Lo que no han conseguido las prédicas desde el púlpito ni las apocalípticas advertencias sobre el fin de la familia a cargo de grupos conservadores lo ha logrado la crisis económica: el número de divorcios, que tras la reforma de la ley se había disparado, ha comenzado a descender. En 2007, los matrimonios rotos definitivamente en España fueron 130.897, un 7,4% menos que el año anterior, un cambio de tendencia que fue acelerándose a medida que avanzaban los meses. Y que no parece terminar ahí: en el primer trimestre de este año, el número de divorcios cayó un 18,1% respecto del mismo período del ejercicio anterior. La subida del euríbor y la crisis, con la consiguiente inestabilidad laboral, explican ese recorte, aunque los especialistas comentan que era impensable que los divorcios siguieran aumentando a razón de 50.000 al año, como sucedió en 2005 y 2006. Ahora, la cuestión radica en saber cuánto tiempo se mantendrá la tendencia a la baja y qué sucede con esos matrimonios que en mejores condiciones económicas se habrían roto.
La ley del divorcio se aprobó en 1981, lo que homologaba a España con la mayor parte de los países occidentales, después de la breve experiencia habida durante la República. Su instauración fue quizá la última medida de verdadero calado social adoptada por el Gobierno de UCD, entonces presidido por Leopoldo Calvo Sotelo. Desde entonces, el número de divorcios registrados en España no ha dejado de crecer año a año. Sólo hubo una excepción en 1996, pero apenas cabe hablar de descenso porque fueron sólo 500 rupturas menos que en el ejercicio anterior, lo que supone un 1,5% de caída.
La tendencia creciente se aceleró en 2005, con la reforma llamada popularmente del \’divorcio exprés\’. Tanto es así, que el número se multiplicó casi por tres en sólo dos años, a causa de las menores exigencias legales y una alegría económica rayana en la opulencia. «En épocas de bonanza, las rupturas son más frecuentes», sostiene Gonzalo Pueyo, delegado en Vizcaya de la Asociación Española de Abogados de Familia. Por eso la llegada de la crisis ha tenido efectos inmediatos y de una intensidad que sorprende a los especialistas.
El euríbor dio el primer aviso a lo largo del verano de 2006. Quince meses más tarde, la carga de los intereses de un crédito era exactamente el doble que en el año 2002. El pago de la hipoteca amenazaba ya con estrangular muchas economías familiares. En ese momento, además, el paro comenzó a repuntar. Unos meses después, las alarmas estaban ya encendidas y todo el mundo hablaba de crisis. Esa evolución económica se ha reflejado, con unos pocos meses de retraso, en la contabilidad de los divorcios. Así, 2006 cerró con la cifra más alta jamás registrada en España: más de 140.000. Un récord que además suponía casi siete rupturas por cada diez nuevos matrimonios y que llevó al Instituto de Política Familiar a asegurar que en 2010 habría más divorcios que matrimonios.
Cambio de tendencia
Sin embargo, eso empezó a cambiar en 2007. «Debe tenerse en cuenta que al divorciarse uno de los pilares fundamentales de las medidas a decidir es el de la vivienda familiar», explica Pueyo. De entrada, uno de los ex cónyuges debe abandonar el hogar y procurarse otro acomodo, lo que supone un gasto de gran cuantía. Pero además, continúa Pueyo, la pareja debe seguir haciendo frente a la cuota hipotecaria (incluso quien no vive en el piso que fue común), en un horizonte razonable de tipos de interés altos. «En consecuencia, mucha gente opta por garantizarse la estabilidad y la posición económica manteniendo la cohabitación, que no la convivencia», concluye el abogado, que confirma desde su experiencia y la de su Asociación que el factor económico actúa muchas veces «como freno a la hora de tomar decisiones tan trascendentales como divorciarse».
Un freno que en época de crisis opera con mayor contundencia porque los efectos económicos de una ruptura son más profundos. Un estudio de Diego Ruiz Becerril, profesor de Sociología en la Universidad de Granada, desvela que cuanto más baja es la clase social a la que pertenece la pareja mayor es la pérdida proporcional de poder adquisitivo que sufren ambos, de forma especial las mujeres. Ander Gurrutxaga, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco, lo explica de forma muy gráfica: «Los cónyuges de una pareja de renta media que se divorcian se convierten automáticamente en \’mileuristas\’ y a veces ni eso, después de haber hecho frente a las obligaciones derivadas de la ruptura. Es decir, pasan a llevar una vida con las privaciones propias de un estudiante, cuando ya no tienen edad ni ánimo para ello».
Por eso empiezan a proliferar las parejas que desearían terminar con su matrimonio pero que una vez hecho un cálculo razonable de su régimen de gastos tras la ruptura deciden seguir juntos. Ahora bien, ¿es un simple aplazamiento hasta una mejor coyuntura económica o esas parejas se darán una nueva oportunidad? ¿Cómo se organiza la convivencia entre dos personas que no están juntas por decisión propia, sino por circunstancias ajenas a sus deseos? Por primera vez desde el final de la Transición, muchos miles de matrimonios desearían romper sus relaciones e iniciar una nueva vida y no pueden hacerlo.
Sin arreglo
Pueyo cree que puede estar formándose «una \’bolsa\’ de parejas en espera de tiempos mejores para iniciar los trámites, sobre todo en aquellas familias en que los hijos se hallan cercanos a la mayoría de edad». José Cáceres, psicólogo clínico en un centro del Servicio Navarro de Salud y profesor de la Universidad de Deusto, está de acuerdo con Pueyo. El intento de darse otra oportunidad está condenado al fracaso a medio plazo, aunque a corto pueda mejorar la relación. «Pero es que ni siquiera es muy frecuente que los cónyuges tengan esa intención, porque en un porcentaje muy alto de los casos de ruptura la animosidad entre ellos es tan grande que resulta imposible un acuerdo de ese tipo». No obstante, Cáceres reconoce que los casos que él conoce son precisamente los conflictivos, lo que puede sesgar su punto de vista.
Hay opiniones diferentes, a partir del principio de que cada pareja es un mundo aparte. «No es igual que el divorcio se plantee por la existencia de una tercera persona que por un problema de alcoholismo», apunta a modo de ejemplo Juan Luis Martín, doctor en Psicología y miembro fundador de Etxaide, centro universitario de Psicología y Familia. En su opinión, las causas de la pretendida ruptura son fundamentales para una posible solución a la crisis, aunque sea forzada por una convivencia no deseada. También Gurrutxaga cree que en lo que suceda en el futuro influirán factores como la edad de los cónyuges, sus objetivos en la vida y por supuesto su situación económica.
En esa convivencia forzada, un elemento crucial serán los hijos. Las alteraciones emocionales de los más pequeños, el bajo rendimiento y los problemas de conducta en los preadolescentes y el desarraigo y el riesgo de verse arrastrado al consumo de drogas o alcohol en los adolescentes están suficientemente contrastados por quienes trabajan con familias rotas, apunta Martín. Pero convivir con una pareja atada por una hipoteca no tiene por qué ser mejor. «Si hay guerras entre quienes viven separados, qué puede suceder cuando tienen que seguir juntos a la fuerza…», advierte Cáceres. La hipoteca puede mantener unido un matrimonio pero no parece un vínculo capaz de regenerar los afectos.
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