El Campus de Cartuja se queda desierto · Los sindicatos cifran en un 95% el paro en la UGR · CCOO denuncia que el Patronato del momunento nazarí contrató a una empresa externa para trabajar ayer

El seguimiento de la huelga en los centros de enseñanza de Granada fue muy desigual. Y no sólo por el balance tan antagónico de los sindicatos, que cifraron en un 70% la cobertura del paro en las aulas, y la Administración andaluza, cuya estimación no sobrepasó el 6,4%, sino por las diferencias que hubo entre los grados de enseñanza y su distribución geográfica.

«En la Universidad más que en los colegios e institutos y en la Costa y el Área Metropolitana más que en la ciudad y el norte de la provincia». Ese es el resumen que se puede hacer del 8-J en el sector público educativo de Granada, aunque las cifras reales sean todavía una incógnita.

En la Universidad de Granada se vio claramente un seguimiento de la protesta masivo porque en la mayoría de los centros sólo se encontraba al personal de servicios mínimos. «Estoy solo», decía más de un bedel del Campus de Cartuja cuando se le preguntaba por la actividad de la facultad. Sin vehículos en los aparcamientos ni alumnos circulando por las calles, Cartuja es el campus más emblemático porque su actividad es exclusivamente universitaria.

«Sólo se han celebrado tres exámenes y las clases son casi testimoniales», explicaba a este periódico Milagros García, la delegada de CCOO en la UGR. Este sindicato es el más optimista a la hora de hacer balance: «un 95% del profesorado universitario ha secundado la huelga», lo que suponen unos 5.700 docentes. CSI-F lo dejaba en un 90% y UGT en un 40%.

«No hemos visto una Universidad tan unida desde que salió la reforma universitaria de la LOU en el año 2001», dijo la delegada de CCOO que calificó de éxito rotundo la convocatoria en la UGR. Y puso otro ejemplo: «Al Centro de Santa Lucía de la UGR, con 120 administrativos y personal de servicio, sólo fueron ayer a trabajar 20 personas».

Sin el mismo entusiasmo, pero con igual satisfacción, se secundó también la huelga en los centros educativos de Primaria y Secundaria, en los que trabajan más de 11.000 docentes. «Un 6,4% del profesorado granadino cesó ayer su actividad», según informó la Junta de Andalucía, por detrás de Sevilla (9,3%), Córdoba (8,2%), Almería (7,5% y Huelva (7,4%). Aunque esta cifra choca con la que dieron los convocantes: «un 72% del profesorado de la Pública y un 20% de la Concertada», según Diego Molina, de CCOO; «un 71% de seguimiento en la Costa y área metropolitana y un 60% en el norte de la provincia», según Germán Girela, de CSI-F; y «un 35%», según José Carlos García de UGT.

Aunque ni la Delegación Provincial de Educación ni la federación de padres de alumnos (FAPA-Alhambra) registraron incidencias por la huelga, en el colegio Pilar Izquierdo de Hijar, la dirección devolvió a los alumnos a sus casas ante la ausencia de docentes para atenderlos y sin ofrecer los servicios mínimos pactados para la huelga (un docente por cada 20 unidades).

Algunos de los profesores que se acercaron a la manifestación del centro de Granada hablan de entre un 60% y un 100% de paro en diversos institutos. «En el de Belicena de la Alpujarra, La Contraviesa de Albuñol, Soto de Rojas y Padre Suárez de Granada…», informa Molina.

«Desde 1975 ningún presidente democrático había hecho tantos recortes como éste», apuntaba el maestro José Luis Aguirre, del colegio La Almohada de Vegas del Genil, quien asegura que con el recorte cobrará 1.300 euros menos al año. Por la jornada de paro de ayer, a los profesores (y delegados sindicales liberados) del Grupo A1 les descontarán 80 euros y los del Grupo A2 entre 65 y 70 euros.

Alhambra

El sindicato CCOO ha denunciado ante el Juzgado de Guardia de Granada al Patronato de la Alhambra y el Generalife por la supuesta contratación de una empresa privada para paliar los efectos de la huelga de funcionarios, aunque la dirección del recinto nazarí lo niega y asegura que mantiene cerradas muchas de sus instalaciones por el paro.

En declaraciones a Europa Press, el secretario provincial de CCOO en Granada, Ricardo Flores, explicó que el sindicato ha tenido constancia de esta situación a primera hora de la mañana, ya que la huelga «ha sido secundada por el cien por cien de los funcionarios» y sin embargo el recinto «ha podido abrir todas sus instalaciones».

Ante esta situación, el sindicato ha enviado a sus inspectores y posteriormente ha denunciado al Patronato de la Alhambra ante la Inspección de Trabajo y los tribunales por considerar que está «atentando contra los derechos del patrimonio y los trabajadores, por no respetar su derecho a manifestarse».

Por su parte, la secretaria general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Victoria Chamorro, ha negado las acusaciones del sindicato, asegurando que hasta el momento «sólo se han podido abrir al público los palacios nazaríes», mientras que la Alcazaba y el Generalife permanecen cerrados por falta de personal.

En este sentido, Chamorro recordó que gran parte de los servicios de seguridad, mantenimiento y jardinería del recinto están contratados con empresas privadas y todos esos empleados han acudido a su puesto de trabajo «con normalidad», mientras que también lo han hecho algunos de los restauradores que han sido contratados para la rehabilitación del Patio de los Leones.

Así, Chamorro cifró en un 10 por ciento el seguimiento de la huelga entre los funcionarios del monumento y en un 84 por ciento en el caso del personal laboral, si bien ha confiado en que esta tarde acudan más trabajadores públicos al turno de tarde y pueda abrirse alguna instalación más, como el Palacio del Generalife.

Sanidad

En el sector sanitario, la huelga ha tenido un seguimiento inferior al del resto de colectivos por las características de funcionamiento asistencial, los servicios mínimos y la variedad de categorías. Con todo, según los sindicatos, el seguimiento ha sido del 60% de media entre Atención Primaria y Hospitalaria. Los centros de salud han sido los que más han participado. «En algunos como los de Cartuja, Almanjáyar, Maracena, Albaicín y Zaidín el seguimiento ha sido muy alto, casi del cien por cien», explica Teresa Jerez, secretaria general de Sanidad de CCOO. En centros de salud el seguimiento ha sido del 80% según los sindicatos.

En los hospitales, lo que se ha notado es una «menor actividad de lo habitual» aunque no ha habido grandes retrasos ni saturaciones dados los «elevados» servicios mínimos y el seguimiento desigual de la huelga ya que al no estar secundada por los sindicatos profesionales de médicos, enfermeros y auxiliares ha tenido menos impacto. «Se ha notado un poco menos de pacientes que sabían que había huelga y han evitado ir pero por lo general ha funcionado bien», matiza Jerez.

Otros centros afectados ha sido la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde el seguimiento ha sido también alto. En el 061, por el contrario, no se ha notado la jornada de paro porque los servicios mínimos eran del 100%.

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Si la jornada de ayer fue el ensayo del paro general que los sindicatos aseguran que -ahora sí- está por venir, la conclusión es inequívoca: hay ganas de huelga general. Al menos así lo apuntan los datos facilitados por los sindicatos convocantes (UGT, CCOO y CSI.F), que aseguran que el seguimiento de la huelga de funcionarios y empleados públicos superó, servicios mínimos decretados aparte, el 75% de media en todos los sectores. Satisfactoria y exitosa fueron dos de los calificativos más usados para definir una jornada que afectaba, en teoría, a más de 61.000 trabajadores de la provincia.

Claro que, en materia de huelgas, el baile de cifras está totalmente asegurado. Mientras que los sindicatos registraron un seguimiento del paro del 60% en sanidad; del 72% en la enseñanza pública: del 20% en la concertada; del 95% en la Universidad de Granada; del 92% en los ayuntamientos; del 80% en la Diputación y del 60% en las delegaciones de la Junta, los cálculos oficiales hablan de porcentajes muy distintos. Así, la Subdelegación del Gobierno informó de que el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado en la provincia no superó el 11,5% -de los 3.946 trabajadores, 456 secundaron el paro-. Por su parte, la Junta de Andalucía apuntó que el seguimiento de los funcionarios fue del 15,8% (356 de un total de 2.248) y el del personal laboral, del 8,2% (237 de 2.903 fueron ayer a la huelga)

Aunque es obvio que la enorme diferencia de estos porcentajes se debe a que los sindicatos y las administraciones no hacen los cálculos igual -los sindicatos cuentan sólo a los trabajadores que pueden secundar la huelga sin incluir a los de los servicios mínimos y las administraciones tienen en cuenta al total de los trabajadores del sector, puedan o no secundar el paro-, lo cierto es que la de ayer fue una jornada de huelga a medio gas que, debido a los «abusivos servicios mínimos» impuestos, no causó una gran incidencia en los servicios públicos. Por mucho que hubieran querido, los 61.000 funcionarios y empleados públicos de Granada no habrían podido asistir a la huelga.

Y de los que pudieron secundar el paro, no todos estuvieron ayer en la manifestación convocada para mostrar la repulsa de los empleados públicos hacia el paquete de medidas del Gobierno y el rumbo que ha tomado la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Al ritmo de una batukada que apenas dejaba oír las tradicionales consignas voceadas desde la furgoneta de los lemas -«Menos asesores, más trabajadores», «Impuestos para los ricos, no para los curritos» o «Políticos, chapuceros, no juguéis con mi dinero» fueron algunas de las más celebradas- miles de trabajadores públicos recorrieron ayer la Avenida de la Constitución y parte de Gran Vía para exigir que el Gobierno dé marcha atrás y renuncie al tijeretazo. Según los sindicatos, la manifestación reunió a 7.000 personas, aunque los cálculos de la Policía hablaban de 4.000.

En cualquier caso, los suficientes para colapsar las calles de la ciudad y convertir el tráfico en una pesadilla para cientos de conductores. Si ya de por sí una manifestación supone un trastorno en el día a día de la ciudad, especialmente, en lo que al tráfico se refiere cuando las protestas se unen a una ciudad levantada por las obras la combinación es explosiva. Eso fue lo que ocurrió ayer en la capital que durante varias horas sufrió un colapso importante de vehículos al quedar cerrado desde las 11 de la mañana el eje principal Reyes Católicos-Gran Vía- Avenida de la Constitución.

Si bien, durante las primeras horas de la protesta de 11:30 a 12:30 la situación se consideraba «controlada» dentro de la ralentización del tráfico habitual debido al desvío de los coches por el Camino de Ronda, los problemas llegaron después cuando la mayoría de los trabajadores, manifestantes y no manifestantes cogieron su vehículo para volver a casa. Centenares de vehículos se vieron entonces bloqueados en las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

Desde la Policía Local se realizó un refuerzo de patrullas en los puntos más conflictivos para agilizar la circulación y evitar más problemas, aunque desde el cuerpo se apuntó que fue complicado normalizar el caos existente y advirtió que los problemas serán mayores cuando se produzca el corte en Méndez Nuñez, también por las obras del Metropolitano. En cualquier caso, las protestas de los ciudadanos que ayer utilizaron el transporte público para trasladarse de un punto a otro eran repetitivas y es que tan sólo para llegar de la Plaza del Carmen a La Caleta, se dedicaban más de 45 minutos.

El balance de los sindicatos, al margen del baile de cifras, de los servicios mínimos y del caos de tráfico, fue razonablemente positivo. La presidenta del CSI.F, Mercedes Casares, aseguró ayer que la convocatoria se convirtió en el «primer guantazo a un Gobierno que ha querido hacer culpables de la crisis a los funcionarios» y añadió que la de ayer fue sólo la primera de las movilizaciones que están por venir.

El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, arengó a los manifestantes recordando que en este momento los funcionarios y los empleados públicos son la «punta de lanza» de la defensa del Estado de Bienestar, puesto que son la primera diana de los recortes sociales y laborales que planea el Gobierno y que hacen parecer «inevitable» la huelga general. «Tenemos que evitar caer en la trampa de la resignación porque este Gobierno ha dejado de cumplir sus compromisos con la clase trabajadora».

Por último, la secretaria general de UGT, Manuela Martínez, felicitó a los manifestantes por «poner su dignidad por encima de las mentiras» vertidas contra los empleados públicos y reivindicó el derecho de los sindicatos a plantarse contra el Gobierno convocando una huelga general. «Los empleados públicos ya hemos dado muestras suficientes de que somos solidarios. Ahora esta vuelta de tuerca, ¿por qué? ¿Es que tenemos que darle satisfacción a los mercados financieros que nos llevaron a la crisis?», cuestionó la responsable sindical.

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El 24 de junio de 2008, los empresarios granadinos que forman parte de Ditema protagonizaron la primera gran expedición a Casablanca -acompañados de representantes políticos, empresariales y periodistas- para firmar el documento marco que ponía fin a un largo periodo de encuentros, reuniones y trámites burocráticos.

Mañana, prácticamente dos años después, los socios de Ditema firmarán un nuevo convenio, que define la colaboración financiera entre los granadinos y el Gobierno de Marruecos y que supone, ahora sí, el final de la primera fase de concepción del gran parque empresarial, industrial y comercial de Casablanca, situado en la región del Settat.

El próximo jueves, en Rabat, los máximos responsables de Ditema firmarán con el primer ministro de Marruecos, Abbás El Fassi, y los ministros de Finanzas, Industria, Interior y Equipamiento del país alauita el acuerdo definitivo que da luz verde a la construcción del parque industrial, ya que fija todos los aspectos técnicos y económicos del proyecto e incluye la cesión por parte del Gobierno marroquí de los terrenos en los que se ubicará el polígono Entretrés.

La delegación que se trasladará hasta Marruecos, compuesta por más de un centenar de personas, incluye a buena parte de los socios de Ditema España -en total son 109, aunque por razones de agenda no todos podrán acudir a la firma del acuerdo definitivo que da luz verde al proyecto- periodistas y representantes de la Universidad de Granada, de la Federación Provincial de Comercio, de la Cámara de Comercio, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada.

En teoría, a partir de mañana Ditema contará con todos los beneplácitos necesarios para iniciar la construcción del gran parque industrial y empresarial de Casablanca, que se convertirá en el mayor espacio productivo de todo Marruecos. Según los cálculos iniciales de la sociedad granadina, la puesta en marcha del parque -que, con sus más de cuatro millones de metros cuadrados, tendrá espacio para la construcción de 3.584 viviendas- requerirá una inversión de 600 millones de euros.

El viaje, además, cumplirá un doble objetivo: inaugurar la antena (algo así como una delegación) de la Cámara de Comercio de Granada en Casablanca, con la que se pretende ofrecer un mejor servicio y asesoramiento a las empresas granadinas que se plantean tantear el mercado marroquí y a las sociedades que ya están instaladas en el país vecino.

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