Cada comunidad podrá crear su propio modelo de profesorado universitario
La nueva ley creará un Consejo de Estudiantes como órgano de consulta del Ejecutivo
SUSANA PÉREZ DE PABLOS – Madrid
EL PAÍS – Sociedad – 27-10-2005

María Jesús San Segundo y Salvador Ordóñez, a la izquierda, en una reunión del consejo de universidades. (C. FRANCESC)
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Las comunidades autónomas podrán decidir qué profesores no funcionarios contratan, cómo y por cuánto tiempo. La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que el Ministerio de Educación ha anunciado que presentará hoy, deja mayor libertad a éstas para crear las figuras de profesorado no funcionario que quieran adaptadas a las necesidades de sus universidades. También establece la creación de un Consejo de Estudiantes Universitarios de España, como órgano oficial de representación y consulta. La reforma incluye medidas ya anunciadas como establecer una única prueba de acceso a la Universidad y dar libertad a los centros para decidir cómo eligen a su rector.

La finalidad de fondo de esta reforma es otorgar una mayor autonomía a las universidades y comunidades autónomas, no sólo en cuestiones relacionadas con la elección de su profesorado, sino también a la hora de elegir al rector y de configurar sus consejos de gobierno y consejos sociales. Las universidades y diversas comunidades denunciaron que la LOU atacaba su autonomía. Esta reforma no derogará esa ley pero sí se introducirá modificaciones sustanciales en ella.

El texto es una exposición detallada de los cambios que se pretenden introducir en la LOU, que fue impulsada por el Gobierno del PP y aprobada en diciembre de 2001 con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. El objetivo del Gobierno es abrir a partir de hoy un periodo de debate con la comunidad universitaria y las organizaciones sociales sobre estos cambios.

La presentación de este borrador llega con retraso. El ministerio anunció hace 10 meses las líneas generales y había previsto elaborar el borrador para la pasada primavera. Los rectores han manifestado en diversas ocasiones su malestar por la tardanza. Se trata de un cambio solicitado por ellas. De hecho, más de 25 rectores se manifestaron en la calle en 2001 contra la LOU junto a 350.000 profesores y alumnos, en uno de los conflictos educativos más sonados del Gobierno de José María Aznar. Éstos son los cambios esenciales que prevé proponer el Gobierno:

– Acceso a la Universidad. Se realizará una única prueba en cuyo diseño participarán las universidades. Esto aparecerá además regulado por la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se debate actualmente en el Parlamento. El artículo de la LOU que se modificará es el 42.3, eliminando la parte en la que se establece que los centros realizarán una segunda prueba de acceso a los alumnos que hayan superado la selectividad. La LOU dice ahora: Las universidades establecerán procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en centros de las mismas.

La actual selectividad se actualizará mediante un real decreto, una vez aprobada la nueva ley. Una comisión mixta de expertos (de Universidad y secundaria) está elaborando una propuesta para la nueva prueba.

– Acceso a la docencia.

– Profesores funcionarios. Al menos el 51% de los docentes deben ser funcionarios (profesores titulares o catedráticos). Esto no cambia respecto a la LOU. Para concursar a una de estas plazas ya no habrá que realizar un examen nacional de habilitación. Bastará con obtener una acreditación por méritos. La otorgarán, sin límite de plazas, comisiones formadas por catedráticos o titulares de cada área de conocimiento.

Además, desaparecerán las figuras de profesor titular y catedrático de escuela universitaria, para simplificar todo el sistema (que llevan décadas existiendo) y para configurar un sistema que se asemeje más al que existe en la mayoría de la UE. La reforma también incluye la incompatibilidad para la docencia en universidades públicas y privadas.

– Profesores no funcionarios. Las comunidades autónomas podrán establecer las figuras de contratación del 49% como máximo de los profesores no funcionarios que pueden tener sus universidades, de acuerdo con éstas. Esto permitirá, por ejemplo, facilitar la incorporación de profesores procedentes del extranjero, evitando la fuga de cerebros, o establecer carreras investigadores o docentes adecuadas a cada disciplina.

– Elección del rector. Se dejará libertad a las universidades para decidan en sus estatutos el sistema de elección, que puede ser por sufragio universal (que introdujo la LOU) o por el claustro.

– Universidades privadas. Estos centros deberán tener un porcentaje mínimo de un 50% de profesores que cuenten con la acreditación oficial.

– Agencia de evaluación. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -que se encarga de evaluar a universidades y profesores- pasará a ser una agencia pública. La creó la LOU como una fundación privada financiada con fondos públicos.

– Consejo de Coordinación. En éste órgano, el máximo de consultivo en materia de educación superior, se propone que estén representados sólo el ministerio, las comunidades y los rectores. Para hacerlo más ágil, dejarían de estar en él representantes elegidos por el Senado, Congreso y Gobierno (21 en total).

– Consejo de Estudiantes. Se creará para ordenar la representación estudiantil y para que sea el órgano interlocutor con el Gobierno.

– Órganos de gobierno. Dejará de haber en el Consejo de Gobierno de las universidades tres representantes elegidos por los gobiernos autonómicos.

– Representación de la sociedad. El presidente del Consejo Social dejará de estar elegido, como dice la LOU, por el Gobierno autonómico. Lo escogerá el Parlamento autonómico.

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Balaguer: La idea de una reforma constitucional encubierta carece de consistencia jurídica
El experto en materia constitucional que ha participado en el dictamen elaborado por el PSOE ha aclarado a los lectores de ELPAIS.es. el proceso de propuesta de reforma estatutaria en Cataluña
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El debate sobre el modelo autonómico
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La idea de una reforma constitucional encubierta carece de consistencia jurídica. No es aceptable en un ordenamiento constitucional en el que, como el nuestro, es posible acudir al Tribunal Constitucional para depurar la constitucionalidad de cualquier texto legal (como es el caso del Estatuto, una vez que entre en vigor). Éste es el punto de vista que el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer, miembro a su vez del grupo de expertos nombrados por el PSOE para estudiar el proceso de reforma del Estatuto catalán, ha expresado en una entrevista digital con los lectores.

El catedrático de derecho constitucional ha querido dejar claro, ante las preguntas de los lectores, que los Estatutos de Autonomía suelen incorporar derechos y principios, dentro del marco de la Constitución, que cumplen dos funciones importantes: son mecanismos de integración simbólica, para que los ciudadanos se identifiquen con el Estatuto y sirven de orientación y límite a la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. No obstante, estas declaraciones deben respetar el marco competencial establecido en la Constitución, lo que garantiza justamente que no haya vulneración alguna del principio de igualdad.

Balaguer ha desmitificado a los lectores de ELPAIS.es algunos aspectos objeto de debate en la escena política española de los últimos meses. “Resulta incoherente, desde una perspectiva jurídica, que aquellos que pueden plantear el recurso de inconstitucionalidad hablen de reforma constitucional encubierta. Justamente la posibilidad de promover el recurso de inconstitucionalidad es la manifestación más clara de que en nuestro ordenamiento no caben reformas constitucionales encubiertas”.

La cuestión de solidaridad entre CC AA

Con respecto a uno de los puntos más debatidos de la propuesta estatutaria catalana, la cuestión de solidaridad entre Comunidades Autónomas, el catedrático ha sido claro: “Cataluña está aportando mucho a la solidaridad con el resto de las Comunidades Autónomas. Esta aportación excesiva puede suponer un lastre para el desarrollo económico en Cataluña y debe ser reequilibrada”. Además, Balaguer añade que “el problema es que esa operación no se puede hacer, desde una perspectiva constitucional, en un Estatuto de Autonomía, ya que exige una concertación entre todos los agentes implicados: las Comunidades Autonómas de régimen común y el Estado”.

Además, Balaguer establecía esta tarde una comparación entre el problema vasco y catalán; en su opinión, son procesos diferentes de raíz ya que “la lectura del Plan Ibarretxe sugería, de inmediato, una confrontación radical e insalvable con la Constitución. La lectura de Proyecto de Reforma del Estatuto sugiere una voluntad de no colisionar con la Constitución que, como en cualquier otro proyecto normativo, puede ser acertada o desacertada, pero no permite un reproche global y generalizado”.

El experto en Derecho constitucional acallaba los rumores acerca de la politización de su cargo diciendo que “ni estoy afiliado ni he estado afiliado nunca a ningún partido. Sin embargo, me parece inaceptable que en un Estado democrático se pueda juzgar la labor profesional de alguien en función de su posible militancia en un partido democrático”.

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