– Calidad y excelencia universitaria andaluza: el profesorado emérito y honorífico

HACER públicas opiniones críticas sobre las relaciones laborales concretas en las universidades andaluzas no es una decisión fácil. No obstante, he decidido hacerlo entendiendo que puede ser interesante conocer una opinión diferente a la usual, máxime cuando la institución se enfrenta a un cambio, como «el proceso de Bolonia», en un ambiente de corporativismo y de ausencia de crítica, como no se conocía desde hace décadas.

El profesor emérito es una más de las muchas figuras que la Universidad Española ha copiado, sin un previo análisis y readaptación a nuestras necesidades y entorno, del modelo universitario anglosajón, implantado por la LRU.

Creo que muchos de los profesores eméritos existentes en las universidades andaluzas no tienen nada que ver con la figura que las universidades anglosajonas tienen en sus aulas; lo mismo que nada tiene que ver el modelo de gestión y el número de premios Nobel que enseñan en unas y otras universidades.

Las diferencias entre el modelo original, el anglosajón y la copia, el nuestro, llegan al esperpento cuando las universidades de Córdoba, Huelva y Almería han previsto poder incorporar como eméritos a profesorado que lleven hasta 10 años acogidos a una jubilación voluntaria anticipada.

Como figura complementaria al Profesor Emérito se crea la figura del Profesor Honorífico que, a diferencia de aquélla, carece de reconocimiento en la legislación general universitaria.
Las actividades encomendadas a este profesor van, desde dar «conferencias y cursos destinados a complementar las enseñanzas universitarias» hasta «la impartición de clases». Sobre el papel, está prevista «para actividades ocasionales» y está «excluida del ámbito laboral»; sin embargo, tiene «derecho a indemnizaciones económicas por razón de servicio realizado a cargo del departamento o servicio que lo propuso». Los entrecomillados proceden del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, de 1999, refrendado con algún cambio en 2007.

El profesorado de las anteriormente citadas universidades que se ha acogido voluntariamente a una prejubilación a partir de los 60 años (incentivada con la recepción del sueldo completo, hasta cumplir los 70 años) puede además, como un incentivo añadido, optar al nombramiento de Profesor Honorífico, lo que le permitirá seguir utilizando los despachos, teléfono, ordenadores y, si hay lugar, recibir la correspondiente «indemnización» por la impartición de cursos.

En tanto que esto sucede, la Universidad Andaluza, que sepamos, carece de un plan previsor para la contratación de nuevos profesores que vengan a sustituir a los que actualmente estamos en activo. Como consecuencia de ello se han producido, cuanto menos, dos efectos indeseados. En primer lugar, nos encontramos con un envejecimiento de la plantilla. Para soslayarlo se han creado Planes de Jubilación Anticipada, tan ventajosos, que probablemente no podrán ser mantenidos por mucho tiempo, lo que producirá en un futuro próximo un agravio comparativo entre el profesorado. Y en segundo lugar, que las actividades de revisión, tutoría y repetición de clases prácticas estén siendo realizadas por profesorado con el máximo nivel de salario, lo que significa un despilfarro de fondos importante.

Es necesario que los responsables políticos descubran también esta universidad andaluza real, más allá de sus usuales palabras para reclamar o alabar su «excelencia y calidad». Actualizar al siglo XXI las relaciones laborales universitarias no es posible desde dentro de las propias universidades; por lo que correspondería a los responsables políticos acometer esta tarea.

Los grupos políticos parecen no estar interesados en descubrir esta universidad andaluza real. Cabría pensar que nuestros responsables políticos se encuentran cómodos en la situación actual y no quieren problemas con una institución de la que procede un elevado porcentaje de nuestros parlamentarios y cargos políticos. Sólo así puede entenderse que avalen, potencien y consientan acuerdos como los descritos.

Creo que el modelo actual de gestión universitaria complica y retrasa la rentabilidad social que deberían producir las universidades públicas. Considero imprescindible que se abra un debate que lleve a reformar el modelo de gestión universitaria, que clarifique las relaciones laborales del profesorado de las universidades andaluzas, y que tenga como primera consecuencia la creación de un programa de formación y contratación de profesorado joven. Con ello, estaríamos apostando por un futuro que permita a las universidades andaluzas alcanzar el reconocimiento nacional e internacional que tristemente, pese al esfuerzo y dedicación de muchos de nosotros, no parece estar cerca de conseguirse.

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