La familia Lorca requiere a Justicia el expediente y protocolos de exhumación
¿Cómo se garantizará la privacidad una vez que se abra la fosa de Alfacar en la que yacen los restos de Lorca, Francisco Galadí, Dióscoro Galindo y Joaquín Arcollas? ¿Cuáles son los protocolos de actuación que la Junta establecerá tanto para esta apertura, como para la identificación y exhumación de las víctimas enterradas en la tumba?
Son sólo dos de las múltiples preguntas que en estos momentos se hace la familia Lorca, que ha solicitado a la Consejería de Justicia que le notifique el expediente administrativo abierto para la exhumación a raíz de la solicitud presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada, Nieves García Catalán y la familia Galadí.
La petición puede provocar una ampliación del periodo de alegaciones, cuyo plazo concluía hoy, según la resolución que publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Consejería de Justicia y Administración Pública el pasado 24 de agosto. Y es que, a estas alturas del proceso, para los herederos de Lorca quedan muchos interrogantes en el aire.
Uno de las más importantes es, según fuentes de la propia familia, «qué pasará con los restos de las víctimas cuyas familias no han solicitado la identificación de sus antepasados», como es el caso que les atañe.
«No tenemos información alguna sobre el proceso ni sobre los protocolos y tampoco conocemos el expediente administrativo». Para los herederos del poeta de Fuente Vaqueros, este punto es fundamental para decidir si finalmente toman alguna determinación, si alegan y en qué sentido.
También les preocupa a los familiares de la víctima más universal de la Guerra Civil la privacidad y, tal y como han manifestado en varias ocasiones, temen que los trabajos se conviertan en un «circo mediático».
Por ello, siempre han solicitado que éstos se desarrollen en la «intimidad». Si bien esto es algo que ya ha garantizado el equipo de la Universidad de Granada (UGR) que se encargaría de la prospección, no se sabe con qué condicionantes se llevaría a cabo el proceso.
En todo caso, la postura de los familiares de Federico sigue siendo «la misma». La sobrina del poeta, Laura García-Lorca, ya ha asegurado en numerosas ocasiones que respetarían las decisiones que tomaran las instancias judiciales, a pesar de estar en contra de la exhumación y de considerar que la fosa de Alfacar ya se ha convertido en un lugar «sagrado» y «digno» que habría que proteger en nombre de todas las víctimas de la Guerra Civil.
Más contundente ha sido Manuel Fernández-Montesinos, quien hace apenas unos días reconoció estar manteniendo reuniones con expertos a efectos de ver qué se puede hacer para evitar la apertura de la fosa.
El caso es que del protocolo de actuación que la familia Lorca ha requerido a la Administración autonómica poco se sabe. Por no decir prácticamente nada. Fue a mediados de julio cuando la Junta informó de que estaba ultimando la norma jurídica que permitiría abrir la fosa de Alfacar este mismo otoño.
El anuncio se produjo apenas unos días después de que la consejera de Cultura, Rosa Torres, asegurara en una visita a Granada que su departamento no era competente para decidir sobre la exhumación de la citada fosa, al tratarse de un enterramiento contemporáneo y no arqueológico.
Fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública andaluza tomaron enseguida las riendas de este asunto y explicaron en aquel momento que se estaba elaborando un marco jurídico para iniciar las actuaciones que debían de seguirse para excavar la fosa.
Para ello, se partiría de una adhesión al protocolo sobre exhumaciones que tiene el Gobierno central para elaborar, posteriormente, uno propio y de carácter general que permitiera abrir este tipo de enterramientos y que podría aplicarse a las solicitudes de apertura que efectuaran otros colectivos o familiares de víctimas.
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