El «sentir mayoritario» del Cuerpo de Policía Local respecto a las oposiciones a subinspector celebradas el 10 de abril de 2007 era que el sistema selectivo «no garantizaba la transparencia ni la objetividad» necesarias en un proceso de este tipo. Esta percepción no andaba muy alejada de la realidad ya que, casi cuatro años después, la Audiencia Provincial considera que se produjo una filtración por parte de uno varios miembros del tribunal a cinco opositores.
Según asegura Sebastián Aguado, secretario general del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AM), para la plantilla las oposiciones fueron «la gota que colmó el vaso» y «un auténtico cachondeo». Y es que, según recuerda, «no fue visto con buenos ojos de cara a la generalidad» que un miembro del comité ejecutivo local del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) fuera miembro del tribunal de oposición.
Menos aún si se tiene en cuenta, según apunta, que «dos de los cinco opositores» supuestamente beneficiados también pertenecían al citado comité, mientras que «los tres restantes eran afiliados».
Precisamente «por el malestar ante una posible filtración» de los exámenes se creó el SIP-AM, al que pertenece como afiliado el agente que denunció los hechos. Pero, tal y como explica el secretario general de este sindicato, «probar la filtración es prácticamente imposible» aunque «es vox populi en la Jefatura la poca transparencia» que hubo en las oposiciones.
«Muchos nos presentamos y las preguntas eran totalmente surrealistas y muy complicadas dentro de un temario extenso. Y aún así, vimos que había gente que obtenía de nota hasta un 9,8 cuando otros, con dos carreras, no llegábamos ni al cinco. Pero, ¿cómo podemos probar una filtración a pesar de que todo el mundo piense que la ha habido?»explica.
Sin embargo, tal y como ha resuelto la Audiencia Provincia, hay indicios suficientes para asegurar que se produjo esa filtración a cinco de los ocho opositores que obtuvieron plaza y, por eso, el SIP-AM exige al concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Moral, que «tome cartas en el asunto» y «depure las responsabilidades tanto de los opositores como de los miembros del tribunal, ya que hay hechos probados y por tal motivo se puede actuar».
Además, para evitar situaciones como la ocurrida en 2007, el responsable asegura haberle presentado al edil un sistema utilizado por la Universidad de Granada y que realmente garantiza la total transparencia del proceso . «Este sistema permite que en el momento de hacer el examen, con sólo pulsar un botón, se efectúe un barrido de cien preguntas o las que se quiera del total de las cuestiones programadas. Y nunca se graba el mismo examen dos veces», indica.
Por su parte, el secretario general del SIPLG, Rafael Carvajal, destaca que «en las fechas en las que se desarrollaron las oposiciones el 90% de la plantilla pertenecía al sindicato», por lo que no es extraño que los cinco opositores tuvieran relación con el mismo. Además, aseguró que su organización sindical está «totalmente en contra de que los procesos selectivos se vulneren».
Bajo su punto de vista, «la sentencia dice que hay indicios» de un fraude aunque «no hay una resolución definitiva». Por eso, asegura que le gustaría «que se afinará más» y que «se abundara en la investigación para depurar responsabilidades en su momento».
