– La gestión del agua, ¿privada o pública?
La privatización de la gestión del agua es un fenóneno creciente en nuestro país que ahora se acerca a Ceuta. El
experto de la UGR Francisco González Gómez expone los argumentos a favor y en contra de este proceso.
El agua se ha convertido, desde hace un par de semanas, en uno de los temas más candentes de la actualidad de Ceuta al presentarse la posibilidad de la privatización de ACEMSA, la empresa municipal dedicada a la captación, desalación, depuración y abastecimiento de agua de la Ciudad Autónoma. Mañana lunes, la asesoría Deloitte & Touche, presentará en el Consejo de Gobierno un primer borrador del informe que ha realizado sobre la posibilidad de que ACEMSA pase a ser una compañía privada.
Los trabajadores de la empresa son quienes se encuentran ahora mismo en una situación de mayor intranquilidad, aunque de momento la Ciudad ha asegurado que los empleados no corren ningún riesgo.
El caso de Ceuta es un reflejo de la situación que experimenta el conjunto de España, donde la privatización del agua ha ido avanzando durante los úlitmos años. Con distintas estrategias, desde la coparticipación pública y privada, hasta la compra de terrenos o la venta por parte de los Ayuntamientos de los derechos del agua, llegamos la conclusión de que el 36% de la gestión del agua en España se encuentra en manos privadas, mientras que el 11% lo manejan empresas mixtas. Los datos de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento muestran una tendencia al alta en la privatización.
Pero, ¿cuáles son las ventajas y los peligros reales de la privatización? Esta misma pregunta se hace Francisco González Gómez, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada y Especialista en Gestión del Agua para Abastecimiento Urbano. A través de uno de su últimos artículos, González ha intentado explicar los pros y los contras de la privatización basándose en el criterio de la eficiencia. “Tan eficaz puede ser la gestión pública como la privada”, dice en conversación telefónica.
“El agua es un bien indispensable para la vida que representa importantes connotaciones de tipo económico, social y medioambiental”, dice al comienzo de su artículo, y más adelante matiza que “lo deseable para el bienestar social sería que el proceso privatizador se tradujera en una mejora en la gestión del servicio”.
Hacia la privatización
Así, a favor de la privatización, y teniendo como objetivo la mejora en la eficiencia de la gestión, González explica que podría deducirse que una empresa pública tiene menos incentivos y “menores posibilidades” que una empresa privada “para llevar a cabo una actividad ”que pueda expresar “mayor eficiencia empresarial”. Según esta teoría, la gestión pública está condicionada por la “multiplicidad de objetivos a cumplir”, que hacen que lo económico se vea relegado a un segundo plano.
Por otro lado, las teorías en favor de la privatización afirman que la administración pública de la gestión del agua “tiene menos incentivos que la empresa privada para resistir presiones que deriven en conflictos políticos”, por lo que se terminan haciendo mayores concesiones a los trabajadores, teniendo en cuenta también que “los trabajadores y sus familias son también votantes”.
Asímismo González explica que las empresas privadas pueden obtener financiación más fácilmente y que, en teoría, tienen más flexibilidad y experiencia en su campo, además de que como organismos especializados pueden mejorar el mantenimiento de la infraestructura, dando mejor respuesta a la demanda social.
En contra
El argumento más destacado para refutar la posición a favor de la privatización reside según González en mantener que “la propiedad en sí no es un factor determinante de la eficiencia empresarial” sino la estructura de mercado en la que actúa. En el caso del agua, pasar de un monopolio público a otro privado “contravendría la lógica”, puesto que al no existir competencia no hay un incentivo natural para la empresa privada que le exija una contínua mejora de su servicio. Este es un problema intrínseco al sector del agua por tratarse de un monopolio de carácter natural y porque existen muy pocas empresas “que dominan la mayor parte del mercado”. En España, el 80% del negocio privado del agua lo controlan Aguas de Barcelona y FCC a través de Aqualia.
Por otro lado existe el riesgo de que la empresa privada, como ente creado para producir rentabilidad, podría imponer unos precios superiores a los públicos para obtener beneficios, con un margen por encima del cubrimiento de los costes de producción.
Como explica González, cuando la gestión es indirecta, y especialmente “cuando la totalidad del capital está en manos privadas”, existe tensión entre los intereses de la empresa y los del Ayuntamiento. En caso de necesidad de un aumento de precio, éste último tiende a tomar como referencia la evolución del IPC interanual e intentará que la subida “ no se aleje mucho de la subida experimentada por la generalidad de impuestos municipales. En todo caso, lo importante es según González, que “como fruto de la concurrencia en el proceso de adjudicación del servicio”, el precio del agua se fijara “en el nivel mínimo de costes de producción sin que ello fuera menoscabo de la calidad”.
Dejando a un lado los argumentos en favor y en contra, es necesario también conocer los riesgos de la cesión, y “contemplar la posibilidad de que existan fallos en el contrato” que pudieran implicar un perjuicio para los beneficiarios de la gestión”, en este caso todos los ciudadanos.
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