El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada Santiago Carbó consideró que puede registrarse una «deslocalización fiscal» con las medidas anunciadas esta semana por la Junta de Andalucía y reconoció que echó en falta entre dichas medidas «mayor ajuste presupuestario y mayor esfuerzo en el lado del gasto público».

   En declaraciones a Europa Press, Carbó consideró positivo el hecho de que la Junta «se tome la situación en serio y arrime el hombro proponiendo medidas para intentar de algún modo atajar el déficit público» y valoró la disposición del Gobierno andaluz para «atajar un problema político muy áspero, pues a nadie le gusta recortar».

   No obstante, este experto reconoció, como aspectos negativos, que ha echado en falta el hecho de que «antes de subir los impuestos se hubiera hecho un mayor ajuste presupuestario en el lado del gasto público», de forma que «hace falta una nueva reducción importante de consejerías, hay que reducir más la estructura y la carga administrativa», una reducción para lo que, a su juicio, «hay margen de maniobra».

   «Sería bueno ver más esfuerzo por esa parte, así se haría más eficiente el sector público y se generaría confianza en el conjunto de la economía bajando los gastos, pues además subir impuestos tiene cosas buenas y malas», agregó Carbó.

   En ese sentido este experto apuntó la posible aparición de «distorsiones» fiscales, toda vez que, según precisó, echa en falta «un marco fiscal más homogéneo a escala nacional en materia de cambios fiscales o de tasas», tras lo que rechazó el hecho de que «cada comunidad autónoma regule la subida de impuestos sin mucho orden, pues en Andalucía el límite de rentas altas ese sitúa en 80.000 euros, en Extremadura es 60.000 y en Cataluña es otra cantidad».

   A su juicio, «esas distorsiones a la larga son perjudiciales», ya que «si grava a una empresa más en un sitio que en otro», algo ante lo que podría «ocurrir una deslocalización fiscal y que las grandes fortunas se marchen a otras zonas».

   Asimismo, lamentó que «buenas partes de las medidas sobre IRPF se carguen sobre las clases medias-altas, de modo que se genera una carga adicional sobre un único grupo de población y no es una subida generalizada».

   Sobre el impuesto de depósitos de entidades de crédito, advirtió de que dicha tasa las entidades «las trasladen a los usuarios» y agregó que también puede provocar un traslado de cuentas a otras comunidades autónomas.

   Asimismo, consideró que con dicha tasa «se generan distorsiones en materia de ahorros y se apoyan a otros productos que no son los depósitos» y apuntó que «antes de anunciarlo en Andalucía podría haber sido oportuno esperar a la resolución del recurso contra el impuesto de depósitos extremeño», presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

   «Son demasiadas medidas y demasiados cambios sobre los ingresos, frente a lo que no se ha aprovechado para cambiar y ajustar más el gasto público; esta reforma se podía haber hecho de otro modo», sentenció Carbó.

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 La Fiscalía Superior de Andalucía considera necesario el desarrollo de una normativa sancionadora «suficiente» en el ámbito administrativo y audiovisual que complemente la Ley del Menor y que sirva para regular la aparición en televisión de menores implicados en procedimientos penales. Así podrían evitarse situaciones como las que se han producido mientras se investigaba el asesinato de Marta del Castillo, cuando se procedió a la realización de entrevistas en televisión a dos menores de 14 años, pactadas por los padres y retribuidas, en las que se abordaron cuestiones relacionadas con la intimidad de la joven sevillana, también menor de edad.

   Así se señala en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente al año 2009, que presentó hoy en Granada el fiscal superior, Jesús García Calderón, que alabó la «discreción» llevada por el Ministerio Público en la calificación de estos hechos, y también el papel jugado por las Fiscalías andaluzas al denunciar las declaraciones efectuadas por menores en los medios.

   En colaboración con la Universidad de Granada, la Fiscalía analiza en uno de los anexos de la memoria la «escasa regulación jurídica» relativa a las manifestaciones realizadas en medios de comunicación por menores de edad sobre su implicación en procesos penales, bien sea como testigos, víctimas o imputados, una visión que, según García Calderón, comparte también con el Consejo Audiovisual andaluz.

   El Ministerio Público concluye que los medios de comunicación no pueden difundir imágenes o datos que permitan la identificación de menores de 14 a 18 años sometidos a procedimientos regulados en la Ley Penal del Menor, una prohibición que es «absoluta», y no puede incumplirse ni siquiera con consentimiento del menor y de su representante legal.

   Tampoco pueden difundir imágenes o datos que permitan la identificación de menores de 14 años que realizan acciones descritas por la Ley como delito, pues la Ley establece una obligación de reserva de la información relativa a menores que también debe alcanzar a los profesionales de medios informativos, y porque la propia Constitución que el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión encuentra su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título y «especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». No obstante sería para la Fiscalía «interesante» que la Ley regulase expresamente este supuesto, igual que se hace en el tramo de edad de 14 a 18 años.

   Deben considerarse como intromisión en el honor, la intimidad y la imagen aquellas conductas que le perjudiquen, incluso aunque hayan sido expresamente consentidas por el propio menor o por quienes su representación legal. Ahora bien, la Fiscalía incide en que para evaluar si una conducta causa perjuicio a un menor, será particularmente relevante atender a la presencia de consentimiento del menor, si éste es maduro, y de sus representantes legales.

ABSTENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   De este modo, los medios de comunicación se deben abstener de difundir declaraciones e imágenes que atenten contra el honor, la intimidad o la imagen del propio menor que realiza voluntariamente unas manifestaciones, incluso aunque éste sea maduro y sus progenitores o tutores consientan la intervención del menor en ese medio informativo.

   En opinión de la Fiscalía Superior, la madurez del menor debe ser evaluada caso por caso, si bien con carácter general «puede presumirse a partir de los catorce años». En cualquier caso, «la falta de un criterio legal y jurisprudencial claro provoca una injustificable inseguridad jurídica», por lo que sería «deseable» que el legislador aportara una definición de lo que debe entenderse por «madurez del menor».

   En cuanto a la autorización de actuaciones que puedan afectar al honor, la intimidad y la propia imagen del menor inmaduro, la Fiscalía señala que sus padres o tutores pueden prestar el consentimiento, pero deben otorgarlo necesariamente por escrito, y estarán obligados a poner en conocimiento previo del Ministerio Público el consentimiento proyectado. «Nunca será válido el consentimiento tácito, ni siquiera ante actos tan concluyente como coger en brazos a un menor mientras que su padre, torero, da la vuelta al ruedo».

   En los casos en los que un medio de comunicación anuncia previamente que va a difundir una entrevista con un menor en la que se pueda ver afectado su honor, intimidad o propia imagen, el fiscal podrá dirigirse al medio y a los representantes legales del menor para que cesen en su actitud. Si se desatiende injustificadamente dicho requerimiento, el fiscal podrá solicitar como medida cautelar la suspensión de la emisión de un programa de televisión.

   Para la Fiscalía Superior, ante un conflicto entre la libertad de expresión o de información y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores, la ponderación entre los intereses en juego no debe ser la misma que cuando la protección se refiere a personas adultas, pues la libertad de expresión o de información en estos casos ha de quedar muy relativizada. «A diferencia de lo que sucede con los adultos, no basta la existencia del interés general como causa de legitimación de la intromisión, ni basta la actuación diligente en la comprobación de la veracidad de la información relativa al menor para eximir de responsabilidad al informador», apunta en su memoria anual.

   Cuando se difunda una información veraz y de interés público que suponga una intromisión en su honor, intimidad o imagen, «deberá además guardarse el anonimato del menor de edad implicado en la información». De lo contrario, existirá intromisión ilegítima. Esto significa que deberán utilizarse franjas negras o digitalización de la imagen, así como exclusión de datos que permitan la identificación del menor.

   En definitiva, la Fiscalía Superior considera que la situación reclama el desarrollo de una normativa sancionadora «suficiente» en el ámbito administrativo y audiovisual que complemente la legislación protectora y la actuación del Ministerio Público.

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