Las clases en las universidades de las ocho provincias andaluzas arrancan esta semana entre los ajustes y las deudas. Los rectores acordaron a finales del curso pasado con la Junta de Andalucía un recorte de 130 millones de euros en sus presupuestos. La mayoría de los consejos de gobierno de las universidades han ido aprobando en los últimos meses planes de ajuste para cumplir con este compromiso, que a su vez fue contraído por la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayo.

El collage de los recortes en las universidades públicas se compone de profesores asociados despedidos, reducciones del gasto hasta en los folios, retirada de teléfonos móviles, cierres de dependencias, retrasos en la ejecución de obras o, incluso, planes de ahorro en el consumo de agua y electricidad.

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Los rectores no consiguen arrancarle a la Junta un plan de tesorería
Las universidades se han apretado el cinturón. Y quieren que ahora la Junta de Andalucía apruebe un plan de tesorería para saldar los 750 millones de euros que dicen que les adeuda la Administración autonómica desde 2011. En mayor o menor medida —porque hay instituciones que tienen sus cuentas más saneadas—, todas las universidades sufren ese retraso de la Junta a la hora de transferirles lo acordado en el modelo de financiación y en las inversiones extraordinarias. A la Universidad de Sevilla, por ejemplo, la Consejería de Economía le debe más de 150 millones. A su vez, esta institución con 65.000 estudiantes matriculados tiene una deuda con sus proveedores de alrededor de 50 millones. Las universidades más pequeñas también sufren los mismos problemas: la de Jaén reclama al Gobierno regional 53 millones, la Pablo de Olavide, otros 18.

«Necesitamos el plan de pagos de manera muy urgente», explicaba la semana pasada el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, antes de reunirse con los consejeros de Economía, Antonio Ávila, y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Los diez rectores andaluces no consiguieron en ese encuentro arrancarle a la Junta el deseado plan de tesorería. Lo que sí lograron fue la creación de un grupo de trabajo para analizar los pagos más urgentes mientras el Gobierno andaluz resuelve sus problemas de liquidez.

Pese a esta complicada situación, lo que parece garantizado es el cobro de las nóminas de los trabajadores de las universidades que, como el resto de empleados públicos, también han visto que sus salarios menguan. Pero sí se notará a partir de este lunes que se cuenta con 130 millones menos. Estas son algunas de las medidas que han tomado los equipos directivos:

» Universidad de Sevilla. El Consejo de Gobierno aprobó el 25 de julio un reajuste de su presupuesto, en el que se prevé un ahorro de 20 millones de euros, la mitad en gastos de personal y la otra mitad en gastos de funcionamiento. Los 10 millones del capítulo 1 corresponden a la eliminación de la paga extra de diciembre decretada por el Gobierno central.

Respecto a los gastos de funcionamiento, la Universidad de Sevilla ha decidido eliminar el programa de ordenadores, que ha permitido en los últimos cuatro cursos que más de 32.000 estudiantes tuvieran un ordenador portátil tras depositar una fianza de 150 euros. Esta medida supone un ahorro de 363.100 euros. Esta institución también reduce un 15% sus becas propias (aporta 256.973 euros menos) y prevé ahorrar 763.137 euros en informática y comunicaciones.

La economía de guerra también incluye reducir el consumo de electricidad y el gasto en mensajería privada e impresión de documentos —»en caso necesario, impresión a dos caras»—. Y medidas de más calado como «iniciar las grandes obras cuando se obtenga financiación». La Universidad de Sevilla ha preferido esquivar de momento las medidas más dramáticas y apuesta por el «mantenimiento de la plantilla».

» Universidad de Málaga. El Consejo de Gobierno aprobó en junio su plan de ahorro «para garantizar el equilibrio presupuestario». Entre otros asuntos, la UMA prevé recortar en alquiler de dependencias: «Ya se están dando los pasos necesarios para trasladar estas dependencias externas hacia espacios situados en inmuebles propios», decía en junio esta institución. También se contemplaba «sustituir la compensación económica de las horas extraordinarias por la horaria». Además de cerrar las instalaciones los sábados, el programa de ahorro también baja al detalle: «Siempre que sea posible, se utilizará la videoconferencia (…). También se suprimirán los gastos de atención protocolarios y representativos, salvo los imprescindibles».

» Universidad de Córdoba. El Consejo de Gobierno aprobó en mayo las directrices de su programa de ahorro, donde también se preveía revisar los costes de uso de locales y dependencias externos o los gastos de telefonía y de fotocopias. El capítulo primero estaba dedicado a la revisión de las estructuras de la UCO. Finalmente, se han reducido cargos dependientes del equipo de gobierno y suprimido los vicerrectorados de Innovación y Calidad Docente y de Infraestructuras. Estas desapariciones se unen a otra anterior, la del Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación Institucional. También desaparecen cuatro direcciones generales, se eliminan distintos complementos y cargos dependientes. Todo ello supone un ahorro de 220.000 euros.

Las estrecheces también han provocado en la UCO la salida de 40 docentes asociados y cinco interinos a tiempo parcial. En las directrices que se aprobaron en mayo ya se apostaba por la «supresión prioritaria, en su caso, de contratados docentes con carácter temporal».

» Universidad de Cádiz. Las dependencias de la UCA han estado cerradas todo el mes de agosto. Este cierre en periodo vacacional, que se ha realizado este año por primera vez, ha permitido un ahorro superior a los 300.000 euros. Además, la UCA ha establecido que los trabajos de mantenimiento los realice el personal propio. Los pliegos y especificaciones de los contratos de proveedores serán revisados; y los encargos de estudios y trabajos técnicos están limitados desde hace meses.

Entre las medidas aprobadas por la UCA se incluyen también consejos para el ahorro energético, como mantener los equipos apagados, utilizar lámparas de bajo consumo o la implantación de válvulas motorizadas para evitar las pérdidas de agua en la red. El equipo del rector se ha propuesto también implantar progresivamente programas de software libre y también busca el aumento de las videoconferencias y la reducción de móviles corporativos. En la UCA también se recomienda imprimir las páginas a dos caras.

» Universidad de Jaén. Unos 100 profesores asociados e interinos dejarán de trabajar este curso en la UJA como consecuencia de los ajustes del nuevo plan de ordenación docente que debe asumir esta institución, entre otras cosas, por el aumento de la carga lectiva hasta los 32 créditos, una medida que afectará aproximadamente al 60% de los docentes de la UJA. Aunque el rectorado aún no ha cerrado la cifra exacta de afectados, a la espera de conocer los datos de cada departamento, el sindicato CC OO ha advertido de que pueden ser más de un centenar los afectados.

El rector de la UJA, Manuel Parras, se acoge de momento al plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre, donde se apostaba por el mantenimiento de las partidas dedicadas a investigación, la internacionalización, las becas y ayudas a la movilidad. Sin embargo, ahora nadie duda de que ese plan se quedará corto, puesto que los proyectos de investigación también sufrirán recortes.

» Universidad de Almería. La UCA inicia el curso con un plan de eficiencia aprobado a finales de junio que busca ahorrar en gastos de personal e inversión. En el capítulo de personal (para el que cuenta con 52 millones) se prevé reducir entre 2,2 y 2,4 millones con medidas que pasan por la reducción de los vicerrectorados actuales (de nueve a cinco), la fusión entre facultades y hasta el despido de los profesores asociados (unos 200).

La Universidad también pretende optimizar el gasto en electricidad y agua corriente. El consumo actual de agua es de 30 euros por persona al año y se pretende llegar a los 10 euros por cabeza.

» Granada, Huelva y Pablo de Olavide. El gerente de la Universidad de Granada, Andrés Navarro Galer, estaba a finales de la semana pasada a la espera de la reunión que mantuvieron los rectores con las consejerías de Economía y de Hacienda. Según Navarro, su institución no ha aprobado aún un plan extraordinario de ajustes, aunque recuerda que el ahorro ha marcado los últimos presupuestos de la UGR.

Algo parecido señalan desde la Universidad de Huelva, donde afirman que los ajustes llevan realizándolos desde hace cinco cursos. La UHU prevé una reducción de un 15% en todas las unidades de gasto.

A la Universidad Pablo de Olavide le ha pillado este asunto en mitad de un proceso electoral. El rector cambió a finales de mayo y, según fuentes de esta institución, se espera que en un plazo máximo de 15 días se apruebe en el Consejo de Gobierno un nuevo plan de ajuste.

Con información de Manuel J. Albert, Libertad Paloma, Ginés Donaire, Marta Soler, Valme Cortés y Lucía Vallellano.

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Las clases en las universidades de las ocho provincias andaluzas arrancan esta semana entre los ajustes y las deudas. Los rectores acordaron a finales del curso pasado con la Junta de Andalucía un recorte de 130 millones de euros en sus presupuestos. La mayoría de los consejos de gobierno de las universidades han ido aprobando en los últimos meses planes de ajuste para cumplir con este compromiso, que a su vez fue contraído por la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayo.

El collage de los recortes en las universidades públicas se compone de profesores asociados despedidos, reducciones del gasto hasta en los folios, retirada de teléfonos móviles, cierres de dependencias, retrasos en la ejecución de obras o, incluso, planes de ahorro en el consumo de agua y electricidad.

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Los rectores no consiguen arrancarle a la Junta un plan de tesorería
Las universidades se han apretado el cinturón. Y quieren que ahora la Junta de Andalucía apruebe un plan de tesorería para saldar los 750 millones de euros que dicen que les adeuda la Administración autonómica desde 2011. En mayor o menor medida —porque hay instituciones que tienen sus cuentas más saneadas—, todas las universidades sufren ese retraso de la Junta a la hora de transferirles lo acordado en el modelo de financiación y en las inversiones extraordinarias. A la Universidad de Sevilla, por ejemplo, la Consejería de Economía le debe más de 150 millones. A su vez, esta institución con 65.000 estudiantes matriculados tiene una deuda con sus proveedores de alrededor de 50 millones. Las universidades más pequeñas también sufren los mismos problemas: la de Jaén reclama al Gobierno regional 53 millones, la Pablo de Olavide, otros 18.

«Necesitamos el plan de pagos de manera muy urgente», explicaba la semana pasada el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, antes de reunirse con los consejeros de Economía, Antonio Ávila, y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Los diez rectores andaluces no consiguieron en ese encuentro arrancarle a la Junta el deseado plan de tesorería. Lo que sí lograron fue la creación de un grupo de trabajo para analizar los pagos más urgentes mientras el Gobierno andaluz resuelve sus problemas de liquidez.

Pese a esta complicada situación, lo que parece garantizado es el cobro de las nóminas de los trabajadores de las universidades que, como el resto de empleados públicos, también han visto que sus salarios menguan. Pero sí se notará a partir de este lunes que se cuenta con 130 millones menos. Estas son algunas de las medidas que han tomado los equipos directivos:

» Universidad de Sevilla. El Consejo de Gobierno aprobó el 25 de julio un reajuste de su presupuesto, en el que se prevé un ahorro de 20 millones de euros, la mitad en gastos de personal y la otra mitad en gastos de funcionamiento. Los 10 millones del capítulo 1 corresponden a la eliminación de la paga extra de diciembre decretada por el Gobierno central.

Respecto a los gastos de funcionamiento, la Universidad de Sevilla ha decidido eliminar el programa de ordenadores, que ha permitido en los últimos cuatro cursos que más de 32.000 estudiantes tuvieran un ordenador portátil tras depositar una fianza de 150 euros. Esta medida supone un ahorro de 363.100 euros. Esta institución también reduce un 15% sus becas propias (aporta 256.973 euros menos) y prevé ahorrar 763.137 euros en informática y comunicaciones.

La economía de guerra también incluye reducir el consumo de electricidad y el gasto en mensajería privada e impresión de documentos —»en caso necesario, impresión a dos caras»—. Y medidas de más calado como «iniciar las grandes obras cuando se obtenga financiación». La Universidad de Sevilla ha preferido esquivar de momento las medidas más dramáticas y apuesta por el «mantenimiento de la plantilla».

» Universidad de Málaga. El Consejo de Gobierno aprobó en junio su plan de ahorro «para garantizar el equilibrio presupuestario». Entre otros asuntos, la UMA prevé recortar en alquiler de dependencias: «Ya se están dando los pasos necesarios para trasladar estas dependencias externas hacia espacios situados en inmuebles propios», decía en junio esta institución. También se contemplaba «sustituir la compensación económica de las horas extraordinarias por la horaria». Además de cerrar las instalaciones los sábados, el programa de ahorro también baja al detalle: «Siempre que sea posible, se utilizará la videoconferencia (…). También se suprimirán los gastos de atención protocolarios y representativos, salvo los imprescindibles».

» Universidad de Córdoba. El Consejo de Gobierno aprobó en mayo las directrices de su programa de ahorro, donde también se preveía revisar los costes de uso de locales y dependencias externos o los gastos de telefonía y de fotocopias. El capítulo primero estaba dedicado a la revisión de las estructuras de la UCO. Finalmente, se han reducido cargos dependientes del equipo de gobierno y suprimido los vicerrectorados de Innovación y Calidad Docente y de Infraestructuras. Estas desapariciones se unen a otra anterior, la del Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación Institucional. También desaparecen cuatro direcciones generales, se eliminan distintos complementos y cargos dependientes. Todo ello supone un ahorro de 220.000 euros.

Las estrecheces también han provocado en la UCO la salida de 40 docentes asociados y cinco interinos a tiempo parcial. En las directrices que se aprobaron en mayo ya se apostaba por la «supresión prioritaria, en su caso, de contratados docentes con carácter temporal».

» Universidad de Cádiz. Las dependencias de la UCA han estado cerradas todo el mes de agosto. Este cierre en periodo vacacional, que se ha realizado este año por primera vez, ha permitido un ahorro superior a los 300.000 euros. Además, la UCA ha establecido que los trabajos de mantenimiento los realice el personal propio. Los pliegos y especificaciones de los contratos de proveedores serán revisados; y los encargos de estudios y trabajos técnicos están limitados desde hace meses.

Entre las medidas aprobadas por la UCA se incluyen también consejos para el ahorro energético, como mantener los equipos apagados, utilizar lámparas de bajo consumo o la implantación de válvulas motorizadas para evitar las pérdidas de agua en la red. El equipo del rector se ha propuesto también implantar progresivamente programas de software libre y también busca el aumento de las videoconferencias y la reducción de móviles corporativos. En la UCA también se recomienda imprimir las páginas a dos caras.

» Universidad de Jaén. Unos 100 profesores asociados e interinos dejarán de trabajar este curso en la UJA como consecuencia de los ajustes del nuevo plan de ordenación docente que debe asumir esta institución, entre otras cosas, por el aumento de la carga lectiva hasta los 32 créditos, una medida que afectará aproximadamente al 60% de los docentes de la UJA. Aunque el rectorado aún no ha cerrado la cifra exacta de afectados, a la espera de conocer los datos de cada departamento, el sindicato CC OO ha advertido de que pueden ser más de un centenar los afectados.

El rector de la UJA, Manuel Parras, se acoge de momento al plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre, donde se apostaba por el mantenimiento de las partidas dedicadas a investigación, la internacionalización, las becas y ayudas a la movilidad. Sin embargo, ahora nadie duda de que ese plan se quedará corto, puesto que los proyectos de investigación también sufrirán recortes.

» Universidad de Almería. La UCA inicia el curso con un plan de eficiencia aprobado a finales de junio que busca ahorrar en gastos de personal e inversión. En el capítulo de personal (para el que cuenta con 52 millones) se prevé reducir entre 2,2 y 2,4 millones con medidas que pasan por la reducción de los vicerrectorados actuales (de nueve a cinco), la fusión entre facultades y hasta el despido de los profesores asociados (unos 200).

La Universidad también pretende optimizar el gasto en electricidad y agua corriente. El consumo actual de agua es de 30 euros por persona al año y se pretende llegar a los 10 euros por cabeza.

» Granada, Huelva y Pablo de Olavide. El gerente de la Universidad de Granada, Andrés Navarro Galer, estaba a finales de la semana pasada a la espera de la reunión que mantuvieron los rectores con las consejerías de Economía y de Hacienda. Según Navarro, su institución no ha aprobado aún un plan extraordinario de ajustes, aunque recuerda que el ahorro ha marcado los últimos presupuestos de la UGR.

Algo parecido señalan desde la Universidad de Huelva, donde afirman que los ajustes llevan realizándolos desde hace cinco cursos. La UHU prevé una reducción de un 15% en todas las unidades de gasto.

A la Universidad Pablo de Olavide le ha pillado este asunto en mitad de un proceso electoral. El rector cambió a finales de mayo y, según fuentes de esta institución, se espera que en un plazo máximo de 15 días se apruebe en el Consejo de Gobierno un nuevo plan de ajuste.

Con información de Manuel J. Albert, Libertad Paloma, Ginés Donaire, Marta Soler, Valme Cortés y Lucía Vallellano.

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