Cómo se debe financiar la educación superior en plena crisis económica y de qué forma pueden crearse mecanismos que movilicen los recursos hacia las universidades en plena recesión económica, son algunas de las preguntas que se realizan en estos momentos gobernantes y responsables de la gestión universitaria. Mientras existen países cuyos centros superiores dependen enormemente de la financiación privada (en EEUU, Japón y Reino Unido el gasto público no supera el 35%), en otros (España, Francia o Alemania) la financiación pública supera el 80%.
Hace unos días se dio a conocer el presupuesto para 2012 en Andalucía, en el que el Gobierno ha fijado un gasto de 1.133 millones de euros para el funcionamiento de sus nueve universidades; 115,5 millones para inversiones; 17 millones para el programa Erasmus; 3,5 millones para ayudas al estudio; 2,6 millones para prácticas en empresas y actuaciones culturales; y 5,5 millones para la implantación del EEES.
A la espera de conocer cuál será el presupuesto con el que contará la Universidad de Granada en 2012, y tras anunciarse que en algunas comunidades como Madrid se va a reducir en más de un 30% los fondos destinados a sus centros de educación superior (sobre todo el apartado dedicado a las nuevas infraestructuras), es un buen momento para reflexionar sobre los problemas de eficiencia que padece el sistema universitario público español y escuchar lo que dicen los expertos.
La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) publicó a principios de curso su informe anual sobre universidades que incluía un análisis de los profesores Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Pérez García (Universidad Politécnica de Valencia) que da algunas claves de los núcleos de ineficiencia de la universidad española.
«La identificación de sus problemas de eficiencia, y su consiguiente resolución, favorecerá la mejora de la productividad universitaria y de sus resultados», explican. Los núcleos de ineficiencia consumen un gran volumen de recursos sin generar la financiación suficiente y menoscaban la capacidad de las universidades para desarrollar nuevas iniciativas que la sociedad demanda.
Los expertos de la Fundación CYD clasifican en tres los grandes problemas de eficiencia de las universidades españolas: un exceso de recursos asignados a la oferta de prestación de servicios de enseñanza superior con escasa demanda; adaptación insuficiente de las titulaciones de grado al patrón de intensidad docente del Espacio Europeo de Educación Superior; y una limitada actividad de I+D+i de los docentes con capacidad investigadora.
En el primer caso, el informe CYD encuentra unos orígenes claros de este desequilibrio que hace que más del 42% de las enseñanzas tengan menos de 50 alumnos de nuevo ingreso. Por un lado, «la voluntad de las autoridades públicas de extender la oferta territorial de enseñanzas universitarias mediante la creación de nuevas universidades y campus locales». Aunque el objetivo era aproximar los servicios universitarios a todos los usuarios, se han acabado creando «demandas cautivas» que reducen la movilidad estudiantil y desmotiva la competencia institucional. Otra de las causas ha sido la permanencia en el sistema de una única vía de acceso al empleo universitario estable como «profesor con obligaciones docentes», lo que ha provocado una estrategia continuada de los departamentos para ampliar su encargo docente. Por último, «la tendencia de las universidades a defender o conquistar el territorio poseído o anhelado».
Y respecto al segundo problema, su causa se basa esencialmente en el nulo esfuerzo que han hecho las instituciones superiores por asumir el cambio que propone el Plan Bolonia. «La adaptación (de títulos en grados) a la demanda, salvo en una decena de universidades, ha consistido en una réplica, cuando no un incremento, del mapa de los antiguos títulos en nuevos grados», critican.
Así concluyen los expertos: «si las universidades hubieran abordado una correcta adaptación al EEES, la reducción de los créditos impartidos habría derivado en una menor presencialidad docente y una menor oferta de títulos con baja demanda, lo que habría dado lugar a disponer de un margen de recursos superior al 30% del coste de la función educativa superior pública, es decir, más de 2.100 millones de euros».
Cómo se debe financiar la educación superior en plena crisis económica y de qué forma pueden crearse mecanismos que movilicen los recursos hacia las universidades en plena recesión económica, son algunas de las preguntas que se realizan en estos momentos gobernantes y responsables de la gestión universitaria. Mientras existen países cuyos centros superiores dependen enormemente de la financiación privada (en EEUU, Japón y Reino Unido el gasto público no supera el 35%), en otros (España, Francia o Alemania) la financiación pública supera el 80%.
Hace unos días se dio a conocer el presupuesto para 2012 en Andalucía, en el que el Gobierno ha fijado un gasto de 1.133 millones de euros para el funcionamiento de sus nueve universidades; 115,5 millones para inversiones; 17 millones para el programa Erasmus; 3,5 millones para ayudas al estudio; 2,6 millones para prácticas en empresas y actuaciones culturales; y 5,5 millones para la implantación del EEES.
A la espera de conocer cuál será el presupuesto con el que contará la Universidad de Granada en 2012, y tras anunciarse que en algunas comunidades como Madrid se va a reducir en más de un 30% los fondos destinados a sus centros de educación superior (sobre todo el apartado dedicado a las nuevas infraestructuras), es un buen momento para reflexionar sobre los problemas de eficiencia que padece el sistema universitario público español y escuchar lo que dicen los expertos.
La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) publicó a principios de curso su informe anual sobre universidades que incluía un análisis de los profesores Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Pérez García (Universidad Politécnica de Valencia) que da algunas claves de los núcleos de ineficiencia de la universidad española.
«La identificación de sus problemas de eficiencia, y su consiguiente resolución, favorecerá la mejora de la productividad universitaria y de sus resultados», explican. Los núcleos de ineficiencia consumen un gran volumen de recursos sin generar la financiación suficiente y menoscaban la capacidad de las universidades para desarrollar nuevas iniciativas que la sociedad demanda.
Los expertos de la Fundación CYD clasifican en tres los grandes problemas de eficiencia de las universidades españolas: un exceso de recursos asignados a la oferta de prestación de servicios de enseñanza superior con escasa demanda; adaptación insuficiente de las titulaciones de grado al patrón de intensidad docente del Espacio Europeo de Educación Superior; y una limitada actividad de I+D+i de los docentes con capacidad investigadora.
En el primer caso, el informe CYD encuentra unos orígenes claros de este desequilibrio que hace que más del 42% de las enseñanzas tengan menos de 50 alumnos de nuevo ingreso. Por un lado, «la voluntad de las autoridades públicas de extender la oferta territorial de enseñanzas universitarias mediante la creación de nuevas universidades y campus locales». Aunque el objetivo era aproximar los servicios universitarios a todos los usuarios, se han acabado creando «demandas cautivas» que reducen la movilidad estudiantil y desmotiva la competencia institucional. Otra de las causas ha sido la permanencia en el sistema de una única vía de acceso al empleo universitario estable como «profesor con obligaciones docentes», lo que ha provocado una estrategia continuada de los departamentos para ampliar su encargo docente. Por último, «la tendencia de las universidades a defender o conquistar el territorio poseído o anhelado».
Y respecto al segundo problema, su causa se basa esencialmente en el nulo esfuerzo que han hecho las instituciones superiores por asumir el cambio que propone el Plan Bolonia. «La adaptación (de títulos en grados) a la demanda, salvo en una decena de universidades, ha consistido en una réplica, cuando no un incremento, del mapa de los antiguos títulos en nuevos grados», critican.
Así concluyen los expertos: «si las universidades hubieran abordado una correcta adaptación al EEES, la reducción de los créditos impartidos habría derivado en una menor presencialidad docente y una menor oferta de títulos con baja demanda, lo que habría dado lugar a disponer de un margen de recursos superior al 30% del coste de la función educativa superior pública, es decir, más de 2.100 millones de euros».
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