COSTA
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Aprobada la normativa que permite la instalación de antenas en la ciudad
El texto definitivo incluye alegaciones que obligan a las operadoras a presentar un plan de implantación y a que éste se apruebe por parte del Ayuntamiento
J. M. CHICHARRO/MOTRIL
Aprobada la normativa que permite la instalación de antenas en la ciudad
PROTESTAS. Un grupos de vecinos manifestó ayer su descontento con la normativa que permite la instalación de antenas en Motril. /J. M.
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ALGUNAS FRASES
F López Pérez (ADMI): «Hay que hacer un estudio serio por expertos de verdad».
F Escámez (PA): «No queremos ninguna antena, nos asista o no la ley. Si hay que pelearse con la ley… para eso están los abogados».
F Villa (IU): «No sé si las antenas son buenas, malas, o regulares».
F Pérez Oliveros (PSOE): «No podemos estar al margen del progreso».
F Un vecino: «Tú tienes móvil ¿a que sí?» (dirigiéndose a una vecina contraria a las antenas en el casco urbano).
F Una vecina: «Calla, que estás viejo y te queda poco» (contestando al vecino de antes, a favor a las antenas).
F La misma vecina de antes: «Hay que pensar en nuestro hijos y en nuestros nietos».
F Villoslada: «Hay estudios en internet que hablan del peligro de las antenas. Métanse en internet e infórmense» (a miembros del Cuatripartito).
F Villa (IU): «En internet hay de todo, cosas que son verdad y cosas que no… que se lo pregunten al señor Rojas».
F Rojas (PP): «Usted me adora» (a Villa).
F Villoslada: «Tengan un ustedes un poquito más de por favor» (a miembros del Cuatripartito).
F Álvarez (PSOE): «Hoy día, progreso significa tecnología de la información».
F López Pérez (ADMI): «No me fío del microondas».
F Escámez (PA): «Nos han tomado el pelo».
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Ordenanza aprobada. La nueva normativa municipal que permite la instalación de antenas de telefonía móvil en el casco urbano salió ayer adelante con los votos favorables del Cuatripartito. La oposición votó en contra del texto total, aunque sí estuvo de acuerdo con las alegaciones presentadas por Medio Ambiente. Sin embargo, a PP, PA y al independiente Villoslada esas alegaciones no les parecieron suficientes y optaron por votar en contra de la normativa que planteaba el Cuatripartito y a favor de la que proponía el propio Villoslada, una ordenanza que recogía en el texto la desmantelación de todas las antenas del casco urbano y su exilio fuera de la ciudad.
La discusión en el pleno tuvo dos frentes. El primero, la relación entre la emisión de radiofrecuencias y la salud. Francisco Villoslada presentó numerosos estudios e informes (Declaración de Salzburgo, UE, etc) en los que «queda claro que existe relación entre la emisión que producen las antes de móviles y trastornos como el cáncer o malformaciones en el feto, entre otras». El portavoz socialista, Francisco Pérez Oliveros, respondió con más informes (OMS, Asociación Española contra el Cáncer, ONU), en los que se afirma que «no hay evidencias que relacionen las emisiones de radiofrecuencias con tales enfermedades».
Pero unos y otros, Cuatripartito y oposición, confesaron no ser expertos en el tema y que era necesario acudir a científicos para que aclararan este punto.
El otro frente se centró en la legalidad o no de prohibir la instalación de antenas en el casco urbano. IU recordó que el TSJA ya ha dictado sentencias en las que se da la razón a las operadoras de telefonía móvil, negando a los ayuntamientos la competencia para prohibir la instalación de las antenas. El PA respondió con una afirmación contundente: «nosotros no queremos antenas, nos asista o no la ley».
Indemnizaciones
Para el Cuatripartito, mantener la prohibición, con el nuevo marco jurídico abierto por las sentencias del TSJA, supondría enfrentarse a «indemnizaciones mil millonarias» a favor de las operadoras. Por eso era necesario derogar la normativa de 2001 (la que prohibía antenas en el casco urbano) y sustituirla por otra que sí permita esa posibilidad (la aprobada ayer).
La nueva norma, eso sí, no abre totalmente la ciudad a las operadoras de telefonía. La ordenanza obliga a aquellas empresas que quieran instalar una antena a presentar un plan de implantación y a que éste quede aprobado por el Ayuntamiento. En ese plan se determinará cuántas antenas precisa la compañía y dónde quedarán ubicadas, su potencia, cobertura y demás aspectos referentes a las instalaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento pedirá a la Universidad de Granada (UGR) un plan de implantación de antenas, con el objeto de que las empresas de telefonía se ajusten lo máximo posible a ese plan elaborado por científicos de la UGR. El as que se guarda en la manga el Ayuntamiento es que si no aprueba el plan de implantación presentado por la operadora, no otorga la licencia. Eso sí, las compañías siempre podrán acudir a las altas instancias judiciales, donde se les está dando la razón en sus contenciosos con aquellos ayuntamientos que les prohíben instalar sus equipos en la ciudad.
Pactar un plan
Por lo tanto, parece que a partir de ahora operadoras y Ayuntamiento se sentarán a pactar planes de implantación que beneficien a todos. O que perjudiquen a los menos posibles, según se mire.
Ayer, en la sesión plenaria, un grupo de vecinos afectados por la antena de la calle Cañas se manifestó claramente en contra de la nueva norma. Exigían el desmantelamiento de todas las antenas del casco urbano y que no se otorguen más licencias. Si bien hubo momentos de tensión (el alcalde tuvo que llamar la atención de los vecinos en dos ocasiones) el desarrollo del pleno fue tranquilo y no se produjeron mayores problemas. Eso sí, los vecinos, que acudieron con pancartas y carteles contrarios a las antenas, se marcharon muy disgustados y enfadados tras la aprobación de la normativa.
Por la noche, un grupo de vecinos salieron de nuevo a la calle para continuar las protestas. Mañana, mantendrán una reunión para consensuar si acuden al Defensor del Pueblo.
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