– Un informe alerta de que cárceles como la de Picassent pueden ser cantera de radicales islamistas.
El estudio advierte del escaso control de visitas a musulmanes en la prisión valenciana.
Los terroristas islamistas podrían estar utilizando las prisiones españolas como cantera donde forjar una nueva generación de radicales y, de ser así, lo más probable es que la Administración no fuera consciente de ello. Este es el inquietante panorama, tal y como lo califica el propio estudio, que dibuja un informe realizado por Athena Intelligence. La entidad está formada por un colectivo de profesores universitarios, miembros del Ejército e investigadores.
La Comunitat Valenciana también tiene motivos para la preocupación. El análisis subraya el escasos control que en las cárceles se lleva a cabo sobre las personas que visitan a los internos de origen musulmán. Y se cita como ejemplo el centro penitenciario de Picassent, donde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denunció en julio del año pasado que más de 40 ministros religiosos visitan a los presos.
El estudio está firmado por José Antonio Gutiérrez -director de Estudios de Acaip- y dos docentes de la Universidad de Granada. El informe advierte de la imperiosa necesidad de establecer una estrategia global contra la radicalización en las cárceles españolas, para lo que considera imprescindible contar con los funcionarios de prisiones.
Desde Athena Intelligence se establece un detallado repaso por el espectacular aumento del número de extranjeros entre la población reclusa. Entre 2000 y el año pasado se ha duplicado el porcentaje, al pasar de representar el 18% a ser el 32,6% (de 7.900 a 18.742 reclusos).
Los tres autores del informe alertan de la masificación de las cárceles españolas, enormemente lejos del objetivo previsto por el Ejecutivo socialista de un preso por celda. Al mismo tiempo, el número de internos que tiene que vigilar cada funcionario sigue aumentando: en la actualidad es de 160 reclusos cada uno.
Este es el caldo de cultivo en el que, según el estudio, puede producirse la radicalización de los presos islámicos. Junto al escaso control de las visitas, los expertos advierten de que Instituciones Penitenciarias no posee un programa informático para comprobar si el visitante de un preso condenado por terrorismo islamista ha estado antes con otro recluso procesado por la misma causa. Eso deja en manos del azar que se pueda producir algún tipo de comunicación entre los radicales. Datos como este explicarían conductas como la huelga de hambre iniciada el pasado año por presos del 11-M en una misma fecha, pese a estar encarcelados en prisiones distintas.
Las prisiones españolas tampoco disponen de un sistema para detectar una posible falsedad de los documentos de identidad de los visitantes. Otro punto negro que el informe pone a favor del contacto entre los radicales.
Entre los puntos más problemáticos, el estudio incluye que la actual legislación impide la realización de cacheos integrales a las visitas. Queda así abierta la puerta a la posibilidad de que se pueda hacer llegar a los reclusos efectos como teléfonos móviles o cintas y Cds con contenidos radicales.
A merced de la intuición
Los funcionarios de prisiones no poseen formación sobre terrorismo islamista. Ello hace que la vigilancia de los radicales quede a merced de la mera intuición de cada uno, como advierte el análisis de los tres investigadores. El escaso porcentaje, además, de profesionales cualificados es de un psicólogo por cada 500 internos, destaca el informe.
Tampoco se controla correctamente la recepción de dinero por parte de los reclusos islamistas. Cualquier persona puede mandarles fondos mediante giros o ingreso en ventanilla de manera anónima, dicen los investigadores.
El ejemplo de Allekema Lamari (uno de los cerebros del 11-M y líder de una célula del Grupo Islámico Armado en Valencia) fue prueba de ello: estando en busca y captura mandó dinero a varios presos radicales.
Las comunicaciones con el exterior también se controlan de manera insuficiente. Se hace de manera aleatoria. Sí hay supervisión sobre el número de teléfono al que se llama, pero sólo sí hay una operación policial u otra circunstancia extraordinaria se controla el contenido de la conversación.
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