La efectividad de la reforma sobre los delitos contra la seguridad vial que el Gobierno llevó a cabo en 2007 es «limitada», ya que la reducción de accidentes de tráfico corresponde «al éxito» de las campañas de sensibilización, a la firmeza en el cobro de las sanciones y a la implantación del carné por puntos.
Éstas son las primeras conclusiones que extrae un estudio que están realizando conjuntamente la Universidad de Granada y el grupo de investigación criminológica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante), Crimina.
El proyecto ha sido presentado hoy por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Miguel Olmedo en el VII congreso español de Criminología, que se celebra desde hoy en Elche, junto a las VIII jornadas de estudio sobre «El accidente de tráfico urbano y su entorno», y que ha sido inaugurado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Olmedo ha explicado a EFE que existe la necesidad de implantar en España un «control» sobre la eficacia de las normas penales en materia de tráfico para comprobar que éstas «no se aprueban sin más».
También ha señalado que la reforma sobre los delitos contra la seguridad vial que el Gobierno llevó a cabo en 2007 nació, además, en un contexto «complejo», ya que fue entonces cuando se introdujo el carné por puntos.
Según los primeros resultados, esa reforma ha tenido un efecto «limitado» en la reducción de los delitos de tráfico, ya que esa disminución es atribuible principalmente a otros fenómenos, como las campañas de sensibilización, el hecho de que las multas se cobren de manera «más efectiva» y a la entrada en vigor del carné por puntos.
Olmedo ha destacado que, si bien el número de delitos penales por seguridad penal ha aumentado notablemente -en Andalucía casi un tercio de la población penitenciaria está relacionada con ellos-, esto se debe a que la reforma incrementó el número de figuras penales relacionadas con los accidentes de tráfico.
«No es que haya más delitos o se persigan más, sino que la reforma acaba sentando en el banquillo a personas que antes sólo eran sancionadas», ha puntualizado.
Por su parte, el ministro de Justicia, durante el discurso inaugural del congreso, ha elogiado la gran «utilidad» de la criminología en la elaboración de las políticas públicas en materia de seguridad vial, sobre todo en las medidas sobre protección y de respuesta a las conductas declitivas.
También ha asegurado que, en términos generales, España tiene una de las tasas de criminalidad «más bajas» de Europa en casi todos los tipos delictivos, «a pesar de la constante manipulación informativa de quienes quieren llevar a cabo el principio de cuanto peor vayan las cosas, mejor».
El ministro ha sostenido que «no pretende, ni por un solo segundo, negar que los ciudadanos tengan el derecho a que las instituciones públicas les ofrezcan un entorno lo más seguro posible», pero ha puesto en «entredicho» que esto se consiga mediante el recurso «obsesivo» al «incremento de la presión punitiva».
«Un incremento que casi siempre recae sobre los mismos grupos, a los que podría denominarse sospechosos habituales», ha puntualizado el ministro a través de lo que ha calificado como un «guiño cinematográfico».
Sobre la cadena perpetua, Caamaño ha recalcado que «algunos claman» porque se adopte esa medida, «cuando en España se han desarrollado programas de prevención que han conseguido un éxito aclamado internacionalmente».
En el encuentro, en el que participan más de 500 personas y 90 ponentes españoles y extranjeros, se estudian cuestiones como la delincuencia juvenil, la criminología penitenciaria o el terrorismo y el crimen organizado.
