Mientras la Plataforma contra la Tergiversación del Franquismo en el Diccionario de la Real Academia de la Historia ultima su denuncia contra los responsables de la polémica publicación y algunos de sus autores por posible «apología del genocidio», su número de adeptos va creciendo por momentos. Según el colectivo, unas 600 personas apoyan sus fines ya en Facebook, alrededor de 350 han firmado a favor de las acciones penales previstas y, ayer, la Asociación de la Memoria Histórica de Granada anunció que promoverá la unión de víctimas de la represión franquista a la querella.

Así lo anunció ayer en rueda de prensa la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Maribel Brenes, que precisó que ya están en contacto con familias de víctimas de Almendralejo (Badajoz), donde se llevó a cabo el fusilamiento de más de mil personas tras la entrada de las tropas franquistas, hecho que por lo visto se contempla en el diccionario como «un episodio de normalización democrática».

Emilio García-Wiedemann, profesor de la Universidad de Granada (UGR) y portavoz de la Plataforma contra la Tergiversación del Franquismo en el Diccionario de la Real Academia de la Historia, que compareció junto a Brenes, detalló que la denuncia que se está preparando estará dirigida contra el director de la Real Academia de la Historia, el director del diccionario, los editores y algunos autores de las entradas de la obra que están en tela de juicio, como Luis Suárez, autor de las biografías de Franco y Escrivá de Balaguer. «No se puede invocar ni la libertad de expresión ni la libertad de cátedra para proferir manifestaciones que tengan por objeto ni ensalzar, ni encubrir ni dulcificar aquellos que fue un genocidio», manifestó el portavoz.

El colectivo reclama así la retirada cautelar de la obra mientras se depuran las posibles responsabilidades penales, así como la devolución «inmediata» del dinero percibido para su realización, que asciende a 6,4 millones de euros. Además, la plataforma pide que se cotejen con los archivos de Salamanca y con los de Alcalá aquellas biografías que entiende que son «claramente tendenciosas» .

La denuncia que prepara este grupo de granadinos será presentada ante la Fiscalía, a fin de que investigue los hechos por si pudieran ser delictivos, como precisó el portavoz, al tiempo que reveló que el miércoles se entrevistaron con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para exponerle sus objetivos.

García-Wiedemann explicó que la plataforma piensa llegar hasta el final, pues agotarán la vía nacional y acudirán, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo. «Recabaremos la tutela efectiva de los derechos, porque entendemos que se están intentando glorificar crímenes contra la humanidad», añadió.

El colectivo quiere saber también qué posición toma la Casa Real en este asunto a propósito de lo publicado, pues la reina Doña Sofía es académica honoraria de la Real Academia de la Historia. Tampoco, según dijo el portavoz, el partido en la oposición se ha pronunciado al respecto.

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Casi el 60% de los granadinos que quieren adelgazar se marca un objetivo por debajo de lo saludable · El té verde ha demostrado reducir de forma significativa el peso y el índice de masa corporal

Casi seis de cada diez granadinos que acude al farmacéutico en busca de ayuda para controlar su peso se fija objetivos poco realistas y desearía tener una silueta que se sitúa por debajo de lo considerado como saludable, según un estudio del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) y la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA). Ambas sociedades científicas han puesto en marcha un programa en las farmacias andaluzas para asesorar sobre el control integral del sobrepeso. Se calcula que unos 327.000 granadinos sufren sobrepeso, la antesala de la obesidad. Los expertos aconsejan perder peso de manera gradual y segura con dieta, ejercicio y preparados de plantas medicinales de dispensación en farmacias.

La presidenta de INFITO, Concha Navarro, catedrática de Farmacología de la Universidad de Granada, advierte en este sentido que «las farmacias son el único canal autorizado para dispensar plantas medicinales con indicación terapéutica». Desde el pasado 1 de mayo, en que finalizó el plazo de adaptación de la directiva europea sobre plantas medicinales, éstas sólo se pueden dispensar en farmacias cuando están indicadas para tratar o prevenir alguna patología. Por otro lado, el farmacéutico «cuenta con una formación reglada en fitoterapia», recuerda. Según datos de INFITO, uno de cada diez andaluces recurre a las plantas medicinales para adelgazar.

En el programa puesto en marcha por INFITO y la SEDCA participan a nivel nacional 125 dietistas, que han visitado 2.000 farmacias y atendido a más de 200.000 pacientes (135.000 el pasado año y 70.000 éste). «La colaboración entre dietistas y farmacéuticos permite ofrecer una asistencia integral en el sobrepeso que incluye dieta, ejercicio y plantas medicinales, una fórmula que está consiguiendo pérdidas de peso graduales, mantenidas y, sobre todo, seguras», destaca el profesor Jesús Román, presidente del comité científico de SEDCA.

El tratamiento del sobrepeso se puede realizar a través de la disminución de la ingesta energética o de los depósitos grasos, del incremento en el gasto energético, de la inhibición de la absorción de lípidos o de la proliferación y diferenciación de adipocitos, y para estos mecanismos existen plantas medicinales que pueden ayudar, explica la profesora Navarro. La planta medicinal con más investigaciones sobre su eficacia en el control del peso es el té verde o camilina. «En su hoja se combinan diferentes mecanismos como el incremento en el gasto energético y en la oxidación de grasas y una disminución en la absorción de lípidos», declara.

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El PSOE ha defendido su «derecho legítimo» a recurrir el sorteo que dio la Alcaldía de Lújar al PP y determinó la proclamación de los concejales en este municipio al tiempo que ha calificado de «extremadamente graves» las acusaciones de los populares respecto a que es un intento de los socialistas para retrasar la constitución de la Diputación y «destruir» documentación oficial.

La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha considerado que la dirección provincial del PP debería mostrar «como mínimo» su respeto por el recurso que ha planteado el PSOE y por la decisión que puedan adoptar los tribunales, «porque es tan legítimo como el que el PP interpuso en la Junta Electoral Central para que se invalidaran los dos votos que propiciaban el empate entre PSOE y PP en Lújar», ha añadido.

Además, ha opinado que el PP debería reflexionar ante la actitud que ha adoptado en este asunto y le ha retado a que «si puede probar la destrucción de cualquier expediente o de facturas, acuda sin pérdida de tiempo al juzgado y lo denuncie de inmediato». Asimismo, ha considerado «ridículo» que esgriman como «prueba» de la supuesta destrucción de papeles las fotos mostradas del camión de reciclaje «ya que como es habitual y totalmente normal, este camión recoge el papel para reciclar de la Diputación como lo hace también en otras administraciones».

Según ha defendido Elvira Ramón, el PP demuestra un «desconocimiento absoluto» de la Ley Electoral al criticar este recurso que, según ha señalado, tiene el aval de un informe elaborado por un catedrático de la Universidad de Granada, que determina que se adjudicaron incorrectamente los candidatos proclamados, aunque sí se ajustó a la legalidad la elección del primer candidato y del segundo mediante el lanzamiento de moneda, ya que se vulneró el artículo 163.1.

Y es que, según ha detallado, este artículo establece que «si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa».

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El Consejo Social de la Universidad decidirá el 17 de junio el incremento exacto de los precios públicos académicos · El Ministerio fija una horquilla del 3,6% al 7,6%

Los precios públicos académicos de la Universidad de Granada (UGR) van a subir el próximo curso entre un 3,6% y 7,6%, lo que significa que una matrícula costará de media entre 25 y 53 euros más respecto a la que se pagó en el curso que ahora concluye. El Consejo Social de la UGR, que es el organismo que fija anualmente el incremento o descenso de las tasas dentro del margen que impone el Ministerio de Educación, se reunirá el próximo 17 de junio para tomar una decisión.

Si la Universidad de Granada continúa con la misma política que ha tenido desde que estalló la crisis, se acogerá a la subida mínima para aliviar la presión fiscal de las familias, pero no hay que olvidar que los precios públicos suponen el 15% de los gastos y constituyen una buena oportunidad para tapar la falta de ingresos.

Cada año, las tasas y los precios públicos de las universidades se rigen por las directrices que marca el Consejo de Coordinación Universitaria nacional, que normalmente establece un intervalo de 4 puntos en función del Índice de Precios de Consumo (IPC). Como a finales de marzo la tasa de inflación interanual era del 3,6%, el Ministerio de Educación ha ofrecido a las comunidades un margen de subida de hasta el 7,6%. Este sistema es el mismo desde 2002 y se mantendrá hasta 2013, que se negociará de nuevo el modelo de financiación, según ha informado el ministro del ramo Ángel Gabilondo.

Hace dos años, como el IPC registró una tasa negativa por primera vez desde 1962, la UGR optó por congelar sus precios públicos. El año pasado, la variación interanual se incrementó un 1,5%, lo que llevó a la institución granadina a fijar una subida de las tasas del 1,65%. Pero este año la escalada de la crisis ha vuelto a incrementar el IPC y, por tanto, el mínimo del intervalo académico.

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba se reunió ayer y acordó que la subida de sus tasas fuera mínima (del 3,6%).

Si en Granada se propone también una subida mínima, el crédito de un Grado medio costará 12,12 euros, lo que supondría un incremento de 42 céntimos respecto a 2010 y, por tanto, la matrícula de sesenta créditos rondaría los 727 euros (cuando la media este curso ha estado en los 702 euros). En cambio, si la subida de las tasas alcanzara el máximo permitido, el 7,6%, el crédito rondaría los 12,58 euros (unos 88 céntimos más) y la matrícula tendría un coste para el alumno del 755 euros de media.

Como novedad, el próximo curso se incrementa considerablemente el precio de la tercera matrícula de una asignatura, pues el Estado deja de abonar su parte y, por tanto, el estudiante tiene que pagar íntegramente el coste de la misma. Así, si el crédito de una primera matrícula costaría con la subida mínima 12,12 euros, con la de la tercera matrícula pasaría a costar 18,64 euros.

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