, el personal de administración llamando a la huelga y, sobre todo, una situación financiera que coloca a las universidades andaluzas en general en una coyuntura especialmente delicada.

El aviso dado el viernes por los diez rectores de las universidades públicas de la comunidad autónoma no puede ser más claro: la situación actual de la tesorería de las universidades es «insostenible». Este retraso en los pagos desemboca en que las universidades, a su vez, mantienen una deuda importante con sus proveedores, hay problemas en el abono de becas, se paraliza la actividad investigadora, se deterioran las infraestructuras y el equipamiento, que por las medidas de austeridad no puede ser renovado con la frecuencia que exige, y otros aspectos que los rectores consideran «esenciales para el funcionamiento de las facultades».

El principal problema financiero que sufren las universidades andaluzas es que la Junta de Andalucía no les estás transfiriendo el dinero comprometido. En total, la administración autonómica le debe a sus centros públicos de educación superior unos 800 millones de euros y, según los datos facilitados por los rectores andaluces, la Junta sólo les transfirió el 60% del dinero previsto.

Este es el angustioso marco en el que se desarrolló la reunión celebrada el pasado 21 de septiembre entre los rectores de las diez universidades públicas y los consejeros de Hacienda y Economía, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, respectivamente. En este encuentro se reclamó con urgencia «un plan de tesorería estable para garantizar el servicio público formativo y de investigación» que prestan las instituciones educativas.

La falta de liquidez no se debe solo a los números rojos de las cuentas de las administraciones. Las universidades andaluzas aseguran que han gestionado correctamente las dotaciones incluidas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía y que se han ajustado a las directrices de ahorro que el Gobierno central había previsto para el sistema, unos 130 millones de euros para este curso.

Por su parte, desde la Junta se culpa a Madrid de una situación por ellos no deseada, en concreto se señala el recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa realizado por el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert. También desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se trasladó a los rectores la imposibilidad de proponer un plan de tesorería para las universidades mientras no estén resueltos los problemas de liquidez de la propia administración autonómica.
La prioridad para el responsable del área, Antonio Ávila, de quién depende en Andalucía la gestión de las universidades, es mantener el empleo, algo con lo que coincidieron los rectores. Así que, hasta el momento el empleo en las universidades sigue estable. En un futuro, no se puede asegurar.

Para garantizar también, al menos a corto plazo, el funcionamiento ordinario de las instituciones universitarias, los miembro del Gobierno autonómico convocaron con carácter urgente una próxima reunión con técnicos de alto nivel de distintas áreas para que se determinen las obligaciones más apremiantes y se atiendan.

El nuevo curso incluye un calendario de movilizaciones y encierros

Además del programa de las asignaturas, alumnos, profesores y personal administrativo consultan desde septiembre el calendario de movilizaciones, huelgas y encierros que vienen adjuntos este año al inicio del curso. El pasado viernes 21 de septiembre, en paralelo a la reunión mantenida entre los rectores de las universidades andaluzas y varios consejeros de la Junta, los representantes del ámbito docente y alumnos celebraron una asamblea para poner encima de la mesa medidas de protesta contra los recortes, sobre todo en el ámbito educativo, y la subida de las tasas universitarias. En la asamblea se fijó la realización de un encierro al final de esta semana en el Hospital Real, que se prolongará hasta el acto oficial de inauguración del curso académico, el próximo lunes 1 de octubre, fecha para la que también se prepará algún acto de protesta, posiblemente una concentración.

Profesores y alumnos presionan al rector con un claustro extraordinario

El polémico claustro extraordinario, el de los recortes, ya tiene fecha. Se celebrará el próximo 8 de octubre tras las insistentes peticiones de la Plataforma UGR, que integran numerosos alumnos, profesores y personal administrativo y una demanda formal el pasado junio de un grupo de 55 claustrales. El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, la denegó entonces por entender que había terminado el periodo lectivo para su convocatoria y ahora ha tenido que ceder. En la orden del día, entre los asuntos que se tratarán, el objeto principal de discusión en esta sesión extraordinaria de claustro son las medidas de ahorro y los efectos de estos recortes, por ejemplo la reducción de las nóminas, el aumento de la carga docente o la subida de las tasas de matriculación son algunos de los problemas que plantearán.

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