La Junta prevé movilizar en seis años más de 25.400 millones para I+D+I.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) para el periodo 2007-2013, que supondrá una inversión, entre pública y privada, superior a los 25.400 millones de euros y que sustituye al Plan Andaluz de Investigación (PAI) y al Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Pladit). La Junta aportará 9.000 millones de euros y el resto procederá de inversión privada (6.000 millones); fondos Feder (9.000 millones) y universidades (400 millones de euros).

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, destacó que es la primera vez que se pone en marcha un plan integral con estas caracterí­sticas y subrayó que el objetivo es convertir la innovación en la gran inversión de Andalucí­a.

Entre las prioridades del plan está consolidar la red de infraestructuras cientí­ficas y tecnológicas, que estará compuesta por once parques tecnológicos (uno en cada una de las capitales andaluzas, más el Parque Agroalimentario de Jerez, el parque aeroespacial Aerópolis y el Parque Tecnológico del Área Metropolitana de Sevilla); veinticinco centros tecnológicos; noventa centros de investigación especializados y 700 agrupaciones tecnológicas con presencia en polí­gonos industriales a través de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucí­a (RETA).

También se lanzará un programa para la incorporación de doctores a pymes y centros tecnológicos. En la actualidad, casi el 70 por ciento del tejido investigador andaluz lo forman doctores dedicados a la investigación y sólo el 30 por ciento se enfoca al desarrollo tecnológico. El objetivo es que ambos supongan en torno al 50 por ciento.

También se desarrollarán programas de cooperación entre grupos cientí­ficos de distintas universidades, de estí­mulo a la investigación en sectores emergentes, de consolidación de la red de supercomputación y de fomento de los grupos de investigación andaluces. Se potenciarán los programas de creación de empresas de base tecnológica en las universidades, con el objetivo de duplicar el número de empresas que nazcan a partir de grupos de investigación. Y se pondrá en marcha el Banco Andaluz de Iniciativas Emprendedoras de Base Tecnológica de las Universidades Andaluzas, que estará respaldado por un programa de captación de inversores.

Otras medidas son la creación del Mapa Andaluz del Conocimiento y de un Programa de Patrocinio Tecnológico entre empresas, para que unas cien compañí­as innovadoras tutelen procesos de I+D+I en empresas más pequeñas.
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El nuevo Plan Andaluz de Innovación invertirá más de 25.400 millones hasta 2013

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) para el periodo 2007-2013, que con una inversión de más de 25.400 millones de euros servirá para articular un auténtico sistema de innovación con el que se consiga la convergencia con Europa.

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, informó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del contenido de este plan, que engloba de forma integral la investigación, el desarrollo tecnológico y la investigación y sustituye al Plan Andaluz de Investigación (PAI) y al Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Pladit).

Convertir la innovación en la gran inversión de Andalucí­a es el objetivo del nuevo plan, según explicó Vallejo, que detalló que la Junta aportará 9.000 millones de euros de los 25.400 millones que movilizará, mientras que otros 9.000 millones procederán de los Fondos Feder; 6.000 millones de aportaciones privadas y el resto de las universidades.

El plan busca aumentar la competitividad empresarial y la transferencia de conocimientos cientí­ficos, así­ como crear empleo de calidad y constituir en Andalucí­a una potente red de infraestructuras cientí­ficas y tecnológicas, que estará formada por once parques tecnológicos (uno en cada una de las capitales, más el Parque Agroalimentario de Jerez, el Parque Aeroespacial de Andalucí­a y el Parque Tecnológico del Área Metropolitana de Sevilla).

La red de infraestructuras la componen, además, 25 centros tecnológicos distribuidos por todo el territorio; 90 centros de investigación especializados en las principales materias de conocimiento, y más de 700 agrupaciones tecnológicas con presencia en los principales polí­gonos industriales de Andalucí­a a través de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucí­a (RETA).

Esta red conformará en la comunidad autónoma un nuevo escenario de infraestructuras cientí­fico-tecnológicas interconectadas entre sí­ y con las universidades y el tejido productivo.

El esfuerzo económico previsto en el Plan supondrá que Andalucí­a dedique a I+D en el año 2010 el 1,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) y que en 2013 este porcentaje sea del 2%, con un esfuerzo tecnológico del sector privado en torno al 50%.

Este desarrollo supondrá duplicar el capital humano dedicado a I+D en la comunidad autónoma, pasando del 5,4% actual al 10,8% del empleo, en consonancia con los parámetros e indicadores europeos.

En esta lí­nea, el Paidi pone especial atención en el capital humano, principalmente en la incorporación activa de las mujeres al tejido investigador y en el apoyo a los jóvenes investigadores, para lo que se reservará en todas las convocatorias en el ámbito de la investigación un porcentaje de los proyectos de excelencia para los menores de 35 años.

Igualmente, incorpora un programa de movilidad nacional e internacional del personal investigador, de forma que al menos el 10% participe de forma permanente en estudios cientí­ficos que se desarrollen en el exterior y que el 10% de los que lo hagan aquí­ procedan de otros paí­ses.

Actualmente, el tejido investigador andaluz está formado en casi el 70% por doctores dedicados a la investigación y sólo el 30% es personal dedicado al desarrollo tecnológico, mientras que el objetivo marcado en el Plan es conseguir una proporción del 50% entre ambas magnitudes.

Otro objetivo es duplicar durante el periodo del plan el número de empresas que nazcan a partir de grupos de investigación de las universidades.

Asimismo, se pondrá en marcha un programa de apoyo a la gestión y comercialización de la propiedad intelectual del investigador, con el fin de multiplicar por cuatro el número de patentes solicitadas por millón de habitantes, pasando de las poco más de 260 actuales, a más de mil al año, para lo que se creará el Banco Andaluz de Iniciativas Emprendedoras de Base Tecnológica de las Universidades Andaluzas.

Desde esa perspectiva, uno de los objetivos del Paidi es conseguir la implicación activa de la iniciativa privada y de las empresas en el sistema andaluz de conocimiento.

Con este propósito, se pondrá en marcha un programa de creación del Mapa Andaluz del Conocimiento, así­ como un Programa de Patrocinio Tecnológico entre empresas, para que al menos 100 compañí­as tutelen procesos de innovación en empresas más pequeñas.
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El TSJA anula una expropiación de terrenos en Granada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a (TSJA) ha anulado un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Granada en 1998, gobernado por el PP, para expropiar los terrenos destinados a la construcción del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. En respuesta al recurso de varios de los antiguos propietarios, este órgano judicial dictó el pasado 12 de marzo varias sentencias que dan un enorme varapalo al Ayuntamiento granadino, tanto por la forma en que se tramitó el expediente como por el uso final de esos terrenos.

El alto tribunal andaluz ha constatado -con los propios informes del Ayuntamiento- que además de la implantación en esos terrenos del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud se ha destinado parte de ese suelo a otros usos no muy próximos a los asignados legalmente. La sentencia se refiere a la parte del plan parcial que se ha destinado a residencial y terciario (viviendas libres y comercio).

Según la ley, la delimitación de un área de reserva y su expropiación posterior sólo se puede producir si se justifica el interés público de esa propiedad privada. Y para ello, el terreno tiene que ser destinado a viviendas de protección pública o a otros usos de interés social.
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