El PP respalda la ley de dependencia tras negociar más de 40 enmiendas con el PSOE
CiU y PNV dicen que llevarán la norma al Constitucional
El grupo popular anunció ayer su respaldo al proyecto de ley de dependencia tras pactar con el grupo socialista alrededor de 40 enmiendas, con lo que la norma llegará el jueves al pleno del Congreso con la única oposición de CiU y el PNV. Tras numerosas reuniones de las dos formaciones mayoritarias, el acuerdo se escenificó en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, donde todos los grupos, salvo nacionalistas vascos y catalanes, apoyaron el dictamen de la ley con decenas de enmiendas transaccionales.
EFE. MADRID.
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Imagen de archivo de un joven en silla de ruedas en la calle Santo Domingo de Pamplona. DDN/ARCHIVO
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Entre las novedades, destaca la inclusión de los menores de tres años como titulares de derechos, la fijación de unos criterios objetivos para la financiación de las comunidades (en función del número de personas dependientes o de la dispersión geográfica, por ejemplo) y varias reformas terminológicas para dejar clara la atención a los discapacitados intelectuales y enfermos mentales.
La portavoz popular, María Salom, afirmó que «el Gobierno no se merecía este acuerdo, pero las personas dependientes y sus familias sí», por lo que el PP, añadió, «ha sido responsable desde la oposición» y ha trabajado y seguirá haciéndolo para «mejorar» la ley.
En vigor el 1 de enero
Según apuntó, las comunidades gobernadas por el PP colaborarán para lograr el buen funcionamiento de la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Antes de llegar al Congreso, el proyecto de ley contaba ya con el apoyo de ERC e IU-ICV, que ayer volvieron a elogiar el texto y las enmiendas introducidas para, por ejemplo, proteger a los discapacitados intelectuales, reconocer el papel del tercer sector, dar prioridad a la red de servicios pública frente a la privada o crear la figura del asistente personal.
A pesar de que los portavoces de ambos grupos, Joan Tardá y Carme García, se mostraron convencidos de que el proyecto de ley respeta las competencias autonómicas en asuntos sociales, su apoyo al texto fue duramente criticado por los representantes de CiU y del PNV, quienes advirtieron de que la norma acabará el año que viene en el Tribunal Constitucional.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, denunció la «deslealtad» de ERC e IU-ICV al nuevo Estatut catalán y les preguntó: «Para qué demonios nos hemos peleado para tener competencias exclusivas si a la primera oportunidad que ustedes tienen, en función de sus intereses electorales o de sus complejos políticos, deciden avalar esta operación».
Tardá subrayó la apuesta de su grupo por los intereses de las clases populares y acusó a CiU de «en vez de defender patrias, defender patrimonios», el mismo argumento esgrimido por la portavoz de IU-ICV, quien criticó que CiU ocultara tras el debate competencial su defensa de un modelo de iniciativa privada.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, lamentó que la campaña electoral catalana «prostituyera» el debate de una ley trascendental y que, según su grupo, vulnera la Constitución al vulnerar competencias autonómicas y no garantizar la universalidad y la gratuidad del derecho.
A su juicio, con el texto actual, llamar cuarto pilar del Estado del bienestar a la atención a la dependencia «no es petulante, empieza a ser patético».
La portavoz socialista Esperanca Esteve recriminó a Olabarría su «falta de respeto» a la portavoz de IU-ICV y sus «palabras grandilocuentes» y lamentó también la postura adoptada por CiU, a quien achacó el «lamentable» estado de los servicios sociales en Cataluña. Esteve agradeció el esfuerzo de consenso realizado por la mayoría de los grupos de la Cámara y se mostró convencida de que el objetivo de todos ha sido colocar en el centro del debate a los ciudadanos.
«Decepcionante y genérica»
Por otra parte, el profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada Juan Antonio Maldonado consideró ayer la Ley de Dependencia «decepcionante, poco desarrollada y demasiado genérica», ya que «no cubre las expectativas» de determinados colectivos, según sostuvo en su intervención en las jornadas Situaciones de dependencia familiar y social, que se celebran en el Centro Mediterráneo de Almuñécar (Granada).
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