El Ayuntamiento de Granada ha solicitado una subvención de 500.000 euros para rehabilitar el tejado de la Casa Agreda, cerrada desde hace dos años y medio. Las deficiencias urgen a una actuación para arreglar las goteras y evitar mayores desperfectos en el edificio.
Entre las iniciativas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad (FEES) para el 2010, el área de Urbanismo ha incluido el arreglo
de la cubierta de este palacio albaicinero. Para que el Gobierno conceda la ayuda económica, el inmueble ha sido catalogado como ‘centro social’, pese a que lleva abandonado desde el 2007 y las seis décadas anteriores estuvo habitado por la congregación de la Divina Infantita.
El grupo municipal de IU realizó una pregunta en el pleno de febrero para conocer el estado del inmueble. La respuesta de Urbanismo fue que la casa requiere de algunas reparaciones en la cubierta, como consecuencia del paso del tiempo, y se decidió invertir parte de los 25 millones del FEES para arreglar estas deficiencias.
Respecto a la denominación de Agreda como ‘centro social’, la formación de izquierdas ha criticado que «la casa permanece cerrada desde su desalojo en 2007 y posteriormente no ha sido utilizada ni abierta al público». El «abandono» del edificio es «la causa de que ahora tenga goteras» y «es necesaria una reforma, pero también darle un uso», según IU.
El palacio de Agreda -del siglo XVI- fue desocupado y las monjas realojadas en el Caserío de la Merced, donde gestionan una casa-hogar para los niños más desfavorecidos de la capital. El Ayuntamiento intentó vender el edificio histórico en 2008, pero el concurso quedó desierto y el inmueble permanece vacío.
El equipo de gobierno está a la espera de recibir nuevas propuestas de compra por la casa Agreda, que en principio fue ofertada como un hotel o para albergar a algún organismo público. Entre los posibles interesados se encuentra la Universidad de Granada (UGR), que hace un año negoció con el Ayuntamiento una posible adquisición.
Desde el Consistorio han mostrado su interés en cambiar la casa Agreda por el Banco de España, propiedad de la Junta de Andalucía y futura sede de la Fiscalía Superior de Andalucía, una propuesta que no convenció a la administración regional pese a la insitencia del gobierno de la capital.
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