En estos días de tanta memoria histórica, en los que muchos le preguntan a los muertos de qué bando eran, también hay científicos volcadas en llegar a certidumbres sobre los restos más ilustres de nuestra historia y de nuestra memoria. No es lo mismo tratar de arrojar luz sobre una traumática represión y lo que ellos hacen. Y también es distinto examinar el cúbito de un señor del Paleolítico Medio y intentar identificar a Cristóbal Colón, al Príncipe de Viana o a Quevedo.
José Antonio Sánchez y Bernardo Perea, director y secretario de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, participaron hace un año en el reconocimiento de los restos del mordiente escritor. Se trató de una tarea ardua, de meses de trabajo. En primer lugar había que conocer lo mejor posible al personaje. Biógrafos e historiadores se convierten en cómplices de la ciencia forense. Todo puede ser útil: cartas, obras literarias, documentos, inscripciones… «Hay que estudiar históricamente al individuo para conocer sus rasgos físicos, si padeció alguna enfermedad, a qué edad murió…», explicó a ABC el doctor Sánchez.
Más tarde llega el trabajo de laboratorio: intentar poner en correspondencia toda esa información con los restos óseos de los que se disponen. Se inicia así el estudio antropométrico, morfológico y patológico de los huesos, clasificándolos (sexo y edad) y examinando posibles dolencias (la cojera).
Los años pesan y se dejan sentir en la estructura que sostiene al hombre. Según Sánchez, «a partir de los 20 años los huesos comienzan a envejecer. Se aprecia en el cierre de la metáfisis, y sobre todo en articulaciones y en la columna vertebral, donde se van formando unos rivetes o rugosidades. Éstas aumentan a medida que pasan los años, y nos dicen si un individuo es joven, de edad media o viejo». Un segundo factor para conocer la edad se observa en las radiografías internas del hueso, ya que según envejecemos se produce una reabsorción medular. La dentadura es otro elemento que facilita la identificación.
Los avances tecnológicos han permitido que con pequeñas muestras óseas se puedan realizar análisis fiables. «Ahora somos mucho más precisos. Podemos comparar miles de datos con nuevos métodos como la tomografía o a la reconstrucción en 3D», comenta el doctor Miguel C. Botella, profesor de Antropología Física de la Universidad de Granada.
Cuando la investigación se complica, los esfuerzos se centran en los estudios genéticos, aunque no son ninguna panacea. Hay que analizar el ADN mitocondrial, el que se transmite por línea femenina, de madre a hijos; los hombres tienen el de sus progenitoras, pero ellos no lo transmiten. «Los análisis de ADN mitocondrial son complicados. Es difícil que un personaje histórico mantenga una línea genética pura, pero si existe la posibilidad hay que intentarlo», comenta el doctor José Antonio Sánchez.
«Si tenemos algún familiar coetáneo se podría hacer el estudio y ver si los marcadores genéticos coinciden», añade. En el caso de Quevedo lo descartaron, puesto que no existía una genealogía clara, sólo rumor de una supuesta hermana.
Sin embargo, en otros casos el ADN ha resuelto las dudas. Se empleó hace pocos años para identificar los restos del zar Nicolás II de Rusia y la familia imperial, fusilados por los bolcheviques en 1918.
Uno de los mayores problemas que plantea el ADN es la contaminación de los restos. «Cuando hablamos de restos de hace tres o cuatro siglos, hay que hablar también de mucho movimiento de huesos, de sacas, profanaciones,… Si comparamos a un individuo con presunto familiar y no coinciden, la duda es saber cuál de los dos no es el real» explica doctor Perea. El conocimiento avanza a pesar de las limitaciones. Y Colón está en la catedral de Sevilla, y Quevedo descansaba en Villanueva de los Infantes, y el joven infante Don Sancho, hijo de Pedro el Cruel, no fue envenenado. Luces en las sombras de la Historia.
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En 2007, los matrimonios rotos definitivamente en España fueron 130.897, un 7,4 por ciento menos que el año anterior, un cambio de tendencia que fue acelerándose a medida que avanzaban los meses. Y que no parece terminar ahí: en el primer trimestre de este año, el número de divorcios cayó un 18,1 por ciento respecto del mismo período del ejercicio anterior.
La subida del euríbor y la crisis, con la consiguiente inestabilidad laboral, explican ese recorte, aunque los especialistas comentan que era impensable que los divorcios siguieran aumentando a razón de 50.000 al año, como sucedió en 2005 y 2006. Ahora, la cuestión radica en saber cuánto tiempo se mantendrá la tendencia a la baja y qué sucede con esos matrimonios que en mejores condiciones económicas se habrían roto.
La ley del divorcio se aprobó en 1981, lo que homologaba a España con la mayor parte de los países occidentales, después de la breve experiencia habida durante la República. Su instauración fue quizá la última medida de verdadero calado social adoptada por el Gobierno de UCD, entonces presidido por Leopoldo Calvo Sotelo. Desde entonces, el número de divorcios registrados en España no ha dejado de crecer año a año. Sólo hubo una excepción en 1996, pero apenas cabe hablar de descenso porque fueron sólo 500 rupturas menos que en el ejercicio anterior, lo que supone un 1,5 por ciento de caída.
La tendencia creciente se aceleró en 2005, con la reforma llamada popularmente del «divorcio exprés». Tanto es así, que el número se multiplicó casi por tres en sólo dos años, a causa de las menores exigencias legales y una alegría económica rayana en la opulencia. «En épocas de bonanza, las rupturas son más frecuentes», sostiene Gonzalo Pueyo, delegado en Vizcaya de la Asociación Española de Abogados de Familia. Por eso la llegada de la crisis ha tenido efectos inmediatos y de una intensidad que sorprende a los especialistas.
El euríbor dio el primer aviso a lo largo del verano de 2006. Quince meses más tarde, la carga de los intereses de un crédito era exactamente el doble que en el año 2002. El pago de la hipoteca amenazaba ya con estrangular muchas economías familiares. En ese momento, además, el paro comenzó a repuntar. Unos meses después, las alarmas estaban ya encendidas y todo el mundo hablaba de crisis. Esa evolución económica se ha reflejado en la contabilidad de los divorcios. Así, 2006 cerró con la cifra más alta jamás registrada en España: más de 140.000. Un récord que además suponía casi siete rupturas por cada diez nuevos matrimonios y que llevó al Instituto de Política Familiar a asegurar que en 2010 habría más divorcios que matrimonios.
Cambio de tendencia
Sin embargo, eso empezó a cambiar en 2007. «Debe tenerse en cuenta que al divorciarse uno de los pilares fundamentales de las medidas a decidir es el de la vivienda familiar», explica Pueyo. De entrada, uno de los ex cónyuges debe abandonar el hogar y procurarse otro acomodo, lo que supone un gasto de gran cuantía. Pero además, continúa Pueyo, la pareja debe seguir haciendo frente a la cuota hipotecaria, en un horizonte razonable de tipos de interés altos. «En consecuencia, mucha gente opta por garantizarse la estabilidad y la posición económica manteniendo la cohabitación, que no la convivencia», concluye el abogado, que confirma desde su experiencia y la de su Asociación que el factor económico actúa muchas veces «como freno a la hora de tomar decisiones tan trascendentales como divorciarse».
Un freno que en época de crisis opera con mayor contundencia. Un estudio de Diego Ruiz Becerril, profesor de Sociología en la Universidad de Granada, desvela que cuanto más baja es la clase social a la que pertenece la pareja mayor es la pérdida proporcional de poder adquisitivo que sufren ambos, de forma especial las mujeres. Ander Gurrutxaga, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco, lo explica de forma muy gráfica: «Los cónyuges de una pareja de renta media que se divorcian se convierten automáticamente en “mileuristas” y a veces ni eso, después de haber hecho frente a las obligaciones derivadas de la ruptura. Es decir, pasan a llevar una vida con las privaciones propias de un estudiante, cuando ya no tienen edad ni ánimo para ello».
Por eso empiezan a proliferar las parejas que desearían terminar con su matrimonio pero que una vez hecho un cálculo razonable de su régimen de gastos tras la ruptura deciden seguir juntos. Ahora bien, ¿es un simple aplazamiento hasta una mejor coyuntura económica o esas parejas se darán una nueva oportunidad? ¿Cómo se organiza la convivencia entre dos personas que no están juntas por decisión propia, sino por circunstancias ajenas a sus deseos? Por primera vez desde el final de la Transición, muchos miles de matrimonios desearían romper sus relaciones e iniciar una nueva vida y no pueden hacerlo.
Sin arreglo
Pueyo cree que puede estar formándose «una “bolsa” de parejas en espera de tiempos mejores para iniciar los trámites, sobre todo en aquellas familias en que los hijos se hallan cercanos a la mayoría de edad». José Cáceres, psicólogo clínico en un centro del Servicio Navarro de Salud y profesor de la Universidad de Deusto, está de acuerdo con Pueyo. El intento de darse otra oportunidad está condenado al fracaso a medio plazo, aunque a corto pueda mejorar la relación. «Pero es que ni siquiera es muy frecuente que los cónyuges tengan esa intención, porque en un porcentaje muy alto de los casos de ruptura la animosidad entre ellos es tan grande que resulta imposible un acuerdo de ese tipo». No obstante, Cáceres reconoce que los casos que él conoce son precisamente los conflictivos, lo que puede sesgar su punto de vista.
Hay opiniones diferentes, a partir del principio de que cada pareja es un mundo aparte. «No es igual que el divorcio se plantee por la existencia de una tercera persona que por un problema de alcoholismo», apunta a modo de ejemplo Juan Luis Martín, doctor en Psicología y miembro fundador de Etxaide, centro universitario de Psicología y Familia. En su opinión, las causas de la pretendida ruptura son fundamentales para una posible solución a la crisis, aunque sea forzada por una convivencia no deseada. También Gurrutxaga cree que en lo que suceda en el futuro influirán factores como la edad de los cónyuges, sus objetivos o su situación económica.
En esa convivencia forzada, un elemento crucial serán los hijos. Las alteraciones emocionales de los más pequeños, el bajo rendimiento y los problemas de conducta en los preadolescentes y el desarraigo y el riesgo de verse arrastrado al consumo de drogas o alcohol en los adolescentes están suficientemente contrastados por quienes trabajan con familias rotas, apunta Martín. Pero convivir con una pareja atada por una hipoteca no tiene por qué ser mejor. «Si hay guerras entre quienes viven separados, qué puede suceder cuando tienen que seguir juntos a la fuerza…», advierte Cáceres. La hipoteca puede mantener unido un matrimonio pero no parece un vínculo capaz de regenerar los afectos.
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