Si la jornada de ayer fue el ensayo del paro general que los sindicatos aseguran que -ahora sí- está por venir, la conclusión es inequívoca: hay ganas de huelga general. Al menos así lo apuntan los datos facilitados por los sindicatos convocantes (UGT, CCOO y CSI.F), que aseguran que el seguimiento de la huelga de funcionarios y empleados públicos superó, servicios mínimos decretados aparte, el 75% de media en todos los sectores. Satisfactoria y exitosa fueron dos de los calificativos más usados para definir una jornada que afectaba, en teoría, a más de 61.000 trabajadores de la provincia.
Claro que, en materia de huelgas, el baile de cifras está totalmente asegurado. Mientras que los sindicatos registraron un seguimiento del paro del 60% en sanidad; del 72% en la enseñanza pública: del 20% en la concertada; del 95% en la Universidad de Granada; del 92% en los ayuntamientos; del 80% en la Diputación y del 60% en las delegaciones de la Junta, los cálculos oficiales hablan de porcentajes muy distintos. Así, la Subdelegación del Gobierno informó de que el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado en la provincia no superó el 11,5% -de los 3.946 trabajadores, 456 secundaron el paro-. Por su parte, la Junta de Andalucía apuntó que el seguimiento de los funcionarios fue del 15,8% (356 de un total de 2.248) y el del personal laboral, del 8,2% (237 de 2.903 fueron ayer a la huelga)
Aunque es obvio que la enorme diferencia de estos porcentajes se debe a que los sindicatos y las administraciones no hacen los cálculos igual -los sindicatos cuentan sólo a los trabajadores que pueden secundar la huelga sin incluir a los de los servicios mínimos y las administraciones tienen en cuenta al total de los trabajadores del sector, puedan o no secundar el paro-, lo cierto es que la de ayer fue una jornada de huelga a medio gas que, debido a los «abusivos servicios mínimos» impuestos, no causó una gran incidencia en los servicios públicos. Por mucho que hubieran querido, los 61.000 funcionarios y empleados públicos de Granada no habrían podido asistir a la huelga.
Y de los que pudieron secundar el paro, no todos estuvieron ayer en la manifestación convocada para mostrar la repulsa de los empleados públicos hacia el paquete de medidas del Gobierno y el rumbo que ha tomado la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Al ritmo de una batukada que apenas dejaba oír las tradicionales consignas voceadas desde la furgoneta de los lemas -«Menos asesores, más trabajadores», «Impuestos para los ricos, no para los curritos» o «Políticos, chapuceros, no juguéis con mi dinero» fueron algunas de las más celebradas- miles de trabajadores públicos recorrieron ayer la Avenida de la Constitución y parte de Gran Vía para exigir que el Gobierno dé marcha atrás y renuncie al tijeretazo. Según los sindicatos, la manifestación reunió a 7.000 personas, aunque los cálculos de la Policía hablaban de 4.000.
En cualquier caso, los suficientes para colapsar las calles de la ciudad y convertir el tráfico en una pesadilla para cientos de conductores. Si ya de por sí una manifestación supone un trastorno en el día a día de la ciudad, especialmente, en lo que al tráfico se refiere cuando las protestas se unen a una ciudad levantada por las obras la combinación es explosiva. Eso fue lo que ocurrió ayer en la capital que durante varias horas sufrió un colapso importante de vehículos al quedar cerrado desde las 11 de la mañana el eje principal Reyes Católicos-Gran Vía- Avenida de la Constitución.
Si bien, durante las primeras horas de la protesta de 11:30 a 12:30 la situación se consideraba «controlada» dentro de la ralentización del tráfico habitual debido al desvío de los coches por el Camino de Ronda, los problemas llegaron después cuando la mayoría de los trabajadores, manifestantes y no manifestantes cogieron su vehículo para volver a casa. Centenares de vehículos se vieron entonces bloqueados en las principales vías de acceso y salida de la ciudad.
Desde la Policía Local se realizó un refuerzo de patrullas en los puntos más conflictivos para agilizar la circulación y evitar más problemas, aunque desde el cuerpo se apuntó que fue complicado normalizar el caos existente y advirtió que los problemas serán mayores cuando se produzca el corte en Méndez Nuñez, también por las obras del Metropolitano. En cualquier caso, las protestas de los ciudadanos que ayer utilizaron el transporte público para trasladarse de un punto a otro eran repetitivas y es que tan sólo para llegar de la Plaza del Carmen a La Caleta, se dedicaban más de 45 minutos.
El balance de los sindicatos, al margen del baile de cifras, de los servicios mínimos y del caos de tráfico, fue razonablemente positivo. La presidenta del CSI.F, Mercedes Casares, aseguró ayer que la convocatoria se convirtió en el «primer guantazo a un Gobierno que ha querido hacer culpables de la crisis a los funcionarios» y añadió que la de ayer fue sólo la primera de las movilizaciones que están por venir.
El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, arengó a los manifestantes recordando que en este momento los funcionarios y los empleados públicos son la «punta de lanza» de la defensa del Estado de Bienestar, puesto que son la primera diana de los recortes sociales y laborales que planea el Gobierno y que hacen parecer «inevitable» la huelga general. «Tenemos que evitar caer en la trampa de la resignación porque este Gobierno ha dejado de cumplir sus compromisos con la clase trabajadora».
Por último, la secretaria general de UGT, Manuela Martínez, felicitó a los manifestantes por «poner su dignidad por encima de las mentiras» vertidas contra los empleados públicos y reivindicó el derecho de los sindicatos a plantarse contra el Gobierno convocando una huelga general. «Los empleados públicos ya hemos dado muestras suficientes de que somos solidarios. Ahora esta vuelta de tuerca, ¿por qué? ¿Es que tenemos que darle satisfacción a los mercados financieros que nos llevaron a la crisis?», cuestionó la responsable sindical.
