El derecho de autodeterminación deja de ser tabú en la Unión Europea
Primero era sólo para los países que huían de la tiranía soviética y luego para los trozos que escapaban, ensangrentados, de los tanques de la Gran Serbia. Pero el debate sobre el derecho de autodeterminación ha acabado penetrando también en sociedades pacíficas y democráticas que ya son miembros de la Unión Europea o que aspiran a integrarse a ella. Uno de los grandes tabúes de la UE se está resquebrajando.
En 1993, la República Checa y Eslovaquia se separaron pacíficamente tras sendos referendos aceptados por Parlamentos democráticos. En 2006, Montenegro logró la independencia tras otro referéndum de secesión supervisado por la UE y asumido por la madre Serbia. Y Kosovo proclamó su independencia unilateral en 2008 y, aunque no tiene aún el plácet de la ONU cuenta con el reconocimiento de más de 60 países.
Una sentencia de 1998 en Canadá fija la pauta para las sociedades democráticas
Pero el fenómeno ha llegado ya a la vieja Europa: también en 2008, Dinamarca aceptó el referéndum de Groenlandia, que aprobó masivamente cortar lazos con Copenhague y dejó la puerta abierta a la independencia total. En la UE ya se debate sobre la posibilidad de ampliación interior. ¿Qué hacer si valones y flamencos, ambos en la UE a través de Bélgica, se separan? No es una discusión meramente teórica: el primer ministro escocés, el nacionalista Alex Salmond, proyecta un referéndum soberanista para 2011. A Londres no le gusta la idea, pero nadie se desgañita proclamando la indivisbilidad de la patria.
La tendencia va más allá de Europa. Pese a la globalización, el número de Estados en el mundo crece sin parar. En 1945, la ONU agrupaba a 51 Estados. Hoy cuenta con 192. No todo el aumento se debe a procesos de secesión, pero sí la mayor parte. En dos olas principales: la descolonización de la década de 1960 y la desintegración del imperio soviético, en la de 1990.
La aplicación del derecho de autodeterminación en ambas olas apenas es discutido por nadie, de acuerdo con el derecho internacional y los principios de la ONU: afectaba a ex colonias o a países anexionados por una tiranía. ¿Pero tiene sentido esgrimir el mismo principio en sociedades democráticas? En opinión de Montserrat Guibernau, catedrática de Ciencia Política en el Queen Mary College de Londres, sin ninguna duda porque «la base procede de las ideas de la Ilustración». «El principio básico es que el poder reside en el pueblo y que no puede gobernarse sin el consentimiento del pueblo», subraya Guibernau. Y añade: «Esto sirve para las colonias, para la Unión Soviética y para los Estados democráticos».
Dinamarca aceptó el referéndum soberanista de Groenlandia; Londres debate el de Escocia
Y sin embargo, el derecho de autodeterminación solía estar pomposamente proclamado en las Constituciones de raíz soviética, pero no se encuentra rastro del principio en las democracias liberales. El divorcio entre checos y eslovacos, al igual que el de serbios y montenegrinos, eran opciones previstas constitucionalmente, pero ambas federaciones procedían del campo soviético.
«No existe ni un solo país en el mundo con Constitución liberal-democrática que tenga reconocido el derecho de secesión o el derecho de autodeterminación», subraya Josep Maria Castellà, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB). «El derecho internacional es claro: sólo se reconoce en procesos de descolonización o de régimen totalitario» añade.
El dictamen de Canadá
La aparente contundencia legal no está reñida sin embargo con la aplicación del principio en una sociedad democrática. El propio Castellà señala el mecanismo que esgrimen todos los estudiosos: la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998.
Tras dos referendos soberanistas convocados por la francófona Quebec en 1980 y en 1995 ambos con derrota nacionalista, aunque el último por los pelos, el Gobierno de Otawa pidió al tribunal que clarificara las reglas del juego. Su dictamen se ha convertido en la práctica en jurisprudencia y de hecho la propia UE impuso estos criterios para el referéndum de Montenegro.
Simplificando: 1) La secesión no puede ser unilateral, sólo pactada. 2) Requiere el apoyo de una mayoría inequívoca. No se especifica, pero no puede ser la mitad más uno. Y 3) La pregunta sometida a referéndum tiene que ser clara.
Todo ello a pesar de que las normas fundamentales de los países de tradición liberal no contemplan formalmente el derecho de autodeterminación. Ni en Canadá, ni en Dinamarca, ni en Reino Unido. Pero en estos países el debate se ha desarrollado con normalidad y sin dramatismo. Ya cuando Alex Salmond ganó en 2007 las elecciones escocesas y ratificó su apuesta independentista, el semanario londinense The Economist dejó clara su oposición, pero con el siguiente título: La independencia escocesa. Una revolución debatible.
«La tradición británica no tiene nada que ver con la española. Su Monarquía siempre ha tenido algo de Habsburgo [confederal] y el pluralismo identitario interno está mucho más interiorizado», opina el historiador Joan B. Culla para explicar las diferencias con el griterío de aquí.
Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera que no es necesario que la Constitución reconozca la libre determinación si se respetan los principios canadienses: «Si una mayoría clara quiere la independencia en una sociedad democrática, no hay quien la pare, diga lo que diga la Constitución», afirma.
El caso de Kosovo, que está siendo examinado estos días por la Corte Internacional de Justicia, es menos claro. Le falta uno de los tres criterios que establece el dictamen canadiense: no fue pactado, sino unilateral.
Kosovo cuenta ya con el reconocimiento de 63 países, entre ellos su padrino, EEUU, que esgrimen la «limpieza étnica» como elemento singular. España se opone: Pristina puede convertirse en un precedente peligroso de secesión unilateral que supere el corsé canadiense. No es un asunto balcánico: toda Europa está pendiente de La Haya.
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