La desilusión del \’cambio\’ cubano
Un grupo de expertos reunidos en Madrid para analizar la situación de la economía cubana pintó un negro panorama, en el que las esperanzas de cambio que despertó el relevo de Fidel Castro por su hermano Raúl no se han visto cumplidas. Así, medidas como que los cubanos puedan adquirir teléfonos móviles y ordenadores suponen una burla, dada la precaria situación de la mayoría de los cubanos, que no sólo no tienen los medios para adquirir estos productos, sino que tienen que dedicar una gran cantidad de tiempo a «resolver», es decir, a buscar día a día la manera de subsistir.
La Casa de América acogió el lunes el Seminario de Reformas Económicas en Cuba, organizado por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE, en sus siglas en inglés) y la Asociación Española Cuba en Transición (AETC). Los ponentes coincidieron en señalar la situación desesperada de la economía cubana, que achacaron a razones internas más que a causas externas, como el embargo de Estados Unidos, que más bien representa «una coartada» para el Gobierno.
Entre los principales problemas de la economía cubana destaca la baja productividad y, relacionada con ésta, la baja producción de alimentos, que obliga a la importación del 50% de la alimentación (el 84% desde Estados Unidos), según destacó el economista Joaquín Pujol, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional. Según Pujol, «hay dos economías cubanas: una virtual, la que el Gobierno presenta al exterior, y que según las estadísticas oficiales es el país que más crece en América Latina, y otra real, la que tienen que vivir los cubanos en la isla», con problemas de racionamiento y escasez. Además, el sistema de salud y la educación, principales logros del régimen, han experimentado un grave deterioro en los últimos años. Se da la paradoja de que el Gobierno envía a miles de médicos al extranjero, mientras faltan en la isla.
Doble moneda
Otro grave problema es el sistema de doble moneda que rige en la isla, con el peso «nacional» y el «peso convertible» (que equivale a 20 pesos nacionales), con tasas de cambio múltiples, que provoca distorsiones económicas y sociales y complica notablemente la contabilidad de las empresas extranjeras.
Los expertos relacionaron directamente la apertura económica con la transición a la democracia en la isla y destacaron la resistencia del régimen a todo cambio económico que comporte un menor control del Gobierno. Manuel García Díaz, profesor de la Universidad de Granada y ex vicepresidente de la Junta Central de Planificación de Cuba, afirmó que «en Cuba hay un gran ayatolá, que es Fidel, que se ha rodeado de talibanes adeptos y de un 20% de la población que le sigue ciegamente y mantiene como rehén al resto».
«Los derechos civiles, las elecciones democráticas y los derechos humanos deben ir acompañados de la economía de mercado y la propiedad privada», destacó Elías Amor, profesor de la Universidad de Valencia. Además del embargo de Estados Unidos, en Cuba «existe un embargo interno a la economía de los cubanos, que les impide trabajar o montar negocios», afirmó Jorge Sanguinetty, presidente de la ASCE.
Por su parte, Roger Betancourt, profesor emérito de la Universidad de Maryland (EE UU), enumeró tres diferentes modelos de transición que pueden darse en la isla: el ruso, en el que se mantiene lo que ha existido hasta ahora, con subsidios procedentes de Venezuela, Rusia, China o Irán; el chino, que combina reformas económicas con represión política y el del cambio democrático.
Respecto a este último, Betancourt señaló que «tener unas elecciones libres y justas cuesta tiempo y dinero». El problema es «quién pagará las campañas electorales» y «si unas elecciones sufragadas por dinero y tiempo extranjeros serían percibidas como legítimas», destacó el profesor.
Los expertos también analizaron la situación de las empresas extranjeras, especialmente españolas, que han tomado posiciones en la isla. Javier Rupérez, cónsul general de España en Chicago, denunció las normas «aberrantes» a las que deben someterse los trabajadores del sector turístico y se declaró escéptico «ante la posibilidad de cambios democráticos y pacíficos en Cuba en un futuro inmediato».
Quiebra del igualitarismo salarial
«Una de las características esenciales de la economía cubana es el Estado como empleador único», destaca Jorge Sanguinetty, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE). Esta característica se traduce en la inflexibilidad de la demanda, ya que las empresas no pueden contratar libremente a sus trabajadores.
Sanguinetty analizó el lunes en Madrid una de las principales medidas económicas propuestas por Raúl Castro: el aumento de los salarios de los trabajadores según la productividad, llamado por el régimen «pago por resultados». Se trata de una medida de gran calado ideológico, que «quebrará una de las bases de la revolución: el igualitarismo salarial», señaló.
El salario medio que cobra la mayoría de los trabajadores cubanos, congelado desde hace años, equivale a 17 dólares mensuales. «Se sobrevive a través del mercado negro y otras actividades clandestinas», explicó Sanguinetty, quien apuntó la dificultad para determinar quién identificará a los trabajadores más productivos.
El aumento de los salarios tiene como objetivo aumentar la productividad de las empresas cubanas, pero tiene varios impedimentos. Uno de los más importantes es el empleo redundante, que infla la plantilla de las empresas.
Otras trabas son las escalas salariales arbitrarias y grandes distorsiones salariales entre profesiones, que «hacen que sea más interesante trabajar de portero en un hotel, con acceso a propinas en dólares, que seguir como neurocirujano», señaló el presidente de la ASCE.
Por su parte, las empresas extranjeras pagan al Gobierno unos 300 dólares mensuales por cada trabajador, mientras que éstos reciben unos 17 dólares. De esta manera, «el Estado cubano opera como una gran empresa de trabajo temporal», Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, destacó el «incumplimiento absoluto» de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de Cuba, donde «el Gobierno se ha negado a registrar a sindicatos independientes y encarcela a sindicalistas».
Tampoco existe el derecho de huelga y se produce discriminación ideológica en el empleo, añadió Mercader, quien destacó que «Cuba no ha ratificado el convenio 182 de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil».
El problema de las propiedades confiscadas
Una de las incógnitas que despierta una posible transición a la democracia en Cuba es el destino de las propiedades confiscadas tras la revolución que comenzó en 1959, analizado en lunes por varios expertos en la Casa de América de Madrid. «Cuba ha sido un país extremo, se confiscaron hasta los puestos de helados», señaló Rolando Castañeda, ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tania Mastrapa, experta en reclamación de propiedades confiscadas, detalló el proceso de confiscación de propiedades en Cuba. Al comienzo de la revolución cubana se creó un Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados destinado a actuar contra los bienes del dictador Batista y sus colaboradores. Sin embargo, «confiscaron las propiedades más valiosas, aunque los propietarios no fueran colaboradores de Batista. El ministerio se llevaba todo lo que había dentro de las casas y lo subastaba en el extranjero», relató Mastrapa.
Otro objetivo eran las empresas más exitosas. «Les obligaban a pagar elevados impuestos, les negaban maquinaria, les ponían cuotas de producción imposibles y después les acusaban de improductivas y las confiscaban», afirmó Mastrapa. Además, los empleados podían reclamar la nacionalización.
Las empresas que no fueron confiscadas en un primer momento fueron intervenidas y puestas bajo el control del Estado, pero con el tiempo todas fueron confiscadas. Otro motivo de nacionalización era la acusación de abandono de la patria y traición que recaía sobre los exiliados.
En Cuba existe una percepción de los exiliados como «traidores y avariciosos a los que sólo les interesa regresar para recuperar sus negocios y echarte de la casa», explicó Mastrapa, que admitió que no hay una solución fácil frente a este problema. Después de 60 años de revolución, muchas casas y empresas se han destruido y otras están ocupadas por funcionarios, diplomáticos y dependencias del Gobierno.
La compensación monetaria es complicada, porque a los expropiados «les parece un insulto lo que les pagan». Además, «deja las propiedades compatibles para ser adquiridas por comunistas y extranjeros, pero desincentiva a los cubanos que quieran quedarse», explica Mastrapa.
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