EDICIÓN IMPRESA – Nacional
El Gobierno lanza una ofensiva para advertir de que la Constitución es «infranqueable»
Sevilla avisa que se rechazará «lo que sea malo para España, aunque sea constitucional», y Bono y Alonso insisten en que la única «nación» es España
EFE El ministro del Interior, José Antonio Alonso, con Pasqual Maragall y los consejeros Castells y Tura, ayer en Barcelona
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G. L. A.
MADRID. En el arranque de la semana que se considera decisiva para conocer el desenlace de la reforma del Estatuto de Cataluña, el Gobierno lanzó ayer una ofensiva para dejar sentado que la Constitución constituye un «límite infranqueable», en palabras de Juan Fernando López Aguilar. Pero no fue el ministro de Justicia el único que abordó ayer este asunto y con una orientación similar. También lo hicieron los titulares de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; Defensa, José Bono, e Interior, José Antonio Alonso.
Esta presión pública sobre los principales protagonistas de dicha reforma -en estos momentos Pasqual Maragall, como presidente de la Generalitat, y Artur Mas, como líder de CiU-, para marcar las líneas del campo de juego, sucede al acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, desvelado por ABC, para bloquear la reforma en Cataluña si no tiene visos de prosperar en las Cortes, y que se evidenció el domingo con la advertencia expresa del primer secretario del PSC de que su partido no permitirá que Cataluña haga «el ridículo» en el Parlamento nacional.
Jordi Sevilla, el único de los cuatro con atribuciones directas en esta materia, fue incluso más allá que López Aguilar y afirmó que el Gobierno no apoyará «lo que sea malo para España, aunque sea constitucional». El ministro de Administraciones Públicas, durante una conferencia-coloquio en Andalucía, dijo sin más precisiones que en el proyecto de reforma del Estatuto catalán «hay cosas con las que no estoy de acuerdo aunque sean constitucionales»,
No obstante, en relación con la polémica sobre la denominación que deben tener las comunidades autónomas en la Constitución, apuntó que se deben llamar «por su nombre y apellido». Como modelo de reforma consensuada puso la de la Comunidad Valenciana, que hoy debatirá el pleno del Congreso de los Diputados.
Advertencias por «responsabilidad»
López Aguilar, durante una conferencia en los cursos de verano del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, vino a justificar la avalancha de declaraciones de ministros al señalar que «el Gobierno hace un ejercicio de responsabilidad advirtiendo de que los procesos de reformas estatutarias tienen el límite infranqueable de la Constitución». En este sentido, el ministro, que también forma parte de la ejecutiva del PSOE, defendió «la importancia de mantener muy claras las condiciones, los parámetros y los límites de ese proceso».
A la ofensiva gubernamental se sumó el ministro del Interior. Alonso, que no suele pronunciarse sobre asuntos ajenos a su ministerio, hizo uso de su trayectoria como jurista para suscribir la tesis de que «constitucionalmente, el término «nación» está referido a España», mientras que ««nacionalidades» y «regiones» están referidos a otras realidades políticas». El ministro, que dijo esto tras participar en Barcelona en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, elogió el dictamen del Consejo Consultivo, que ha considerado anticonstitucionales algunos artículos del borrador, porque «ha ayudado a poner mucho orden en un debate complicado».
Temor a una «epidemia»
El cuarto ministro que ayer abordó el debate territorial fue un «clásico» en la materia: el titular de Defensa, José Bono. En declaraciones a Cataluña Radio, Bono advirtió de que incorporar el término «nación» en el Estatuto de Cataluña «puede ser interpretado como una expectativa de Estado o de estructura estatal», y, ante ese escenario, proclamó que «no me corresponde favorecer la proliferación de estados dentro de la nación española». El ministro hizo suyo el compromiso del presidente del Gobierno de avalar la reforma que apruebe el Parlamento catalán, pero recordó que este compromiso tiene una cláusula: «Siempre que se acomode al texto constitucional».
Convencer a CiU
Mientras, las conversaciones prosiguen a todos los niveles, y en muchos casos con carácter secreto o confidencial. A pesar del malestar con las «fintas» de ERC, la directriz entre los socialistas es volcarse en convencer a CiU para que apoye una reforma que pueda ser aprobada por las Cortes. Desde La Moncloa se advierte ya de que, si no se lograra, «tendrían que empezar otra vez» y replantear la reforma tras un proceso de reflexión. Ante este hipotético escenario, la consigna es desdramatizar un posible bloqueo.
