La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, inaugurará hoy el más importante congreso del sector .

Presentar las últimas novedades en el sector biotecnológico y propiciar el intercambio de proyectos y negocios, son los principales objetivos del encuentro internacional llamado Biospain 2008 y que será inaugurado hoy en Granada por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. A este evento está previsto que asistan alrededor de 1.500 profesionales del sector pertenecientes a un total de 35 países.

La celebración de este encuentro está avalada por las perspectivas de crecimiento de la industria biotecnológica, una actividad que en España aporta ya el 0,6 por ciento del PIB y a la que se dedican en el país más de 300 empresas que emplean a 44.330 personas y facturan 5.359 millones de euros, según la organización.

Biospain 2008 ofrece una plataforma empresarial para el establecimiento de contactos, atracción de clientes e inversores y la generación de relaciones sinérgicas. Facilita además un amplio acceso a un mercado creciente. Por ese motivo, desde hoy y hasta el próximo viernes, empresas, instituciones públicas, entidades financieras y otros agentes implicados en el desarrollo de la biotecnología establecerán contactos y presentarán novedades del sector en este encuentro a cuya inauguración también asistirán los consejeros andaluces de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, y de Salud, María Jesús Montero.

En esta cuarta edición, Biospain se estructura en cinco módulos que incluyen un congreso científico (BIOTEC 2008), un ciclo de sesiones plenarias en la que intervendrán expertos internacionales en biotecnología, una exposición comercial, un foro de inversiones y un espacio para el desarrollo de negocio.

Sesiones

Las sesiones plenarias, tituladas \’Hacia una bioeconomía sostenible\’ y coorganizadas por Genoma España, contarán con la presencia de Kiran Mazumdar-Shaw, considerada una de las 50 mujeres más influyentes del planeta.

También intervendrán Ken Morse, director del programa de emprendedores del Massachusetts Technology Institute -la institución científica que ha generado algunas de las compañías biotecnológicas con mayor éxito en el mundo- y Steven Burrill, presidente de Burrill and Co., principal fondo inversor en biotecnología y reconocido como uno de los arquitectos de esta industria en Estados Unidos.

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) organiza la cuarta edición de Biospain en colaboración con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (INTERES Invest in Spain), GENOMA España, Farmaindustria y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

En su tercera edición, celebrada en Madrid en septiembre de 2006, Biospain congregó cerca de 1.000 visitantes de 20 nacionalidades y 40 expositores.
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Según antiguas indagaciones, las respuestas que busca el juez Garzón pueden estar en la Audiencia Provincial, esto es, en manos de la propia Justicia.

La cifra de muertos que dejó en Granada la Guerra Civil y la posterior y encarnizada represión contra los republicanos, el bando perdedor pese a que defendía la legalidad, puede ser bastante más elevada que la que se ha manejado estos días en los que, merced a una iniciativa del magistrado Baltasar Garzón, decenas de investigadores de toda España se afanan en cuantificar la verdadera magnitud de la tragedia. Paradójicamente, sería la propia Justicia, es decir, el poder del Estado al que pertenece Garzón, la que dispondría de una información que elevaría a 25.000 el número de cadáveres que dejaron el conflicto armado y la dictadura en la provincia de Granada, el doble de la cifra que más ha sonado últimamente.

Se da la circunstancia de que el juez Garzón, que trata de encontrar razones para abrir una causa por genocidio contra el franquismo, ha reclamado documentos al Ayuntamiento de Granada o a la Universidad, pero no consta que se haya dirigido a la Audiencia Provincial, en cuyo archivo existirían legajos que demostrarían que los sublevados mataron a 25.000 personas.

Lo dice el prestigiosa hispanista Ian Gibson en su célebre investigación \’La muerte de García Lorca. La represión nacionalista de Granada en 1936\’. «Un conocido mío que ha podido consultar los documentos archivados en la Audiencia de Granada insiste en que una suma de 25.000 víctimas sería más correcta».

Gibson recuerda que el dato coincide con el que un notario de Córdoba había dado a Gabriel Jackson, un hispanista estadounidense experto también en la Guerra Civil. El fedatario público, que, debido a su condición, «tuvo acceso a documentos vedados al público», calculó que los muertos en Granada ascendieron a 26.000.

Cadáveres sin nombre

Rafael Gil Bracero, reputado investigador y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, reconoce que él mismo ha hecho mención a esa pista en varios de sus trabajos. «Ojalá pudiéramos tener acceso a la Audiencia Provincial…», dijo ayer a este periódico.

Gil Bracero participó en una reunión de especialistas para consensuar la información histórica sobre las matanzas de la Guerra Civil que entregarán hoy a la Universidad de Granada para que, a su vez, la traslade al juez Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional. De ese encuentro, salió una cifra real, es decir, verificada con los nombres y apellidos en la mayoría de los casos: 6.376 muertos, 6.376 tragedias aún sin resolver.

Gil Bracero señaló que ahí se incluyen 555 cadáveres sin nombre: aparecían en el Registro Civil como difuntos, pero nada se decía de su identidad. Eran sólo números junto a la causa del fallecimiento: \’Herida de bala\’.

Además, habría otras 400 personas que fueron fusiladas estando presas, pero tampoco se conoce su filiación. «Cuando recogimos la información en la cárcel, ya hace unos cuantos años, no se nos permitió copiar los nombres», recuerda.
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El fiscal superior de Andalucía abogó por los derribos «como regla general» Reclama «una respuesta institucional coordinada» ante este tipo de delitos

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se mostró ayer partidario de aplicar la demolición «como regla general» cuando se produzca un delito urbanístico, de modo que la no aplicación de esta medida sea «una circunstancia excepcional». El fiscal hizo estas declaraciones con motivo del curso \’El Derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística\’ que organiza el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía, en Almuñécar. García Calderón habló en su ponencia sobre \’La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo\’ y consideró asimismo que en este ámbito confluyen muchas cuestiones.

El fiscal superior centró la mayor parte de su intervención en explicar la filosofía y la penalidad que recoge el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la situación de aquellos promotores o constructores o técnicos directores, que llevan a cabo una construcción no autorizada en suelo destinados viales, zonas verdes o lugares que tengan administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o histórico cultural.

García Calderón, que reconoció que el sistema podría mejorarse para este sector del urbanismo y la parcelación ilegal, se ha referido a los problemas técnicos y jurídicos en esta materia, y ha considerado que la delincuencia urbanística «requiere una respuesta institucional coordinada». Al respecto, añadió que es un tipo de delincuencia que presenta un elenco de actividades delictivas muy diversas y heterogéneas. «Hay situaciones que afectan a particulares que se han visto abocados en esta situación por distintas circunstancias. También presenta caracteres de delincuencia organizada y por ello cada una tiene que ser examinada para los casos concretos», señaló.

Para García Calderón, es urgente buscar «la aplicación uniforme» de la Ley Penal para que tenga el desarrollo adecuado del Estado de la autonomía. El fiscal dijo que el verdadero efecto disuasorio en la delincuencia urbanística es un efecto de naturaleza económica y muy vinculado a la real y efectiva demolición de lo construido, ya que ha sido alterada contraviniendo la legislación urbanística.

Por otra parte, manifestó que aunque los instrumentos legislativos sean muy defectuosos y tengan que ser modificados, no impide el que sí se pueda combatir la delincuencia urbanística. García Calderón expresó que la delincuencia urbanística incide en la subida del precio de la vivienda. Además señaló la importancia de que los cuerpos policiales se especialicen en estos delitos al igual que lo han hecho los fiscales.
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Con el título “Tiempo de acción”, el que fuera profesor y rector de la Universidad de Granada, Federico Mayor Zaragoza, recoge una selección de artículos en un volumen que publican la Editorial de la Universidad de Granada (EUG) y el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada (CICODE). El libro será presentado –el 17 de septiembre, a las 20 horas en el Centro de Documentación Científica de la UGR, sito en la calle Rector López Argüeta– por el catedrático de Historia Contemporánea de la UGR, Manuel Titos Martínez.

Federico Mayor Zaragoza recoge, en este volumen, diversos artículos relacionados con la cultura de la paz, la desigualdad, la seguridad alimentaria en el mundo, el desarrollo, la solidaridad, la salud o la pobreza mundiales, asuntos estos de los que el que fuera ministro de Educación y Ciencia se ha venido ocupando en los últimos lustros, bien desde la UNESCO, organización esta de la que fue director general (1987-1999), bien desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue vicepresidente y presidente en funciones, entre 1971 y 1973; o desde el Ministerio de Educación y Ciencia, del que fue subsecretario entre 1974 y 1975. Pero igualmente, Mayor Zaragoza ha ostentado y ostenta otras responsabilidades, como diputado en el Parlamento (1977-1978); ministro de Educación y Ciencia (1981-82); diputado del parlamento europeo, en 1987; y dirigente en Naciones Unidas, o en la Fundación Cultura de Paz.

El libro contiene 18 artículos y un prólogo de José Antonio Pérez Tapias, quien destaca el humanismo del autor del libro: “El humanismo de Mayor Zaragoza –afirma Pérez Tapias– es un humanismo exigente que busca constantemente el logro de metas políticas en las que sus valores ganen reconocimiento y concreción. Es ese peculiar enfoque humanista el que le lleva a subrayar, considerándola inaceptable, la tremenda desigualdad que comporta el capitalismo. La lógica del beneficio con que éste se mueve se contrapone a la lógica de la democracia, hasta el punto de que, tras las apariencias, lo que en verdad gobierna el mundo es una plutocracia de países ricos (los del G-8)”.
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