– HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Investigadores coordinados desde la Universidad de Granada trabajan, en el marco del proyecto denominado ‘La protección jurídica del medio ambiente: Especial Consideración del Derecho Autonómico de Andalucía’, en la elaboración de una Teoría General del Derecho Ambiental que permita una mejor gestión del derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente de calidad.
Cuando los investigadores alcancen sus objetivos, se dispondrá de un estudio completo y sistemático del marco jurídico europeo, nacional y autonómico de la protección del medio ambiente, que servirá como fuente de asesoramiento técnico-jurídico en la toma de decisiones políticas y legislativas sobre la regulación jurídica del medio ambiente, especialmente centrado en el marco jurídico-político de nuestra comunidad.
Para enfrentarse con éxito a este trabajo, se ha tenido que configurar un equipo multidisciplinar de investigadores, especialistas en todos los ámbitos del derecho implicados en la regulación de cuestiones ambientales. Entendiendo el derecho como sistema global con diferentes ramificaciones, el grupo liderado desde la Universidad de Granada por Esteban Juan Alonso, contará con expertos tanto en Derecho Público como en Derecho Privado. Se analizarán aspectos procedentes del Derecho Constitucional (derechos fundamentales y principios directrices de la política social y económica), la Filosofía del Derecho (valores y principios del Derecho Ambiental), el derecho Internacional (convenios internacionales e instrumentos de la Unión Europea), el Derecho Administrativo, el Penal, el Civil o el Derecho Financiero.
A partir de las aportaciones de estas y otras disciplinas, el equipo de investigadores elaborará una Teoría General del Derecho Ambiental, que contribuirá a establecer esta rama del derecho, de marcado carácter multidisciplinar, como una rama autónoma y específica caracterizada frente a otros sectores del ordenamiento jurídico, por la globalidad, la horinzontalidad, la solidaridad y la sostenibilidad.
Si el carácter multidisciplinar es un requisito imprescindible para alcanzar los objetivos planteados, el carácter comparado es otro de los basamentos metodológicos del trabajo de los investigadores. En palabras de los propios investigadores, “es fundamental realizar un análisis de Derecho Ambiental comparado para conocer los distintos sistemas jurídicos y las técnicas y herramientas empleadas en cada uno de ellos para alcanzar el objetivo común de proteger el medio ambiente.” De este modo, los estudios de Derecho comparado permitirán aportar la experiencia de otros sistemas jurídicos para juzgar su eficacia y evaluar posibles aportaciones, prestando un énfasis especial a la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía que facilitará el diseño de herramientas específicas aplicables a nuestro entorno.
Partiendo del concepto de desarrollo sostenible (en su triple dimensión social, económica y ambiental) como mandato constitucional al que el derecho debe colaborar como instrumento de control social, el proyecto de ‘La protección Jurídica del Medioambiente’ pretende avanzar de forma significativa en el conocimiento básico de esta rama del derecho, articulando en un único trabajo los aspectos procedentes de las diferentes ramas académicas y las distintas fuentes legislativas. De este modo se ofrecerá una fuente doctrinal de referencia para facilitar la labor de todos los operadores jurídicos (jueces y magistrados, abogados, fiscales, etc) en la aplicación del Derecho Ambiental.
Facilitar la labor y la eficacia de los actores implicados
La aplicación práctica del Derecho Ambiental será estudiada por los investigadores para conocer los criterios de interpretación de la administración pública y conocer la jurisprudencia generada por los jueces y magistrados en su interpretación y aplicación. Este trabajo de base, permitirá después afrontar una labor directamente aplicable en el trabajo diario de quienes tienen que poner en práctica, a través del ordenamiento jurídico y la acción legislativa, el principio rector de la protección del medio ambiente. Para ello se analizarán las distintas técnicas jurídicas empleadas actualmente por los organismos competentes, desde las medidas de prevención y las de fomento, hasta las vías procesales disponibles: Civil, Penal, Contencioso-administrativa, tribunal de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido aplicado, los investigadores pretenden desarrollar nuevas técnicas de análisis jurídicas, ambientales y económicas que sean eficaces, por ejemplo, para los correspondientes estudios de impacto ambiental que deben realizarse previamente a la realización de numerosas actuaciones.
Todo el trabajo de análisis de la legislación, aplicación de la misma, supuestos de hecho posibles, conflicto, y acceso a vías procesales, permitirá obtener precisos resultados que conformen las bases sobre las que aportar soluciones efectivas para la consecución del mandato constitucional de protección del medio ambiente. Precisamente este enfoque multidisciplinar del proyecto es el que dará lugar a comprobar, tal y como apuntan los investigadores “si la protección del medio ambiente y el afán de todos por avanzar hacia un crecimiento sostenible, obliga, en los sectores específicos, al uso de las tecnologías más limpias, todo ello estableciendo mecanismos que compatibilicen esta necesidad crucial con los intereses socio-económicos en conflicto.”
La Comunidad Autónoma de Andalucía es pionera en la legislación sobre la protección del medio ambiente en aquellas materias que son de su competencia. Los propios investigadores implicados en el proyecto apuntan que “nuestro ámbito territorial constituye un excelente marco de investigación, ya que, por fortuna, ha sido una de las primeras Comunidades Autónomas en dotarse de una legislación general de protección ambiental. La Ley 7/1994 constituye una norma de referencia en todo el país en lo que a protección integral del medio ambiente se refiere.” Esta importante norma está a punto de ser modificada por otra que, sin perder el carácter integral y global de la protección ambiental, actualiza este sector del ordenamiento jurídico a la nueva realidad del siglo XXI.
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